La mayoría progresista frena el intento de la derecha de condicionar la fiscalidad en Navarra

Todo ha salido según lo previsto en el Parlamento de Navarra. La mayoría parlamentaria progresista tumbó este jueves el intento de la derecha de condicionar la política fiscal bajo el mantra de que es posible bajar impuestos de forma generalizada sin degradar los servicios públicos. PSN, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y –el socio presupuestario que se abstendrá en la votación final del 18 de diciembre– EH Bildu defendieron la reforma fiscal impulsada por el Gobierno foral, una medida que, según remarcaron todas estas formaciones, prioriza a las rentas bajas y medias, mejora la equidad y garantiza la financiación del Estado del bienestar frente a las propuestas de UPN, PP y Vox, cuyas enmiendas a la totalidad cayeron en saco roto.

El proyecto eleva el umbral del IRPF a 17.000 euros, amplía deducciones para rentas de hasta 32.000 y mejora las de pensiones, situando la mínima en 1.100 euros. También actualiza beneficios para el transporte. En Sociedades, baja el tipo al 25% para empresas que cumplan ciertos requisitos e introduce un suelo mínimo de tributación. El impacto total asciende a 135 millones.

En su intervención, el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, defendió el proyecto como un acuerdo “nacido del diálogo” entre formaciones con diferencias pero con una coincidencia clara: “cumplir el mandato de la ciudadanía”. Subrayó que más de 340.000 personas, “trabajadores por cuenta ajena y autónomos”, verán declaraciones “mucho más favorables” y cargó con dureza contra la oposición: “Es difícil entender que a la derecha extrema de esta comunidad le importe poco esta tierra. ¿Cuánto nos podrían costar esas rebajas fiscales infinitas y qué servicios públicos tendríamos que privatizar?”. A su juicio, las alternativas de UPN, PP y Vox “no se sostienen en cifras reales” y evidencian que “no creen en los servicios públicos”.

La derecha y su “infierno fiscal”

Los grupos de la derecha hablaron de sus temas estrella –corrupción, pactos del Gobierno con EH Bildu...–, pero también se ajustaron a lo que tocaba, la política fiscal. Desde UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin denunció que el Gobierno mantiene un “agravio fiscal” respecto a otros territorios como la Comunidad Autónoma Vasca: “Se penaliza a las familias recortándoles la renta disponible. Se penaliza con el tipo fiscal más alto de España a las empresas navarras”. También reprochó que Navarra siga “profundizando un castigo fiscal” diez años después –de acuerdos progresistas que los mantienen lejos del Gobierno– de que, según dijo, se iniciara esta brecha.

En la misma línea, Irene Royo, del PP de Navarra, acusó al Ejecutivo de legislar “a un precio inasumible para Navarra”: “La propuesta no es ambiciosa y van a seguir perjudicando a las familias de rentas medias y a las empresas”. Criticó que “en vez de escuchar a la sociedad navarra escuchan a EH Bildu”, y afirmó que el Gobierno “depende cada vez más de la izquierda abertzale”.

Desde Vox, Emilio Jiménez calificó el proyecto como “la enésima consolidación de un modelo fiscal asfixiante” y aseguró: “No es fiscalidad, es ingeniería social con el dinero ajeno”.

El bloque progresista cierra filas

Sin embargo, los grupos que sostienen al Gobierno han cerrado filas en defensa del proyecto. La socialista Ainhoa Unzu afirmó que la ley “es buena para la mayoría social de Navarra” y reprochó que la derecha plantee “bajar y bajar sin condiciones”. “Eso es la ruina del estado del bienestar. Hay dos modelos: el que aporta y el que recorta”, dijo.

Desde EH Bildu, Laura Aznal enfatizó que “la base del estado del bienestar es la fiscalidad”, recordó que los impuestos financian los servicios públicos y señaló que la derecha nunca cuantifica el impacto de sus propuestas: “Proponen y proponen, pero nunca dicen cuánto costarían”.

Por su parte, Mikel Asiain (Geroa Bai) recalcó que se cumple con lo exigido por su grupo, “aliviar la fiscalidad de rentas medias y bajas”, y defendió que el objetivo último de la política fiscal es “la redistribución de la riqueza, no una mera recaudación”.

En último lugar, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, recordó con ironía que en 2015 Comptos advirtió de que UPN “no era capaz de cuadrar ingresos y gastos”. “Convirtieron a Navarra en un infierno en materia de estabilidad presupuestaria”, señaló.