Alfaro lamenta el archivo de la causa contra el alcalde de Valtierra por un posible delito de odio

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha mostrado este miércoles su desacuerdo con la decisión de la Fiscalía de archivar las diligencias abiertas contra el alcalde de Valtierra, Manuel Resa (UPN), por sus declaraciones sobre personas migrantes y menores extranjeros no acompañados. Aunque el Ejecutivo foral acata la resolución del Ministerio Fiscal, Alfaro ha subrayado que no puede “entender ni mucho menos compartir” el archivo de unas actuaciones que el propio Gobierno de Navarra había remitido a la Fiscalía por considerar que las manifestaciones del alcalde podían constituir un presunto delito de odio.

La consejera ha recordado que el Gobierno de Navarra decidió trasladar el caso al Ministerio Fiscal al entender que las palabras de Resa “provocan e incitan al odio, a la discriminación y a la violencia” contra colectivos vulnerables. En este sentido, Alfaro ha insistido en que, más allá del recorrido penal que finalmente se les haya dado, se trata de declaraciones de extrema gravedad que contribuyen a la estigmatización de las personas migrantes y, de forma particular, de los menores no acompañados tutelados por la Administración foral.

Polémicas declaraciones

La polémica comenzó a raíz de unas declaraciones públicas del alcalde de Valtierra en las que defendía una política de ayudas municipales vinculada exclusivamente al arraigo local. Resa sostuvo que era necesario “poner dinero a gente con raíces de nuestra tierra” y justificó esta postura asegurando que su municipio está recibiendo “muchos emigrantes que nos cuestan un pastizal”, unas afirmaciones que se produjeron a raíz de una convocatoria de ayudas planteada solo para personas que acreditaran 20 años de residencia en el municipio.

El alcalde fue especialmente directo al referirse a los menores extranjeros no acompañados acogidos por el Gobierno de Navarra. Llegó a afirmar que “los menas esos cuestan 4.950 euros al mes, un señorito de esos”, y acusó al Ejecutivo foral de destinar recursos de manera injusta, reclamando que “se ponga las pilas y empiece a dar dinero a quien tiene que darlo”. Sus declaraciones culminaron con una advertencia que elevó aún más la tensión política y social, al afirmar que “vamos a tener problemas con esta gente, tienen muchos derechos y obligaciones ninguna”.

UPN lo desautorizó

Estas palabras generaron una fuerte reacción política y social que llevaron a UPN a marcar distancias. A principios de septiembre, el portavoz del partido en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, desautorizó públicamente al alcalde de Valtierra y dejó claro que sus manifestaciones se realizaron a título personal y no representaban la posición oficial de la formación regionalista. Esparza recordó que la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, fijó ese mismo día la postura del partido sobre la llegada de menores no acompañados a Navarra y pidió al alcalde que moderara su lenguaje y solicitara disculpas, algo que Resa hizo posteriormente en una entrevista. 

El portavoz aprovechó además para diferenciar a UPN de discursos que vinculó con el “populismo de extrema derecha” y para subrayar que la mayoría de la población inmigrante que llega a Navarra lo hace para “trabajar y contribuir al crecimiento económico”.