Ecologistas sitúan en el Gobierno de Barcina las irregularidades en la tramitación del proyecto Mina Muga

Estas organizaciones denuncian que Geoalcali habría mantenido una estrecha relación económica con diversos ayuntamientos de la zona, a los que habría entregado donaciones y financiado actuaciones públicas, culturales y patrimoniales. Según han explicado, la Fundación Geoalcali canalizó ayudas para obras municipales, arreglos de museos y eventos locales en municipios como Lumbier, Liédena, Javier, Yesa, Sangüesa y el concejo de Rocaforte (Navarra), así como Undués de Lerda, Urriés, Sos del Rey Católico y Castiliscar (Zaragoza). Estas aportaciones, critican, habrían servido para que los consistorios beneficiarios hicieran declaraciones favorables a la empresa, usadas como herramienta propagandística por Geoalcali ante sus inversores internacionales, especialmente en la bolsa australiana.

En declaraciones a los medios, Enrique Miranda, miembro de la Plataforma contra las Minas de Potasa, ha asegurado este lunes que estas acciones “ponen en cuestión la neutralidad institucional de los ayuntamientos implicados”, y se pregunta si “el recibir dinero hace que alguien se decante un poco”. Miranda ha añadido que han pedido al Parlamento que solicite a la Cámara de Comptos una auditoría sobre las cuentas municipales de los ayuntamientos navarros, ya que consideran que muchos de los convenios con la empresa no se han publicado como exige la ley.

Concesión "a dedo"

Además, ha señalado que la tramitación del proyecto está plagada de irregularidades desde sus inicios. A su juicio, los problemas comienzan ya en 2012, cuando siendo presidenta Yolanda Barcina, el Gobierno de Navarra concedió “a dedo” los permisos de investigación a Geoalcali, sin concurso público, incumpliendo lo que marca la ley de minas. “Geoalcali pidió que se le dieran los permisos de investigación y se le concedieron sin tramitarlos tal y como dice la ley”, ha subrayado.

Según Miranda, el proceso ha estado además marcado por “cambios de criterio sorprendentes” por parte de los servicios de Urbanismo e Industria del Gobierno de Navarra. Ha recordado que en 2015 se emitió un informe que descartaba la ubicación de la planta minera en suelo forestal de Sangüesa, mientras que en 2022 “los mismos servicios dijeron lo contrario”, abriendo la puerta a la licencia. “Nuestra pregunta es: ¿han sido cosas de los propios funcionarios o alguien ha orientado esos cambios para facilitar los permisos a Geoalcali?”, ha cuestionado.

En el comunicado difundido por las entidades ecologistas, también se señala que “diversos informes aparecidos en medios de comunicación sitúan a Mina Muga en el origen de una presunta trama corrupta”, en la que habrían participado diferentes empresas –Geoalcali, Servinabar, Acciona, UTE Sangüesa-Zangoza Services– y personas con capacidad de influencia. Según denuncian, estas entidades habrían intervenido en distintos niveles administrativos –estatal, autonómico y local– para obtener trato favorable, como en la concesión del permiso minero, la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la reclasificación de suelos para permitir la fábrica o la licencia de obras.

Proyecto recurrido

Las organizaciones denuncian también que se han registrado presiones políticas, incluso con solicitudes a la ministra de Medio Ambiente para que se saltara una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que anuló la concesión de explotación a Geoalcali. Actualmente, el proyecto se encuentra paralizado mientras se espera un pronunciamiento del Tribunal Supremo, ante el recurso presentado por la empresa y el Gobierno de Navarra.

Finalmente, Enrique Miranda ha expresado su preocupación por el impacto de estas irregularidades en los mercados internacionales: “Lo último que ha salido en prensa es que los inversores chinos iban a hacer una auditoría. Si no se fían de Geoalcali, yo no sé si me metería en una empresa de la que no me fío”, ha ironizado