Los problemas que afectaron al sistema de pulseras de control telemático de maltratadores han enfrentado este sábado al Gobierno, que ha reconocido incidencias puntuales pero nunca afecciones a la seguridad de las víctimas, y el PP, que ha insistido en exigir la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Fuentes del Gobierno han centrado el problema, ya resuelto, en la transición técnica que implicó entre 2023 y 2024 el cambio de empresa adjudicataria -de Telefónica a Vodafone junto a Securitas Seguridad España-, que implicó que algunos datos no llegaron a los juzgados en plazo, aunque al recuperarse se reabrieron los procedimientos.
Han subrayado que los dispositivos, que ni se compran en AliExpress, como ha denunciado el PP, ni cuestan 150 euros, han funcionado correctamente avisando a las víctimas siempre que estaban en peligro y también que ninguna mujer con dispositivo fue asesinada en tres años y que no ha habido excarcelaciones por fallos del sistema.
Al respecto, la Asociación de Mujeres Juristas Themis ha manifestado que el cambio de pulseras y, concretamente, de la empresa proveedora, sí supuso desprotección para mujeres víctimas porque durante "unos meses" no se pudieron probar las denuncias por quebrantamiento de condena.
La abogada y portavoz de la asociación, Ángela Alemany, ha explicado que las víctimas estuvieron desprotegidas en su momento porque no tenían pruebas y se produjeron absoluciones y sobreseimientos, y que esa situación duró varios meses a lo largo del año pasado.
A su juicio, las víctimas quedaron desprotegidas al no poder disponer en los procedimientos de la prueba que acreditara la situación de quebrantamiento de órdenes de alejamiento.
"No se podían trasladar esos datos en base a que había existido una migración de la información y que los datos solicitados no se encontraban, y eso ha durado unos meses", ha explicado Alemany, que ha añadido que eso "ha conllevado absoluciones y archivos de procedimientos".
En las absoluciones ha apuntado que "ya no hay manera de moverlo", y en los sobreseimientos "no se ha trasladado luego esa información anterior a marzo de 2024", si bien "posteriormente a esa fecha no ha habido ningún problema".
La abogada entiende en consecuencia que "sí se les ha causado un perjuicio a las victimas en los procedimiento en que hayan sido absueltas esas personas", y que "el Estado debería hacer una reparación de ese daño independientemente de que debe reclamar la responsabilidad a las empresas o empresa adjudicataria que haya tenido la responsabilidad".
"No hay fallo en las pulseras"
Estas declaraciones se producen un día después de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sostuviera que "no hay fallo en las pulseras, que han funcionado en todo momento" y pidiera que no se genere alarma con un problema técnico derivado de la migración de una empresa adjudicataria a la siguiente y que se resolvió en diciembre del 2024.
Hoy mismo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Oscar López, ha afirmado que, aunque "algunos" traten de "generar alarma", debe prevalecer "la tranquilidad" sobre al funcionamiento del sistema de pulseras, que "no han dejado de funcionar en ningún momento".
El PP pide la dimisión de Redondo
No cree lo mismo el PP, cuyo secretario general, Miguel Tellado, ha exigido este sábado "la dimisión inmediata" de Redondo y ha avanzado que su partido ha elevado el asunto ante la Comisión Europea ante la posible violación de "cuatro directivas comunitarias".
"Esto no va a quedar así", ha advertido Tellado, que ha acusado al Gobierno de España de "fallarle a las víctimas": "Tienen tan poca vergüenza, son tan malos, que compraron las pulseras en AliExpres (...) Qué gran metáfora de su forma de entender el feminismo, un feminismo de Ali Expres", ha proclamado Tellado.
A su juicio, "el final de esta película solo puede ser uno: la dimisión inmediata de Ana Redondo, por negligente, incapaz e incompetente".
Como ha recordado el Gobierno, el sistema Cometa, creado en 2009, provee actualmente de uno de estos dispositivos activo a más de 4.500 mujeres, con una cobertura total de 8.600 personas (víctimas más agresores controlados).
Las víctimas disponen de un teléfono inteligente y un botón de pánico con alerta inmediata y los agresores deben llevar también un móvil y además una pulsera diseñada para ser extremadamente resistente y duradera y capaz de funcionar en condiciones adversas (lo que se denomina "rugerizada").
Todo ello conectado a una plataforma que gestiona posiciones, distancias y alertas.
El sistema permite asignar más de un dispositivo en casos múltiples, implica una menor estigmatización al consistir solo en un móvil y un botón y los dispositivos son resistentes, con gran autonomía y con sistemas alternativos al GPS.
