Chivite defiende que su Gobierno es “el más transparente de la historia”

En su intervención, Chivite ha recalcado la importancia de la gestión pública en un momento en que, según ha dicho, “lo público, que cada vez tiene más detractores, debe ser eficaz y garantista. Porque, si no, quienes buscan cada día argumentos para justificar el adelgazamiento de la Administración y la privatización de los servicios públicos lo tendrán”. Frente a esas críticas, ha defendido que “seguiremos mejorando siempre desde la defensa de lo público”.

La jefa del Ejecutivo foral ha respondido de manera directa a UPN, y en concreto al parlamentario Javier Esparza, al que ha reprochado que “está intentando vincular que Santos Cerdán está en la cárcel por los túneles de Belate, cuando eso es una gran mentira”, ha señalado. Ha añadido que “el juez les contestó a ustedes, a UPN, en un escrito que los túneles de Belate, en este momento, no estaban siendo objeto del Tribunal Supremo”. En ese contexto, ha acusado a Esparza de que “no empiece esta comparecencia mintiendo, señor Esparza, mintiendo”.

Refuerzo de auditorías y fiscalización

Chivite ha explicado que tras conocerse el informe de la UCO el pasado mes de junio, en el que se mencionaban adjudicaciones de la UTE Acciona-Servinávar, tomó la decisión de reforzar los controles sobre varias obras públicas. Según ha detallado, pidió tres actuaciones: “Primero, solicité al presidente del Parlamento que, conforme a la ley foral de la Cámara de Comptos, se requiriera a ese organismo un informe de fiscalización. Segundo, solicité a la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción que hiciera lo propio. Y tercero, solicité al Gobierno y a la CPEN que encargaran auditorías externas con el mismo objetivo”.

Las obras analizadas han sido la duplicación de los túneles de Belate, 65 VPO en Etxabakoitz, 93 VPO en Erripagaña, la reforma del Archivo de Navarra y la adecuación de las oficinas del Navarra Arena.

Chivite ha recalcado que “en ninguno de los análisis de los que disponemos hasta el momento se habla de delitos en ningún informe”. Además, ha recordado que la ley foral establece que “ningún consejero ni la presidenta del Gobierno participan ni deben saber lo que ocurre en esas mesas de contratación”.

La presidenta foral ha añadido que se han detectado “disparidades de criterio técnico o jurídico, incluso irregularidades administrativas, pero, reitero, no delitos”. En este sentido, ha adelantado que el Ejecutivo trabaja ya en una modificación de la Ley Foral de Contratos que se incluirá en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos.

Esnaola: “No se ha encontrado ninguna irregularidad en el Navarra Arena”

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, ha defendido la legalidad del contrato para la modificación no sustancial del pabellón Navarra Arena, licitado en 2017 por un valor de 4,9 millones de euros.

Según ha explicado, el informe de la OANA “concluye indicando que no se ha encontrado ninguna irregularidad en la tramitación del expediente, considerándolo ajustado a la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos”.

La consejera ha precisado que la oficina ha revisado todas las fases del proceso: licitación, adjudicación y ejecución de la obra. Entre otros aspectos, ha destacado que “los criterios de adjudicación de valoración subjetiva venían determinados y desarrollados con suficiente precisión y detalle, garantizando la objetividad de la valoración y la igualdad de las licitadoras”.

Esnaola ha reconocido un error técnico en el pliego, al omitirse en un anexo una referencia al artículo 20 de la Ley Foral de Contratos, aunque ha recalcado que “fue subsanado en las licitaciones que el Instituto Navarro de Deporte y Actividad Física ha tramitado desde 2018”.

También ha informado de que durante la ejecución de las obras se han aprobado dos modificaciones, una por mejoras propuestas por federaciones deportivas y otra por imprevistos técnicos, que ha supuesto un incremento del 4,36 % del coste inicial. Asimismo, ha señalado que “hubo una penalización a la UTE adjudicataria por retraso en la entrega de la obra, que ascendió a 77.895,04 euros”.

Como conclusión, Esnaola ha afirmado que “no se han apreciado irregularidades en su tramitación, considerándose ajustado a las previsiones de la Ley Foral 6/2006” y ha defendido que “este informe confirma la transparencia de esta licitación en todo su procedimiento y que la legalidad ha imperado en cada una de sus fases”.

Gimeno defiende la adjudicación del CP de Arbizu

Por su parte, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha intervenido para dar explicaciones sobre el contrato de obras del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Arbizu, también analizado por la OANA.

