El sector público crece a todos los niveles. Hay más funcionarios –ya son más de 32.000 en plantilla de la Administración foral–, pero también más sociedades públicas. El último informe de Comptos relativo a las Cuentas Generales de 2023 constata que desde 2021, Navarra tiene un 19% más de empresas públicas. Un crecimiento que no siempre está justificado.
El órgano fiscalizador dedica un capítulo específico a analizar la puesta en marcha de las tres últimas –Nafarbide, Bidean y el Instituto Navarro de Inversiones–, repaso para el que tiene en cuenta el buen número de informes contrarios –por parte de distintos funcionarios del Gobierno de Navarra– a la puesta en marcha de estos organismos.
Entre las críticas, la falta de eficacia en la prestación del servicio, el sobrecoste, la laxitud en el control y el solapamiento de funciones con otros prestadores de servicios similares ya existentes en la estructura de la Administración foral. Sin embargo, la tendencia no es aminorar el ritmo, sino precisamente ir a más. No solo en el número de sociedades, que ha pasado de las 16 en las que más o menos se movió entre 2015 y 2021 –con algún año en 17 por el desdoblamiento de alguna corporación– a las 19 de 2023, a fecha de 31 de diciembre.
Pero no solo hay más empresas, sino que hay muchos más empleados: un 51% más desde 2015, cuando en las sociedades enclavadas dentro de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) trabajaban 1.061 personas. Ahora, a 2023, son 1.604.
Eso sí, el empleo no creció al mismo ritmo: el Gobierno de Barkos terminó su mandato con alrededor de 1.200 empleados en la CPEN. Desde entonce hasta ahora, la contratación ha crecido en más de 400 personas. Y los costes siguen al alza: de 2023 a 2022, los costes en personal han subido un 11%, los de alta dirección un 3% y el número de altos directivos ha pasado de 14 a 20 en solo un año.
De 16 a 19 empresas públicas
De las 19 empresas públicas, Comptos disecciona la puesta en marcha de las últimas tres: Bidean, la empresa pública que gestionará el transporte sanitario; Nafarbide, la sociedad que se encargará de los peajes en las carreteras navarras; y el Instituto Navarro de Inversiones, una herramienta de estímulo económico para las empresas. Si lo hace es porque su creación no ha estado exenta de polémica. Bidean se puso en marcha en abril de 2023. A día de hoy, solo cuenta con un gerente: Alberto Lafuente, que fue alto cargo de Salud en el Gobierno de La Rioja en tiempos de Concha Andreu (PSOE). Está previsto que en el futuro la sociedad asuma los 392 trabajadores que ahora mismo forman parte de las plantillas de alguna de las dos empresas que prestan el servicio desde hace siete años.
La creación de la sociedad pública formaba parte del acuerdo programático de la legislatura 2019-2023 y contó con informe favorable de la CPEN. El 4 de abril, es el jefe de la sección de Sociedades Públicas, Avales y Asuntos Económicos quien emite informe desfavorable sobre la puesta en marcha de Bidean. Este informe tuvo el aval de la directora del servicio de Patrimonio, la directora de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica y también del interventor general.
Básicamente, los informes lo que dicen es que las deficiencias en la prestación de servicio se podían dirimir en la firma de un nuevo contrato, que la nueva sociedad encarecerá costes y supondrá un “sobrecoste estructural permanente”. Además, y más importante: que no está claro que la prestación del servicio vaya a ser de más calidad, porque el número de efectivos (ambulancias y personal) va a ser el mismo.
Algo parecido ocurrió con Nafarbide, la sociedad que gestionará el cobro de peajes por uso de las vías de gran capacidad de Navarra. Los cálculos que se hicieron es que este ente recogerá 2.600 millones en 30 años. Los trámites para ponerla en marcha empezaron en marzo de 2023 y en mayo tuvo informe desfavorable por parte de la Sección de Sociedades Públicas, Avales y Asuntos Económicos, trabajo que respaldó la directora del servicio de Patrimonio, la directora de Presupuestos y el interventor general, que elaboró un informe propio también de caracter desfavorable.
A grandes rasgos, en lo que coincidían los informes desfavorables es en que no existía ningún impedimento para que esta recaudación de impuestos la hiciera el propio Gobierno, no mediante una nueva sociedad. Pese a todo, el Gobierno decidió aprobar la creación de la empresa mediante acuerdo el 28 de junio. La empresa tiene un gerente: Federico Colmenar, exconcejal del PSN en Pamplona. Además, tiene un técnico.
Por último, Comptos pone el foco sobre un asunto interesante: sobre el hecho de desplazar un volumen tan grande de recaudación del Gobierno –sujeto a muchas más obligaciones de transparencia– a un ente instrumental. Para el órgano fiscalizador, esto es tanto como “rebajar el nivel de control y consecuentemente elevar el nivel de riesgo”.
duplicidades La historia del INI es un poco distinta. Tiene un gerente, Asier Aguilera, y un director de inversiones. Comptos, en el informe de cuentas de 2022, ya hizo algunas objeciones. La primera y fundamental, que “no hay diferencias esenciales” entre el organismo de nueva creación y Sodena, otra empresa pública dedicada a las inversiones en empresas.
Por eso Comptos reitera que siguen considerando “que persisten dos sociedades públicas en las que el objeto social de una de ellas ya está previsto en otra sociedad y que no se han adoptado medidas que eviten esa duplicidad”, lo que hace que no se cumplan los criterios de eficacia y eficiencia.
