La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado al empresario Joseba Antxon Alonso Egurrola, dueño de Servinabar 2000 S.L., como uno de los socios fundadores de una sociedad cooperativa constituida junto a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, en Donostia. Además, según uno de los informes policiales incluidos en el sumario de la Audiencia Nacional, Alonso transfirió entre 2017 y 2018 un total de 3.000 euros a una cuenta bancaria titularidad de García y su entonces esposa. Así lo publica el diario El País, citando documentos de la investigación.
La UCO ha centrado parte de sus pesquisas sobre el supuesto amaño de contratos públicos en el Ministerio de Transportes, durante el mandato de Ábalos, en la actividad de Servinabar. Esta pequeña empresa navarra fue registrada el martes por los agentes de la Guardia Civil, que buscaban documentación sobre la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate. Este contrato, valorado en 76 millones de euros, fue adjudicado a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Servinabar, Acciona y Construcciones Osés.
Vínculos con Koldo
Alonso, único accionista y administrador de Servinabar, fundó en junio de 2015 junto a Koldo García una sociedad denominada Noran Sociedad Cooperativa Pequeña, con sede en Donostia y cuyo objeto social era la “gestión y administración de la propiedad inmobiliaria”. La Guardia Civil señala que García figuró como “titular real” de una cuenta bancaria de esta cooperativa entre 2015 y 2020, en la que Alonso aparece como apoderado.
La conexión entre Alonso y García no se limita a la sociedad inmobiliaria. Uno de los informes policiales menciona que desde una cuenta de Servinabar se transfirieron 3.000 euros entre 2017 y 2018 a una cuenta a nombre de Koldo García y su entonces pareja, Patricia Uriz, sin que se haya especificado en qué concepto se realizó el pago.
Sin embargo, el registro de la sede de Servinabar no se debe a estos vínculos previos, sino al informe remitido el 5 de junio al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, en el que se analizan conversaciones extraídas de dispositivos electrónicos intervenidos al exasesor ministerial imputado tras su detención en febrero de 2024. En este informe, según el auto que autorizó el registro del domicilio de Ábalos en València, se recogen indicios de una posible adjudicación irregular de contratos de obra pública y del supuesto cobro de comisiones ilegales por parte del exministro socialista.