El informe, ha recordado, critica la falta de concreción en los criterios subjetivos de valoración, pero Gimeno ha señalado que “los criterios subjetivos de valoración sí existían y están recogidos en el apartado 9 de los pliegos reguladores, extremo que parece que la OANA no observó y que queda definido perfectamente”.

Sobre el tiempo de valoración de las ofertas, el consejero ha defendido al personal técnico de la mesa: “El total de documentación a realizar sumaba cinco páginas por cada propuesta. Veinticinco páginas sería el volumen de documentación que pudo valorar el personal técnico en el tiempo descrito y dentro del horario de trabajo”. Por ello, ha criticado que la oficina hablara de plazos exiguos y lo ha considerado “una evidente falta de respeto por el trabajo técnico de la mesa de contratación”.

Gimeno también ha rechazado la conclusión de que la adjudicación se haya hecho únicamente por precio: “Parece desconocer la oficina que la oferta económica suponía un 40% de la puntuación total frente al 60% de las propuestas técnicas, pero que, al haber sido las propuestas técnicas de los licitadores muy similares, obtuvieron puntuaciones muy similares y, por tanto, aunque no fuera el factor determinante, la oferta económica acabó siendo decisiva”.

El consejero ha concluido que “la investigación del contrato respalda la corrección de todo el procedimiento” y ha lamentado que la OANA no haya abierto un trámite de alegaciones que habría permitido al departamento aportar estas consideraciones.

"Legales y transparentes"

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha sostenido que el proceso de adjudicaciones del desdoblamiento de los túneles de Belate "ha sido y es legal y transparente", subrayando que no hay "ningún atisbo de ilegalidad penal y mucho menos de corrupción".

En su informe Cohesión Territorial señala que, partiendo la OANA de las conclusiones de la fiscalización de ese contrato por la Cámara de Comptos, sin embargo, se aprecian "contradicciones jurídicas ante los mismos hechos" lo que le lleva a considerar que "no se han respetado las actuaciones y conclusiones de la Cámara, infringiendo los límites previstos" en la Ley Foral de creación de la OANA.

En un informe de diez páginas firmado por el consejero y el secretario general técnico del departamento, se recoge que en el informe de Comptos "no se considera que la actuación de la mesa infringe las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, ni aprecia la existencia de nulidad de pleno derecho por el hecho de que no realizaran una mesa presencial o el presidente recibiera las puntuaciones de los otros vocales para efectuar la media de las puntuaciones y redactar el informe de motivación de las puntuaciones medias de los criterios de adjudicación".

Al respecto se subraya la mesa de contratación puede desarrollar sus funciones repartiendo las labores entre sus integrantes en función de sus conocimientos "sin que para la realización de las tareas sea precisa la concurrencia física o telemática de todas o parte de las personas que la conforman".

Se añade que esa ley especifica que "todas las actuaciones llevadas a cabo de forma individual por una o varias personas de la mesa serán sometidas al criterio del conjunto de sus miembros, que deberán aprobarlas de forma simultánea o sucesiva".

En la misma línea se indica que la Ley Foral de Administración de la Comunidad Foral y del Sector Público Institucional refiere que en las sesiones que los órganos colegiados celebren a distancia "sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos y audiovisuales su identidad o la de las personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de medios durante la sesión".

Por todo ello Cohesión Territorial niega toda causa de nulidad de pleno derecho en el proceder de la mesa de contratación "al no haber infringido las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados".

Remarca en ese sentido que los integrantes de la mesa de contratación, que se reunían de forma telemática mediante correos electrónicos, "adoptaron acuerdos válidamente", ya que los decidieron "todos los miembros, aprobados por unanimidad o por mayoría con sus respectivos votos particulares". Y porque "dichos acuerdos fueron reflejados en actas firmadas por todos los vocales de la mesa de contratación".

El informe también ampara la actuación concreta del presidente de la mesa de contratación reconociendo que los miembros de la mesa le enviaron sus calificaciones.

"Más allá de que este procedimiento pueda ser mejorable o más transparente, y en su caso pudiera constituir una irregularidad no invalidante", según Cohesión Territorial, no supone una nulidad de pleno derecho.

Y es que, según sostiene, "las valoraciones técnicas y el informe motivado de valoración fueron aprobados y firmados por cinco vocales técnicos, sin que ninguno advirtiera deficiencias o falta de justificación en la valoración técnica de alguno de los vocales incluido el presidente y no existe en la normativa un determinado procedimiento de valoración técnica de las ofertas presentadas que se pudiese haber vulnerado".