La abolición de la ‘mili’ cumple 25 años bajo la amenaza de la restauración

El próximo 9 de marzo se cumplirán 25 años de la promulgación del real decreto que programaba para el 31 de diciembre de 2001 la defunción definitiva del servicio militar obligatorio en España. En realidad, lo que hacía aquella norma era adelantar en un año la suspensión que la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas había fijado anteriormente para día de Nochevieja del 2002. Un cuarto de siglo más tarde, hablar de la mili parece algo reservado a las anécdotas más o menos jocosas que cuentan personas –en este caso, hombres– que ya peinan canas y a quienes les tocó pasar por aquel trance. Aunque eso podría cambiar a la vista de los aires belicistas que corren en el revuelto tablero geopolítico en el que está inmersa Europa.

El debate sobre su reimplantación se ha abierto en muchos países y en algunos casos, como el de las repúblicas balcánicas de Croacia o Serbia, acaban de dar el paso este año 2026, siguiendo la estela de otros que lo hicieron recientemente, como Letonia (2024). La mancha de aceite se extiende por el continente, si bien de momento no parece salpicar al Estado español, donde casi nadie parece con ganas de abrir ese melón. La incógnita es: ¿será cuestión de tiempo? Algunas encuestas recientes reflejan un rechazo mayoritario de la población española –el 78,3%– a la recuperación del servicio militar obligatorio.

La OTAN aprieta a los países

Por otro lado, está la presión de una OTAN que busca ampliar el número de efectivos de sus fuerzas armadas. A finales del año pasado, Bélgica invitó a 150.000 adolescentes a realizar un servicio voluntario de un año con un sueldo neto de 2.000 euros al mes. Para este 2026 está previsto seleccionar solamente 500 jóvenes –hombres y mujeres–, cifra que se incrementaría en años posteriores hasta alcanzar los 7.000 efectivos. También en Francia, el presidente Macron ha anunciado la entrada en vigor este verano de una mili voluntaria de 10 meses para chicos y chicas de 18 y 19 años, con lo que pretende reclutar más de 10.000 jóvenes al año. El incentivo rondaría los 900 euros mensuales, una minucia comparado con los 2.600 que ofrece Alemania a quienes se animen a hacer el servicio militar voluntario. En este caso, el Gobierno de Friedrich Merz va más allá al establecer que, si no se alcanzan los objetivos de reclutamiento –unas 5.000 a 10.000 personas anuales inicialmente–, el Parlamento podrá activar la conscripción obligatoria. Lo que ya es de obligado cumplimiento para todos los hombres alemanes mayores de 18 años –voluntario en el caso de las mujeres– es rellenar un formulario mediante el cual se evaluará su motivación y su aptitud para el servicio.

El auge militarista, sin embargo, no parece estar saliendo gratis a gobiernos como el de Alemania, donde el pasado mes de diciembre miles de jóvenes se movilizaron en más de 90 ciudades bajo el lema No queremos ser carne de cañón. Allí, organizaciones como Sociedad Alemana por la Paz están llamando a ignorar o destruir los cuestionarios que están obligados a cumplimentar los hombres nacidos a partir de 2008. Y, más recientemente, el pasado 20 de enero, numerosos jóvenes se manifestaron en Baiona para protestar contra el inicio de la campaña de reclutamiento para la mili voluntaria que ha impulsado Macron en Francia y que ven como un paso previo a la imposición de un servicio obligatorio.

Las propuestas que plantean un posible regreso al reclutamiento forzoso encuentran escepticismo entre quienes vivieron el final del servicio militar obligatorio. La mili, sostienen algunas voces con experiencia directa en aquel proceso, dejó de tener encaje en un contexto en el que los conflictos armados han pasado a depender en gran medida de la tecnología y de la especialización profesional. Durante las décadas de 1980 y 1990, el servicio militar obligatorio fue percibido por amplios sectores de la juventud como un elemento que interrumpía de forma abrupta los estudios o la incorporación al mercado laboral. Esa percepción alimentó un rechazo creciente que se tradujo en un aumento sostenido de las declaraciones de objeción de conciencia.

La regulación de la objeción

La primera Ley reguladora de la Objeción de Conciencia y la Prestación Social Sustitutoria (PSS) fue aprobada en diciembre de 1984 con el objetivo de dar respuesta a un fenómeno en expansión. En el momento de la aprobación de la ley, ya se contabilizaban más de 30.000 objetores reconocidos en el conjunto del Estado, una cifra que la administración tuvo dificultades para gestionar. La norma contemplaba la realización de una prestación social no remunerada en entidades sin ánimo de lucro para quienes se negaban a incorporarse al ejército, aunque en los primeros años muchos objetores quedaron exentos de realizarla.

Junto a la objeción de conciencia se desarrolló, especialmente durante la década de 1990, el movimiento de insumisión, que rechazaba tanto el servicio militar como la prestación social sustitutoria. Según diversos cálculos, cerca de 50.000 jóvenes optaron por esta vía, de los cuales unos 1.600 cumplieron penas de prisión. El seguimiento de la insumisión fue especialmente significativo en Euskal Herria, donde tan elevado nivel de desobediencia contribuyó a incrementar la presión sobre un sistema ya tensionado por el elevado número de objetores.

Abolición de la mili

Ante el volumen de objeción e insumisión, el Estado, inicialmente contrario a la abolición de la mili, acabó optando por suprimirla y avanzar hacia un modelo de fuerzas armadas profesionales. En la primera legislatura de José María Aznar se aprobó la ley que fijaba la suspensión del reemplazo obligatorio para finales de 2002. Sin embargo, en su segundo mandato, y ante lo insostenible de la situación, el Gobierno decidió adelantar la medida al 31 de diciembre de 2001. El último sorteo de reemplazo se celebró el 8 de noviembre de 2000 y afectó a 90.625 jóvenes. Ese mismo día, la oficina del Defensor del Soldado admitía que, según sus previsiones, el 75% de los destinados se acogería a la objeción de conciencia, un dato que evidenciaba el colapso del modelo en su tramo final.

La supresión del servicio militar obligatorio fue celebrada en su momento como el resultado de una presión social prolongada. Años después, en un contexto internacional más inestable, algunos países europeos han iniciado debates sobre fórmulas de reclutamiento obligatorio o voluntario, lo que ha generado movilizaciones de rechazo juvenil en distintos territorios. La experiencia del final de la mili en el Estado español dejó un precedente marcado por la extensión masiva de la objeción de conciencia y la insumisión, dos fenómenos que condicionaron de forma decisiva la desaparición del sistema de reemplazo obligatorio.