El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, muy contestado por el sector agrario y que este mismo miércoles el Parlamento Europeo decidió remitir al Tribunal de Justicia de la UE para intentar paralizarlo, ha llegado este jueves al Parlamento de Navarra. El pleno aprobó una moción de UPN –que recibió el apoyo de EH Bildu, PP, Contigo-Zurekin y Vox, mientras PSN y Geroa Bai se abstuvieron– que expresa el "rechazo político y ético" de la Cámara a un pacto que amenaza, según dice el texto, la viabilidad del campo navarro.
El texto aprobado rechaza el acuerdo al considerar que permite la entrada en el mercado europeo de productos agroalimentarios producidos en condiciones que no cumplen los mismos estándares sanitarios , medioambientales y de bienestar animal exigidos a los productores europeos, lo que vulnera, según la resolución aprobada, el principio de reciprocidad y de competencia justa. La moción calificó de inaceptable que el sector primario sea utilizado como moneda de cambio en acuerdos internacionales y advirtió de que no es éticamente defendible exigir elevados estándares a agricultores y ganaderos europeos mientras se permite competir con productos que no los cumplen, trasladando además riesgos y costes al consumidor.
Para el Gobierno de Navarra, el debate sobre Mercosur debe abordarse con una visión amplia, combinando la apertura comercial con una política agraria sólida y con controles efectivos que aseguren el cumplimiento de las normas europeas, tanto en beneficio del sector primario como de los consumidores. Es la posición que defendió el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, ante las preguntas de los medios de comunicación. El consejero subrayó la necesidad de reforzar los controles sanitarios y revisar las políticas agrarias europeas.
Aierdi insistió en que la discusión sobre el acuerdo se trata de “un conjunto de grises” que obliga a analizar la apertura comercial en paralelo a las políticas que la Unión Europea plantea para el sector primario. Asimismo, recordó que la revisión de la PAC y el debate sobre Mercosur han estado estrechamente ligados y deben abordarse de forma conjunta. Aierdi sugirió que la clave está en garantizar que el contenido del acuerdo se cumpla en la práctica, especialmente en lo relativo a las exigencias sanitarias.
Grupos parlamentarios
En su defensa de la moción, el parlamentario de UPN Miguel Bujanda criticó que el acuerdo con Mercosur llegó después de haber debilitado durante 26 años al sector europeo con costes añadidos y pérdida de capacidad de decisión. A su juicio, “Mercosur amenaza la seguridad alimentaria de la población” y “no plantea una competencia entre iguales”, sino con un modelo que consideró “la antítesis de lo que Europa impuso durante décadas”.
El PP de Navarra defendió su propia moción, que no prosperó, en la que mostraba su apoyo al sector primario navarro y reclamaba medidas de apoyo, especialmente en materia fiscal. Su portavoz, Javier García, sostuvo que “ningún acuerdo comercial es bueno si se hace a costa de sacrificar a quienes dan de comer” y ponen en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones. Reivindicó el esfuerzo de agricultores y ganaderos, que “cumplen los estándares más exigentes del mundo”, y advirtió de que “no se les puede exigir competir en desigualdad con países donde esas exigencias no existen o son más laxas”.
Desde el PSN, Carlos Mena defendió “una valoración positiva pero vigilante” del acuerdo, al que calificó de “importante y estratégico para Europa” por abrir mercados y reforzar relaciones en un contexto internacional complicado. Subrayó que “la apertura comercial no debía hacerse a costa del campo navarro” y confió en que las cláusulas de salvaguardia permitieran actuar ante riesgos para el mercado y perturbaciones graves.
EH Bildu apoyó la moción de UPN al considerar que el acuerdo liberaliza de forma significativa el comercio agrícola sin garantizar una equivalencia real de estándares. Su parlamentario Adolfo Araiz afirmó que se trataba del “peor acuerdo comercial jamás firmado por la Unión Europea” y alertó de “una competencia estructuralmente desigual”, al tiempo que puso en duda la eficacia de las cláusulas de salvaguardia, al depender de “decisiones discrecionales de la Comisión Europea” y no ser automáticas ni vinculantes.
Geroa Bai votó en contra del texto aprobado y defendió una enmienda, que no fue aceptada, para reclamar una PAC con recursos suficientes, sin recortes, y mayores controles fronterizos que garantizaran el cumplimiento de la cláusula espejo. Javier Ollo explicó que su formación “no rechazaba frontalmente el acuerdo ni lo defendía a ultranza”, pero pidió “no ser miopes ante la incertidumbre del sector” y reclamó medidas de salvaguardia y compromisos adicionales ante posibles desequilibrios de mercado.
Contigo-Zurekin respaldó la moción y reclamó “una defensa cerrada del sector primario navarro”. Carlos Guzmán criticó la valoración positiva del acuerdo realizada por el vicepresidente Javier Remírez y exigió “una rectificación pública”, al considerar que “no existía una postura consensuada” en el Gobierno foral. Rechazó un modelo de comercio que calificó de “alocado y perjudicial para el campo”.
Vox apoyó la iniciativa de UPN, aunque su enmienda de adición fue rechazada. Su portavoz, Emilio Jiménez, acusó a PP y PSOE de ser los “paladines” de un acuerdo que, a su juicio, “arruinaría explotaciones familiares, pondría en riesgo la seguridad alimentaria y convertiría el campo navarro en un cementerio agrario”, y reprochó “la falta de coherencia” de los populares.
