Anticorrupción señala a Servinabar como una empresa creada expresamente para "lucrarse" con contratos con Acciona

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Servinabar fue constituida expresamente con el objetivo de obtener beneficios económicos mediante su participación en obras públicas, como la de Mina Muga, en colaboración con Acciona, sin que conste que realizara aportaciones concretas a los proyectos adjudicados a las UTE formadas por ambas compañías.

Así lo recoge el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en un escrito dirigido al Tribunal Supremo, en el que se opone a la petición de Fernando Merino, exdirector del área de Navarra y La Rioja de Acciona entre 2015 y 2019, de levantar las medidas cautelares que le impuso el Alto Tribunal el pasado 7 de julio, entre ellas la prohibición de salir de España, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.

Luzón subraya la “estrecha relación” entre Merino y Koldo García, exasesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y destaca su papel “clave” en el avance de los intereses empresariales de Acciona debido a su cercanía con Ábalos y a su “capacidad de influencia” sobre altos cargos como el director general de Carreteras, Javier Herrero, y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

Mina muga, el comienzo

Según Anticorrupción, Merino y Koldo se conocieron en 2015 en Navarra, cuando Acciona se presentó a la licitación de las obras de Mina Muga, en UTE con Servinabar. El propio Merino reconoció en su declaración judicial que dicha alianza fue una “condición necesaria” para obtener la adjudicación.

La Fiscalía describe a Servinabar como una empresa constituida específicamente “para lucrarse” con la obra de Mina Muga y “otras futuras". Luzón señala que no consta que esta sociedad realizara ninguna contribución específica a los proyectos, y remite a un contrato privado de compraventa según el cual Santos Cerdán poseería un 45 % de las acciones, aunque el único titular oficial era Antxon Alonso.

El fiscal detalla que, tras esa primera relación, Merino mantuvo vínculos con Alonso y Cerdán en otros proyectos de la UTE Acciona/Servinabar en Navarra, como los conocidos como “panadero de Eugui” y el pabellón Navarra Arena.

Vínculos con Koldo

Luzón también hace referencia a la relación personal entre Koldo y Merino, a quien el exasesor ministerial se refería como “Cordobés” o “Cordo”. Añade que en el teléfono de Koldo se han encontrado anotaciones que apuntan a pagos procedentes de Acciona, como una nota donde se lee “llamar Acciona tema pago”. Merino, en su declaración, no logró justificar estos pagos y dijo no recordar si se produjeron, aunque sí señaló que Koldo visitaba las obras para indicar rutas de acceso.

Anticorrupción considera que esta explicación no resulta creíble y sostiene que la relación económica entre Acciona y Koldo fue encubierta. Para ello, según el fiscal, se utilizó un sistema de facturación a través del Bar Franky, que emitía facturas falsas a Acciona, y esta, a su vez, transfería los pagos al restaurante, facilitando así que el dinero llegara a Koldo.

Luzón concluye que existen indicios claros de que Koldo García recibió pagos de Acciona sin que existiera una contraprestación lícita, lo que refuerza la hipótesis de una relación económica irregular entre ambas partes.