Navarra prepara una nueva ley de víctimas del terrorismo más amplia y actualizada

El Gobierno de Navarra reforzará su marco legal de atención a las víctimas con la redacción de una nueva ley de víctimas del terrorismo. La vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo foral ultima un texto "en positivo" que busca ser "mucho más integral y actual" para mejorar la atención práctica a este colectivo. Durante el pleno semanal del Parlamento de Navarra, la vicepresidenta ha defendido una política de memoria basada en la deslegitimación de toda violencia y en el reconocimiento de todas las víctimas bajo un "suelo ético" común.

La ley de 2010 será reformada por dos motivos principales. Primero, para adaptarse a la realidad actual e integrar de forma igualitaria a las víctimas de violencia policial y de extrema derecha ya reconocidas por el Gobierno de Navarra junto a víctimas de otras violencias. Segundo, para actualizar su contenido conforme a la normativa estatal de 2011, que es la que regula actualmente las cuantías de las ayudas e indemnizaciones.

Esta nueva normativa pretende completar el actual texto foral en una materia donde, según ha recordado Ollo, "es el Estado quien tiene la potestad de reconocer oficialmente a este tipo de víctimas". La iniciativa se enmarca en una estrategia de convivencia que la vicepresidenta ha calificado como "referente estatal y europeo", con políticas públicas consolidadas desde el año 2015 y que tienen vocación de continuidad más allá de 2027, apoyadas en instrumentos como el II Plan de Convivencia, vigente hasta 2029.

Durante su intervención, ha reivindicado una "memoria integral" que reconozca a los damnificados de las distintas violencias "sin equiparaciones ni diluciones", garantizando para todos ellos los mismos derechos de verdad, justicia, reconocimiento y reparación. Ollo ha aprovechado también para alertar sobre el actual contexto político, advirtiendo de que "no vivimos buenos tiempos para la memoria y la convivencia" debido al avance de una "ultraderecha", que convierte al adversario en enemigo y a las personas en cosas", un fenómeno que, a su juicio, conlleva un riesgo de deshumanización y un retroceso democrático.

Avances en reparación y exhumaciones

Para la consecución de los objetivos del Gobierno, la vicepresidenta ha señalado que es imprescindible conjugar la voluntad política con instrumentos legales y financiación. Entre los hitos alcanzados, Ollo ha puesto en valor el trabajo desarrollado en torno a la violencia derivada del golpe militar de 1936, la represión franquista y las violencias de décadas posteriores, incluyendo a ETA, así como las vulneraciones de derechos humanos vinculadas a funcionarios públicos o a la extrema derecha. En este último grupo, ha avanzado que pronto se organizará un tercer acto público para las personas reconocidas por la Comisión de Reconocimiento y Reparación, que ya ha indemnizado a más de un centenar de personas en los últimos dos años.

En el ámbito de la memoria histórica, la vicepresidenta ha aportado datos significativos sobre el programa de exhumaciones realizado en colaboración con la Sociedad Aranzadi. Hasta la fecha, se han llevado a cabo 129 prospecciones y 35 exhumaciones que permitieron recuperar 163 restos humanos, de los cuales 47 fueron identificados a través del banco público de ADN que gestiona la empresa pública Nasertic. Entre los hallazgos más recientes, Ollo ha destacado la identificación de Ramón Bengaray, quien fuera presidente de Osasuna y del Orfeón Pamplonés, además de líder del Frente Popular en Navarra. "Pronto organizaremos el acto de entrega de esta figura y de otras víctimas que han sido identificadas", ha confirmado ante la Cámara.

Infraestructuras para la convivencia

La política de memoria del Ejecutivo foral también contempla la creación de espacios físicos de referencia y programas pedagógicos de largo alcance. La vicepresidenta ha anunciado que "en cuestión de meses" se inaugurará el Centro de Memoria y Convivencia, que se ubicará en el antiguo palacio del Marqués de Rozalejo, situado en la plaza de la Navarrería de Pamplona. Este espacio está concebido para centralizar las políticas públicas de memoria, paz y derechos humanos, reforzando la dimensión internacional que Navarra ya mantiene a través de alianzas y convenios con instituciones de países como Argentina, Chile o Alemania.

Asimismo, la responsable del Departamento ha subrayado el éxito del programa 'Escuelas con memoria por la Paz y la Convivencia', una iniciativa reconocida por el Consejo de Europa como buena práctica educativa. Desde su puesta en marcha en 2016, aproximadamente 108.000 jóvenes pertenecientes a 170 centros educativos han participado en esta formación. Ollo ha concluido su intervención subrayando que la convivencia debe entenderse como la propia dinámica política y apeló a la necesidad de cuidar la democracia para evitar que "el miedo y la violencia vuelvan a ocupar el espacio público".

