El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto por el que se establece la creación de la Comisión de la Verdad para contribuir “al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos” durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Así lo aseguró la ministra portavoz, Pilar Alegría, quien avanzó la aprobación de otro real decreto que regula la composición y el funcionamiento del Consejo y el registro estatal de entidades de Memoria Democrática. Este último concreta el régimen jurídico aplicable al Consejo de la Memoria Democrática y establece que es el órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas, adscrito al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Asimismo, determina las funciones del Consejo y su composición, bajo la presidencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que debe respetar, según señala, la “representación equilibrada” de mujeres y hombres. La pertenencia al Consejo no generará derecho a retribución.
Por otra parte, el real decreto por el que se crea la Comisión de la Verdad establece que estará integrada por un máximo de diez personas independientes de reconocido prestigio en el mundo académico, profesional y en el de los derechos humanos. El departamento que dirige Torres prevé que esta comisión cumpla con su cometido en un plazo de 18 meses desde constitución, con la entrega de conclusiones y recomendaciones. Se encargará además de la regulación del Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática. El real decreto precisa qué entidades memorialistas podrán solicitar su inscripción y establece además que podrán inscribirse las vinculadas al exilio y a la “resistencia” fuera del Estado español. Este real decreto no supondrá un incremento en el gasto debido a que el funcionamiento del Consejo y del Registro será atendido con los medios personales, materiales y técnicos ya asignados a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
Esta aprobación coincide con la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la modificación legislativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que, según el ministro de Política Territorial, “ponía impedimentos” a que se declare “lugar de memoria” la Real Casa de Correos. Torres celebró la noticia señalando que esto les permite “seguir trabajando en favor de la verdad, la justicia y la reparación”.
El Pleno del TC adoptó esta decisión al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó Pedro Sánchez, en relación con el artículo 4 de la Ley 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid, que añade los artículos 87, 88 y 89, apartados 2 y 3, a la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. Se trata del precepto que aborda cuestiones relacionadas con la protección, la instalación de placas o distintivos y la celebración de eventos y actuaciones en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid, sede de la presidencia de la Comunidad. Sánchez llevó el asunto al Constitucional al considerar que dicho precepto “imposibilita la aplicación” de la Ley de la Memoria Democrática.
TORTURAS
En concreto, entiende que podría vulnerar la competencia estatal para “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. Moncloa quiere colocar en la Real Casa de Correos una placa que recuerde que albergó la Dirección General de Seguridad en la época franquista, y en donde según el delegado gubernamental, Francisco Martín, “hubo torturas terribles que aún hoy algunos ciudadanos recuerdan”.
