El 'atajo' que permite al Gobierno foral comprar pisos a los fondos de inversión por 98.000 €

En 2022, el Gobierno sumó al tanteo y retracto otro derecho de compra preferente. El Parlamento aprobó en junio de ese año una ley –con los apoyos de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E, además de la abstención de EH Bildu– que, entre otros aspectos, introducía dos asuntos clave para este tema del parque público de vivienda.

En primer lugar, extendía la protección de las nuevas VPO de forma indefinida. La antigua fórmula de 30 años de protección ha hecho que, en la práctica, unas 55.000 viviendas que fueron promocionadas en su día estén ya en el mercado libre.

Y, en segundo lugar, establecía un derecho preferente de compra sobre tres tipos de vivienda en manos de fondos y empresas vinculas en muchos casos a bancos: aquellas que fueron adquiridas por dación en pago o desahucios y los grandes stocks de vivienda que se vende conjuntamente –en packs que involucran edificios o al menos 10 viviendas–.

Mediante esta fórmula, Vivienda compró 9 de las 15 casas que adquirió en 2024. Ese año, el presupuesto para el tanteo y retracto y la dotación del fondo social de vivienda era de dos millones de euros. El Gobierno terminó gastando 1.938.208 € en quince casas. En esos 9 pisos gastó 887.638 euros. Es decir, unos 98.000 € por vivienda de media, un tercio de lo que costaba cualquier piso en Pamplona en 2024.

Casi 200 viviendas, muchas de ellas en manos de entidades sociales colaboradoras y ayuntamientos

De momento, todas las viviendas que el Gobierno compra mediante la fórmula de tanteo y retracto tienen un destino: el Fondo Foral de Vivienda Social. La propia web del Ejecutivo foral aclara que el fondo “tiene como objetivo atender a las personas que se encuentren en una situación de riesgo de exclusión social por pérdida de su vivienda habitual y precisen de amparo público”.

Las viviendas son propiedad del Gobierno y son unas entidades sociales colaboradoras –Cruz Roja, CEAR, la Fundación Adsis– o ayuntamientos los que seleccionan a los inquilinos. De momento, así va a seguir la cosa. Tampoco es descartable que, con el tiempo –y dependiendo del volumen de viviendas tanteadas–, el departamento dedique parte de las viviendas al alquiler protegido ordinario.

El número está bastante vivo. A 1 de septiembre de este año, Navarra tenía unas 186 viviendas en ese fondo. No todas están disponibles: algunas están de reformas, otras tienen revisiones pendientes, otras están vacías porque no son aptas para la cesión. Son las menos.

Plantas enteras en bloques de San Jorge

La mayoría están en manos de entidades que las gestionan por toda la geografía navarra: hay muchas en Pamplona –plantas enteras de bloques en el barrio de San Jorge; en la Rotxapea, en Buztintxuri...– y en toda la Comarca –Zizur, Burlada, Huarte, Sarriguren, Villava, Berriozar...–. Por supuesto en Sangüesa, Estella, Tudela y en la Ribera –otro bloque entero de pisos en Castejón– y en el norte –Irurtzun, Baztan, Alsasua, y Aoiz, donde hay varias viviendas en una urbanización–.

De todas, 78 están gestionadas por la Fundación Adsis, que desde hace más de 50 años trabaja con personas en riesgo de exclusión social. Otras 13 las gestiona Cruz Roja; 10, la fundación Ilundain-Haritz Berria: 9, la Fundación Xilema o la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR).