“Ahora sí, oficialmente, queda reconocido que no hubo enfrentamiento, que fueron cuatro ejecuciones y que, una vez que los detuvieron, los asesinaron impunemente”. Esta ha sido la reacción de los familiares de los cuatro miembros de los Comandos Anticapitalistas (CCAA) que murieron en la emboscada policial de la bahía de Pasaia, en 1984, tras su reconocimiento como víctimas de vulneración de los derechos humanos por parte del Gobierno Vasco.
Las familias de los cuatro jóvenes recibirán la próxima semana el dictamen que lo acredita en un acto privado que tendrá lugar el próximo lunes con la participación de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José.
Búsqueda de la verdad
Hoy, en Azpeitia, los familiares se han felicitado por un paso que, pese a todo, “llega tarde”. Han reiterado que seguirán buscando la verdad, que pasa por descubrir a los responsables de la operación y han emplazado al Gobierno español a que diga “lo que sabe, quién, cómo y por qué se ordenó su ejecución”.
En su opinión, es imprescindible modificar la ley de secretos oficiales para desclasificar la información reservada, “algo fundamental para que se sepa la verdad sobre otros tantos casos como el nuestro que, desgraciadamente, todavía no han logrado ni reconocimiento oficial ni justicia”.
Los allegados de las cuatro víctimas de la emboscada de Pasaia celebrarán un acto este sábado en la Azoka Plaza de Azpeitia para compartir este reconocimiento oficial con todos aquellos que “nos han apoyado en estas cuatro décadas”.
Hace 41 años
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 22 de marzo de 1984, apenas un mes después de que un comando de los CCAA asesinara en su domicilio al dirigente del PSE Enrique Casas. Aquel día, cinco miembros de esta organización fueron sorprendidos en la bocana de la bahía de Pasaia por un numeroso dispositivo del Cuerpo Nacional de Policía cuando pretendían desembarcar en una zona de rocas procedentes de Iparralde.
Habían sido citados en ese lugar por otra compañera, sin saber que estaba detenida por la policía y que cumplía sus órdenes para establecer el contacto.
Cuatro de los cinco activistas (los azpeitiarras Dionisio Aizpuru y Pedro Mari Isart y los navarros Jose Mari Izura y Rafael Delas) murieron por disparos de los agentes que les esperaban en tierra, mientras que un quinto, Joseba Merino, fue detenido. Merino cumplió luego 17 años de cárcel acusado de participar en el atentado de Casas.
Las autopsias las realizó el forense Paco Etxeberria, que constató un total de 113 orificios de bala entre los cuatro cuerpos, incluyendo postas, munición empleada en la caza y cuyo uso estaba prohibida
“Ejecución extrajudicial”
En el informe oficial que les reconoce como víctimas se concluye que se trató de una “ejecución extrajudicial”. A esta resultado llega en base a hechos como “las autopsias, la ausencia de pruebas que determinaran el uso de las armas por los cuatro jóvenes acribillados, las evidentes contradicciones en el relato oficial y los testimonios y datos periféricos que las ponen objetivamente en duda junto a la constante negativa por parte de las autoridades policiales a revelar la identidad de los agentes responsable de ordenar y/o participar materialmente en los hechos”.
Juega a favor de ello también “las repetidas maniobras para demorar, obstaculizar y ocultar las informaciones requeridas en el proceso” y la pericial médica, donde se constatan “elementos que confirman y aumentan el estándar de probabilidades”, como los tiros de gracia, la cantidad de impactos o la trayectoria de los proyectiles.
En resumen, “cuatro personas perdieron la vida como resultado de la acción deliberada/planificada con mucha antelación de la policía, y que la privación de la vida fue intencional. La existencia de tres víctimas con tiro en la nuca, características de los tiros de gracia, ahonda la preocupación en este sentido”.
