Los jueces acusan a Sánchez de "intromisión" por sus palabras sobre el caso del fiscal general del Estado

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha firmado una declaración institucional en la que "deplora y exige" el cese de los graves ataques y descalificaciones contra el Tribunal Supremo y el Poder Judicial, a raíz de las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que afirmaba que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, era inocente mientras aún estaba siendo juzgado.

Esta declaración ha sido el punto y final del XXVII Congreso Nacional de la APM, titulado 'Justicia independiente, garantía de democracia', celebrado desde el miércoles en Murcia.

Al acto de clausura acudió el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien defendió a Sánchez afirmando que en democracia "se puede criticar y discrepar" de una resolución judicial "con respeto", lo que considera un "ejercicio democrático". Añadió: "En ningún momento deslegitimamos ni a la Justicia ni a ningún Tribunal".

La presidenta de la APM, Mª Jesús del Barco, respondió a Bolaños: "Hoy vienes a vendernos tu producto… no te lo vamos a comprar", recibiendo aplausos en pie. Del Barco criticó la polarización política, la falta de Pacto de Estado y mostró escepticismo sobre la creación de 2.500 plazas de jueces y fiscales, debido a la ausencia de presupuestos del Gobierno.

Asimismo, del Barco criticó la campaña del Gobierno que sugiere que "poder ser juez como tu padre" es la norma, destacando que el 57% de la carrera judicial son mujeres y solo el 5,84% tienen familiares en la carrera judicial. Afirmó que las reformas legales buscan controlar a los jueces y denunció que "el silencio sería la peor mentira".

Del Barco añadió: "Deseo que tus reformas duerman el sueño de los justos", refiriéndose a Bolaños, aunque aclaró que no le pediría la dimisión.

Bolaños inició su intervención destacando que "vengo a ser escuchado" y que su objetivo no es acabar con el Estado de Derecho ni con la independencia judicial. Defendió su vocación reformista para "transformar leyes y normas obsoletas", asegurando que ni una coma de sus reformas afecta a la independencia judicial, la separación de poderes o el Estado de Derecho.

El ministro se refirió al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que estaba causando desmoralización entre jueces y magistrados. Aseguró que la Ley de Eficiencia ha reducido la pendencia de asuntos un 5% en España y un 92% en Molina de Segura, destacando la reducción del 9% de asuntos civiles mediante los Medios Adecuados de Solución de Controversias.

2.500 plazas para nuevos jueces en tres años

Sobre la creación de 2.500 plazas para nuevos jueces, indicó que la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la carrera fiscal y judicial prevé la partida presupuestaria para crear estos puestos en 3 años, condicionada a la aprobación de la ley o de los Presupuestos Generales. Respecto a los jueces sustitutos, explicó que se realizará mediante concurso-oposición, garantizando que "si no hay nivel, no entrarán" y serán indemnizados si no acceden a la carrera judicial.