Las pioneras de los bloques afectados en Sarriguren: "Nos sentimos muy dejadas"

No hay, de entre las 168 familias afectadas, ninguna persona que lleve más tiempo en el vecindario que ellas. Elisa Crespo y Encarna Hualde estrenaron los pisos. Elisa entró a vivir el 1 de febrero de 2009. Al tiempo plantó una palmera pequeña en la terraza que, a fuerza de los años, hoy es un pedazo de árbol. Incluso Maika Cabezas, que acompaña a las pioneras en este reportaje, llegó un poco después, aunque lleva ya 14 años viviendo por allí.

Todas comparten que son vecinas de toda la vida en alguno de los pisos situados en la docena larga de portales de las plazas Puerta de Badostáin, Ibia o la calle Elizmendi, donde hace veinte años Adania construyó varios bloques de pisos de VPO –protegidos por el Gobierno de Navarra– en régimen de alquiler a largo plazo. 

Siempre han vivido estupendamente, pero de un tiempo a esta parte están intranquilas. Sienten incertidumbre. Dos décadas después de haber llegado allí, sus pisos están a punto de perder la calificación de vivienda protegida. Unos 108 pisos lo harán el próximo 6 de marzo y solo tienen contrato de un año. Y otra remesa enorme, de 112 pisos, perderá la categoría en 2028. Eso significa que pasarán al mercado libre, donde el propietario podrá hacer casi –la zona tensionada ofrece al menos un parche– lo que quiera.

Tienen miedo de correr la misma suerte que ya vieron en otros vecinos del entorno, que tuvieron que marcharse después de que los propietarios les triplicaran el alquiler o les notificaran que vendían el piso.

Pero todavía tienen más miedo desde 2018, cuando el fondo extranjero Catella Group adquirió un montón de pisos comprándolos portal a portal y externalizó la gestión a una subcontrata de Madrid.

Se sienten, dicen, “muy dejadas”. “No hay derecho a que nos pase esto a nuestra edad; somos personas, somos pensionistas”, recuerda Cabezas. Exigen más información: quieren saber qué va a pasar con ellas. Quieren asesoramiento jurídico, que Vivienda y el Ayuntamiento de Egüés, al que reprochan mucha dejadez, les informen sobre su situación. Y quieren que el Gobierno foral haga todos los esfuerzos posibles por alargar todo lo que se pueda la protección.

El cambio en 2018

Todo empezó a torcerse a partir de 2018. Los anteriores propietarios contactaron con la hija de Elisa, que vive en uno de los bloques afectados, y le comentaron que estaban haciendo una auditoría, que necesitaban entrar a su piso.

De un día para otro tenía seis ejecutivos extranjeros en su salón. Vieron el piso y se fueron. Al poco tiempo, Adania les envió una carta a los inquilinos en la que les informaba de que había vendido sus pisos a Catella. Toda la interlocución a partir de entonces es vía web, mediante una plataforma. No hay atención presencial. Cada vez, cualquier trámite es más lento y más molesto y los nuevos dueños les hacen los contratos solo de año en año. Un ejemplo sobre los problemas de gestión: ahora han estado dos semanas sin agua caliente. “La caldera es vieja y nadie se pone de acuerdo para arreglarla, porque ven que los alquileres protegidos se acaban y quién sabe qué harán con estas casas”, reflexiona Elisa. “Yo digo que nos quieren echar poco a poco, a fuerza de ponernos las cosas difíciles”, añade Encarna, pensionista después de 22 años en una fábrica y otros tantos en un bar en Villava.

Como nadie les ha informado, forman parte más o menos activa de un grupo que planea convertirse en plataforma vecinal. Quieren defender sus derechos, buscar ayuda. Han mantenido dos reuniones en 2025 y han contado con el asesoramiento del grupo de EH Bildu en el Valle de Egüés. Seguirán en ello porque les va su casa en ello.