Intervenciones de los grupos parlamentarios

La vicepresidenta respondía a una interpelación parlamentaria presentada por el parlamentario del PSN, Javier Lecumberri, quien ha admitido que los representantes públicos no han sido "del todo ejemplares ni ejemplarizantes en avanzar en convivencia", señalando que ciertos comportamientos parlamentarios parecen ir en dirección contraria a lo que la sociedad demanda. Lecumberri ha situado los retos actuales en un marco de "escalada bélica" y "polarización política", donde a menudo se ha buscado "más destruir que construir". En su discurso, ha recordado la trayectoria de sufrimiento de su propia formación política, señalando que "en el 36 nos masacraron, posteriormente los grupos de ultraderecha nos masacraron a todo el movimiento obrero, y qué decir de esos 43 años donde nuevamente fuimos víctimas de violencia fascista", en una referencia a ETA. El portavoz socialista ha defendido que las políticas del Gobierno buscan fomentar el respeto a la diferencia y superar el sufrimiento mediante leyes específicas como la de Memoria Histórica o la de Víctimas del Terrorismo.

Desde las filas de UPN, la parlamentaria Isabel Olave ha cargado contra la gestión del Ejecutivo foral, denunciando que el plan de convivencia se ha diseñado sin buscar una mayoría social y política amplia. Olave ha criticado que el Gobierno ha preferido evitar un debate profundo para no comprometer su relación con EH Bildu, afirmando que han preferido "un plan que no condene, para seguir de la mano de Bildu". Según la representante regionalista, cualquier estrategia de convivencia en Navarra debe recoger explícitamente la exigencia de condena a ETA e "invalidar para la convivencia a quien no lo condene". Ha censurado que el Ejecutivo ha elegido "aprobar un plan ajeno a Navarra" y ha calificado la condena recogida en el texto como un "engaño" al no llevar aparejado el “aislamiento político” de quienes, a su juicio, no cumplen con dicha premisa.

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu, Irati Jiménez, ha señalado que su formación aborda la memoria "desde una perspectiva inclusiva", desde la humildad y la honestidad", rechazando entrar en debates que buscan la "crispación". Jiménez ha defendido que todas las víctimas tienen en común "su derecho a la verdad y la justicia" y ha apostado por una memoria que reconozca todas las vulneraciones de derechos. La parlamentaria ha subrayado que es necesario "hablar en términos constructivos y desde la serenidad" para poner en marcha un plan que ha permitido convivir entre diferentes. En su intervención, ha destacado que la convivencia real pasa por confrontar "el machismo, el racismo y la desigualdad social" como herramientas fundamentales para frenar el auge de la extrema derecha y del fascismo en la sociedad actual.

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha apuntado que el objetivo principal del plan es "guiar las políticas" para abordar los retos de una sociedad cada vez más diversa. Asiain ha destacado que en Navarra "se han producido avances significativos en materia de políticas públicas de memoria y convivencia" y ha hecho un llamamiento a "profundizar en ellas". En su análisis, el parlamentario ha advertido sobre un contexto actual que está "lleno de amenazas de involución democrática", mencionando específicamente factores como "el autoritarismo, las noticias falsas y la desinformación" junto al discurso del odio y la xenofobia. Para Geroa Bai, el plan debe servir como guía para proteger los avances democráticos frente a estos riesgos de retroceso social.

Por parte del PP de Navarra, Javier García ha destacado que las políticas de convivencia deben venir de la "condena explícita y sin ambages a toda la violencia, incluida la de ETA". García ha acusado al PSN de llevar "años blanqueando a Bildu, a quienes siguen sin condenar la barbarie terrorista y quienes siguen auspiciando homenajes a terroristas". El portavoz popular ha considerado "incomprensible" que el PSN haya interpelado sobre esta materia cuando, según sus palabras, permite que en el II Plan de Convivencia hayan influido las "directrices marcadas por quienes hoy siguen sin condenar el terrorismo". Ha calificado la situación de "tomadura de pelo" y ha recordado que Navarra vivió años muy duros con una violencia que ha dejado "muertos y familias rotas".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha señalado que el II Plan de Convivencia es una "gran oportunidad" para diseñar de forma colectiva "la convivencia futura de Navarra". Guzmán ha apostado por construir un modelo "multicultural y fraterno", aunque ha reconocido que este jueves ha sido "un mal día para la interpelación" después de que la presidenta María Chivite les hubiera llamado "populistas" y comparado con Vox por rechazar el acuerdo de la UE con Mercosur. El parlamentario ha afirmado que los avances logrados no son "cuestión de casualidad, sino de gobiernos progresistas" y ha aprovechado su turno para reclamar la demolición del Monumento a los Caídos de Pamplona, argumentando que la infraestructura "sigue revictimizando a las víctimas del franquismo".

Finalmente, Emilio Jiménez, portavoz de Vox, ha criticado que se destinen "millones a políticas de memoria" que, en su opinión, solo han servido para "reabrir heridas" y maltratar a las verdaderas víctimas. Jiménez ha calificado estas acciones como "ideología barata" y ha abogado por una "concordia real" en lugar de lo que ha definido como una "memoria selectiva que ha impuesto una versión oficial de la historia".