El Parlamento de Navarra desbloquea la toma de posesión de secretarios e interventores

El Parlamento de Navarra ha aprobado en el pleno de este jueves la modificación de la Ley Foral 16/2022 con el objetivo de desbloquear la toma de posesión de los puestos de Secretaría e Intervención de las entidades locales, actualmente paralizada a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional.

El cambio legal suprime la exigencia de que todos los procesos selectivos (traslados internos, oposición, concurso de méritos y turno libre) finalizasen simultáneamente, una condición que ha impedido hasta ahora que quienes superaron el concurso de méritos accedieran a sus plazas, dado que ese procedimiento se encuentra recurrido y en suspenso por una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El desbloqueo de la situación requería una mayoría absoluta en la Cámara, es decir, al menos 26 votos. La modificación finalmente ha salido adelante con el respaldo del PSN, Geroa Bai, PPN, Contigo-Zurekin, el parlamentario del grupo mixto (Vox) y la parlamentaria no adscrita, Maite Nosti, mientras UPN y EH Bildu se han abstenido.

"El cascabel al gato"

En el turno de las intervenciones, Yolanda Ibáñez (UPN) ha afirmado que “ninguno de los aquí presentes le hemos puesto el cascabel al gato”, por lo que “no podemos ponernos medallas ni mirar al de al lado para culpabilizar”,

“Los propios interesados dicen que no hace falta esta modificación para que el Gobierno asuma sus responsabilidades, pero, como no lo hace, la responsabilidad para los demás”, ha criticado la portavoz regionalista.

“Una vez aprobados, son personal del Gobierno y es este quien tiene la obligación de dar respuesta a sus empleados”, ha sentenciado, no sin antes señalar que “es un problema creado por ustedes con nuestro voto en contra”.

Javier Lecumberri, del PSN, ha reconocido que “la ley salió con la oposición de Navarra Suma”, aunque “a nosotros nos parecía positiva porque perseguía dos grandes objetivos: estabilizar unas plantillas muy necesarias y que realizan una labor fundamental en las entidades, y en justicia con los propios trabajadores para dotarlos de una estabilidad”.

“Al suspenderse uno de los cuatro procesos –el de méritos- el conjunto de los cuatro procesos, que tiene que ser vinculado, ha quedado muy comprometido”, ha señalado el representante socialista.

Lecumberri ha destacado que “quien tiene que resolverlo es quien ha hecho la norma, es decir, nosotros (el Parlamento), porque el Gobierno lo que tiene que hacer es cumplir con la norma que les hemos dictado”.

Establización de los puestos

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha señalado que “esto de tomar una decisión en un sentido muy sencillo: si seguimos adelante con tres de los cuatro procedimientos o seguimos paralizando el conjunto de los procedimientos a expensas del dictamen del Constitucional”.

“Es importante no perder de vista los objetivos que perseguíamos cuando aprobamos la ley original, en la que pretendíamos avanzar en la establización de los puestos de Secretaría e Intervención, y aprovechar este proceso de estabilizacion para afrontar los procedimientos pendientes durante más de 40 años”, ha puesto en valor.

Asimismo, ha resaltado que “es un problema que los ayuntamientos tengan que hacer sus procesos de forma autónoma para suplir esa situación, todo porque no se ha sabido durante décadas legislar correctamente”.

Irene Royo (PP), proponente de modificación legal, ha denunciado que “la situación de temporalidad en Navarra es vergonzosa, con un 90%, cosa que no ocurre en el resto del Estado, y máxime cuando la normativa es muy precisa y dice que tienen que estar ocupados por habilitados”.

Royo ha negado que la propuesta sea una ley ‘ad hoc’, algo que “no tiene ningún fundamento”, ya que “la ley está redactada con buena voluntad, pero tiene deficiencias porque no atiende a la casuística y no dice cómo se debe actuar en el resto de procesos cuando en uno no se puede hacer”. 

“Queremos que se cumpla con los fines de esta ley para los que fue creada. Las listas de contratación están agotadas y varios municipios están teniendo serios problemas para cubrir unas plazas tan necesarias”, ha aseverado.

Por Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha destacado que “el origen del problema es 40 años con una Administración incapaz de garantizar la estructuralidad, la fijeza de las plazas de secretarios e interventores, que ha ocasionado una temporalidad prácticamente total y que nos ha abocado a una situación que no hemos tratado de darle una solución hasta que la Unión Europea lo puso como condición para conceder los fondos”.

“No hay una solución buena, o, al menos, idílica a este problema. Lo que tenemos que hacer es valorar cuál es la decisión menos mala, poner en la balanza las distintas alternativas que tenemos y tomar la decisión que menos perjudique al conjunto de las personas afectadas”, ha insistido.

El representante del grupo mixto (Vox), Emilio Jiménez, ha asegurado que “los perjuicios ocasionados y que continúan produciéndose tienen una causa, que es la mala gestión de las convocatorias del Gobierno de Navarra, pero también la desidia de los gobiernos anteriores”.

“Las entidades locales necesitan con urgencia a estos profesionales y, desde luego, no podemos olvidar a las personas que llevan años de espera e incertidumbre”, ha comentado.

Repuesta jurídica

Finalmente, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha defendido sus enmiendas, rechazadas en la votación por el resto de formaciones, que “dan la vuelta a la propuesta del PP” y “sirven para dar una respuesta jurídica a los procesos regulados en la ley”. 

“Cuando pensábamos de eficacia administrativa hablábamos de un baile de sillas, evitar que uno tomase posesión de una plaza, que otro se vaya a la otra… y por eso hablábamos de la toma y vinculación conjunta”, ha explicado.

El portavoz abertzale ha recordado que “estamos ante una mera cuestión de oportunidad, seamos claros. Parecería que el Parlamento y el Gobierno apoyan esta modificación y dan por perdidas ya las cuestiones de inconstitucionalidad de la ley”.