La salida de UPN del Gobierno de Navarra, hace ya más de diez años, estuvo precedida de dos hechos que buena parte de la ciudadanía relacionó con conductas corruptas: el cobro de dietas desmesuradas de Caja Navarra y la desaparición de la propia entidad bancaria. En el peor momento de la crisis económica, este periódico destapó la existencia de un órgano opaco –la denominada Junta Permanente de Entidades Fundadoras– en el que tenían reservado asiento Miguel Sanz, Yolanda Barcina, Enrique Maya y Álvaro Miranda. El expresidente del Gobierno se embolsaba 2.680 euros brutos por sesión, y los por entonces presidenta del Ejecutivo, alcalde de Pamplona y consejero de Economía percibían 1.717 euros por cada reunión. Cantidades que con frecuencia duplicaban porque era habitual que las reuniones se doblaran en una misma mañana.

Aquella manera que tenían los principales cargos de UPN de engordarse los bolsillos contribuyó decisivamente a dar la puntilla a su Gobierno, que desde el agostazo de 2007 ofrecía síntomas de agotamiento, mientras se sucedían las manifestaciones contra la política de recortes al tiempo que su gestión disparaba la deuda pública.

Hoy Navarra goza de una situación de estabilidad política y social envidiable. Va camino de aprobar los undécimos Presupuestos consecutivos y ocupa puestos cabeceros en las diferentes ratios que miden el bienestar.

En este escenario de bonanza no exento de problemas –listas de espera sanitarias, acceso a la vivienda prohibitivo, situaciones de deslocalización industrial, etc– el denominado caso Koldo ha sido un mazazo. No en vano, continúa en la cárcel uno de los hombres clave en tejer las alianzas que sostienen a este Gobierno como Santos Cerdán. Aún con todo ello, el grueso de la ciudadanía no comparte en absoluto la tesis que propaga la derecha de estar gobernada por un Ejecutivo corrupto y que fue su hilo argumental en la primera jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad. Ni demanda la convocatoria urgente de elecciones, como pide Javier Esparza.

Es más, existe el convencimiento generalizado de que la mayoría social que ostentan PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo se repetiría con unos números similares a los actuales si hubiera comicios anticipados. Un análisis que comparten incluso las derechas, ante las que Chivite reiteró la larga vida de esta apuesta progresista, y ante las que aseveró que en su Gobierno no hay un ápice de corrupción por mucho que insistan en enfangar el procedimiento de adjudicación de los túneles de Belate.

Curiosamente unas obras presupuestadas en 62 millones (más IVA), que es aproximadamente el dinero que los navarros pagamos a escote todos los años por la gracieta de UPN de haber realizado la autovía a Logroño mediante el peaje en la sombra. Aquello técnicamente no es corrupción, pero endosar a las arcas públicas el pago de unos 1.200 millones de euros por una infraestructura que costó 400 millones y que se hubiera podido financiar con créditos bancarios por menos de 700 se parece bastante. O cuando menos delata una gestión muy deficiente.