La ponencia del PP no cierra la puerta a Vox y plantea eliminar las lenguas cooficiales en el Congreso

El informe de 39 páginas, que se puede consultar en su página web, detalla una política de pactos que en ningún momento excluye a Vox. A Alberto Núñez Feijóo no le temblará la mano, por tanto, si tiene que pactar con la formación ultraderechista si es necesario para llegar a la Moncloa. Pero tampoco deja fuera de posibles pactos a nacionalistas catalanes o vascos.

"Ni cordones arbitrarios, ni mayorías incoherentes", dice la ponencia. Este rechazo a "cordones arbitrarios", en referencia al cordón sanitario a Vox, abre la puerta a pactos precisamente con la ultraderecha, única formación con la que en estos momentos puede pactar y que de no obtener una mayoría absoluta sus votos serían fundamentales, aclarando que siempre bajo el paraguas de la Constitución.

En cualquier caso, el PP aspira a obtener una "mayoría suficiente" que le permita gobernar "aplicando su programa sobre la base de la Constitución y la defensa del interés general como únicas guías". Insiste en que no van a renunciar a sus "principios y valores, ni entraremos en subastas políticas".

Los populares justifican su querencia hacia Vox escudándose que en que el PSOE "lleva años queriendo elegir a quiénes debe excluirse del diálogo democrático" y le reprocha que "pacta con los que trabajan a diario para la desaparición de España" y "pretende bloquear la formación de mayorías alternativas dando muestra de un tacticismo arbitrario y muy poco escrupuloso".

Insiste el PP en reivindicar la Transición y la Constitución del 78 como las "bases de la España democrática más próspera de la historia". Se trata de un legado que, a su juicio, ha roto el PSOE al pactar con independentistas, desvirtuando la unidad nacional y debilitando el Estado de derecho.

Lenguas cooficiales

Pese a ser gallego y reivindicar su lengua, Feijóo se ha mostrado en contra de su uso en el Congreso de los Diputados. Si los populares gobiernan, tratarán de evitar que tanto el gallego como el euskera y el catalán dejen de escucharse en la cámara baja.

La ponencia recoge la defensa de un un "bilingüismo cordial" que busque la "convivencia equilibrada" entre las lenguas cooficiales en los distintos territorios. Sin embargo, advierte de forma muy sutil que en el Congreso solo sonará el castellano: "velaremos por el uso de la lengua común en el Congreso de los Diputados".

Además, señala que "la lengua no puede ser una traba, sino un mérito para acceder a la función pública", lo que avanza una batalla por que deje de ser un requisito fundamental para acceder a determinados cargos.

Privilegios territoriales

La ambigüedad planea sobre toda la ponencia. Respecto al Estado autonómico, se muestra a favor recortar lo que los populares consideran "privilegios territoriales". Aboga en este aspecto por "reforzar los mecanismos de cooperación entre administraciones, hacer más eficaz y eficiente el funcionamiento del Estado autonómico y asegurar que la financiación se base en criterios objetivos, no en acuerdos bilaterales que rompen la cohesión y solo sirven a criterios partidistas". Habla de frenar "la imposición de minorías nacionalistas" que condicionan "decisiones clave" para el conjunto del Estado, en una referencia velada a los acuerdos alcanzados con PNV o Junts.

Los nacionalistas se le atragantan al PP, cuando en el actual escenario de polarización los hace necesarios para gobernar y a los que ya ha reclamado su voto para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

La ponencia compara el nacionalismo con el supremacismo. "El nacionalismo nace del supremacismo y de una visión egoísta de la patria. Quien hace de sus diferencias una bandera no busca convivencia, sino privilegios; quien reclama el derecho exclusivo a decidir sobre el destino de la nación no la considera un legado compartido, sino una propiedad particular", indica. Lo tendrá complicado si quiere tender puentes con nacionalistas vascos y catalanes.

Identidad de género e inmigración

El texto elude entrar en asuntos espinosos como la eutanasia o el aborto. Tampoco entra a fondo en el debate sobre los diferentes tipos de familia. Se limita en este caso a defender "la familia sin dogmatismos", incidiendo en que "familia es la que cada uno forma libremente, como cada uno elige, para desarrollar su propio proyecto vital".

Sobre la identidad de genero, la ponencia rechaza que los menores se puedan someter a un cambio de sexo. Llama a proteger a los menores de "decisiones irreversibles sobre su cuerpo y su identidad sexual". Considera que querer cambiar de sexo siendo menor de edad puede acarrear "graves consecuencias" porque es una etapa del desarrollo "marcada por las dudas". Por ello, plantea "retrasar al máximo cualquier tratamiento de cambio de sexo, para que este tipo de decisiones se tomen sólo con plena madurez y con el acompañamiento psicosocial y médico adecuado".

Entra de lleno también en el debate migratorio. Otro tema controvertido sobre el que mantiene una férrea postura. Es más, la endurece. Busca un nuevo modelo migratorio visto el "descontrol y caos" que ha traído la política migratoria del actual Gobierno, que favorece a las "mafias" y deja "desprotegidas" las fronteras. Aboga por un "control efectivo sobre la inmigración ilegal" y deja claro que primará la llegada de "aquellos culturalmente cercanos".

Dejará sin prestaciones económicas no contributivas a inmigrantes en situación irregular que accedan al empadronamiento "porque la irregularidad no puede generar derechos". Además, condicionará la residencia de larga duración "a la contribución efectiva al sistema de Seguridad Social, al conocimiento del idioma y de la cultura españolas". Otra medida es considerar de carácter excepcional el arraigo y la reagrupación familiar "porque se ha convertido en una vía opaca de regularización masiva de inmigrantes irregulares".