La "pesadilla" de los últimos trabajadores del Consejo de la Juventud de Navarra: juicios, deudas y poca humanidad

Los dos últimos trabajadores del Consejo sabían lo que les iba a pasar. Para abril-mayo de 2024, momento en el que denunciaron su situación en los tribunales, ya habían visto desfilar a los cuatro compañeros con los que trabajaban desde 2020. Lo que no esperaban era que el final iba a ser tan agónico. Hasta el punto de convertirse en una “pesadilla”.

El mal ambiente interno venía de atrás, pero el punto de ruptura es finales de 2023. Entonces llega a la presidencia, de forma interina y tras una maniobra anómala, el socialista Álex López Orejuela, hoy alcalde de Orkoien.

En noviembre de ese año, y con la sospecha de que las cosas se iban a poner todavía peor, los trabajadores que quedan hacen un comunicado en el que denuncian la “dejadez de funciones” de López Orejuela y el resto de la directiva. En diciembre de 2023, estos trabajadores ya no cobran la extra. Y en enero empiezan los impagos de nóminas.

La llegada de Alberto Guijarro a la presidencia no mejora nada. Al contrario. Los trabajadores, preocupados por su situación, preguntan constantemente, escriben correos, instan a la directiva a ponerse al frente y resolver los acuciantes problemas económicos. Sobre todo porque de esas nóminas dependen dos familias.

La situación no mejora con Alberto Guijarro

El silencio es la respuesta por parte de la dirección, a la que estos dos trabajadores reprochan también una gran falta de tacto y humanidad. Hay que tener en cuenta que los trabajadores terminaron por cogerse la baja a comienzos de 2024 al sentirse sobrepasados por la situación y la incertidumbre económica. 

En abril acuden a los tribunales y denuncian. Otra compañera, despedida el 31 de diciembre de 2023, había hecho lo mismo en febrero: el Consejo le adeudaba la nómina de diciembre y el finiquito.

El juicio tuvo lugar después de los Sanfermines de 2024. El pasotismo de la dirección queda bien reflejado en un hecho vergonzante: el Consejo de la Juventud ni siquiera asistió a la vista. El juzgado de lo social dijo que, solo por eso, “debe tenérsele por confeso respecto a la demanda”.

La sentencia reconoció los despidos improcedentes de ambos trabajadores, a los que el Consejo debía abonar las nóminas retrasadas, la indemnización, el 10% de intereses de demora y las costas. En total, 78.416 euros. A eso hay que sumarle la deuda generada por el Consejo con la Seguridad Social y Hacienda. En total, y como mínimo, 121.232 euros. Por supuesto, los trabajadores no han cobrado su indemnización como les correspondía: tuvieron que acudir al FOGASA y todavía se les adeudan cantidades importantes.