Viviendas en Sarriguren: 168 familias siguen pendientes de la negociación entre Navarra y un fondo sueco

El desembarco de un fondo buitre extranjero en 168 viviendas protegidas de Sarriguren ha llegado este jueves al Parlamento foral y ha reabierto el debate sobre el modelo de VPO en Navarra, con el Gobierno foral negociando contrarreloj con Catella Group para evitar que promociones financiadas con dinero público acaben plenamente en el mercado libre y señalando directamente, junto a EH Bildu, a las políticas impulsadas por UPN hace dos décadas, cuyas consecuencias siguen sufriendo las familias que estaban presentes en la tribuna de invitados del hemiciclo.

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, ha detallado en el pleno del Legislativo el estado de las conversaciones con el fondo sueco y ha asegurado que el Ejecutivo “va bien encaminado dentro de nuestras posibilidades”, aunque ha subrayado que debe actuar conforme a una legalidad heredada. “Estamos pagando las consecuencias de sus acuerdos de hace 20 años”, ha reprochado a la derecha. Respondía a una pregunta de la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, que ha situado el caso de Sarriguren como ejemplo de las consecuencias de la caducidad de la vivienda protegida.

La representante abertzale ha recordado que desde los años noventa se han construido en Navarra en torno a 58.000 VPO y ha sostenido que, de haber mantenido su carácter permanente, el parque público podría rondar el 17 %, en línea con países europeos con mayor desarrollo social. Sin embargo, ha advertido de que más de 55.000 viviendas perderán la protección en los próximos años, lo que dejaría el parque público en el 0,9 %.

 La situación de las familias “preocupa”

Alfaro ha reconocido que la situación de las familias afectadas “preocupa y mucho” al Gobierno y ha atribuido el problema a decisiones adoptadas “hace 20, 25 y 30 años”, cuando se promovieron promociones completas de alquiler protegido con “suculentas subvenciones de la Administración Pública” pero con una calificación temporal. “Estamos pagando las consecuencias de sus acuerdos de hace 20 años”, ha reprochado a la derecha. En el caso concreto de Sarriguren, ha explicado que se trata de dos promociones distintas adquiridas por Catella Group. Una de 60 viviendas cuyo plazo de alquiler protegido expiró el 5 de agosto de 2025 y otra de 108 viviendas cuya protección finaliza el 6 de marzo.

Respecto a las 60 primeras, la consejera ha señalado que, tras meses de negociación, se ha alcanzado un acuerdo para mantener las mismas condiciones a los inquilinos de 28 viviendas que tenían derecho a subvención en función de su renta, con ayudas del 25 %, 50 % o 75 %. El 2 de diciembre la Dirección General de Vivienda emitió una resolución para prorrogar durante un año la condición de alquiler protegido de esas 28 viviendas, con el compromiso del Ejecutivo de seguir subvencionando a los arrendatarios y con el mantenimiento por parte del fondo de las condiciones previas.

En cuanto a las 32 restantes de esa primera promoción, cuyos inquilinos no percibían ayudas al superar los límites de ingresos fijados por ley, el acuerdo contempla la renovación de los contratos para los actuales arrendatarios con el tope de precios que marca la declaración de zona de mercado tensionado en el Valle de Egüés, uno de los 21 municipios incluidos en esa delimitación. “Hablando en plata y con claridad: la declaración de zona de mercado tensionado ha evitado que estas viviendas pasen al mercado libre a un precio que es de suponer que ninguno de los inquilinos e inquilinas iba a poder asumir”, ha afirmado Alfaro, quien ha defendido que la limitación de precios ha actuado como “cortafuegos fundamental”.

Sobre las 108 viviendas cuya calificación expira el próximo mes, la vicepresidenta ha avanzado que las negociaciones seguirán “el mismo procedimiento” y ha evitado “lanzar las campanas al vuelo”, aunque ha asegurado que el Ejecutivo informará puntualmente al Parlamento. Además, ha anunciado conversaciones con propietarios de otras 200 viviendas que perderán la calificación este año.

 La protección de las viviendas caduca

Por su parte, Laura Aznal (EH Bildu) ha recordado que desde los años noventa se han construido en Navarra alrededor de 58.000 viviendas de protección oficial y ha sostenido que, de haberse mantenido su carácter permanente, el parque público podría situarse en torno al 17 %, en niveles similares a los de países europeos con mayor desarrollo social. Sin embargo, ha advertido de que más de 55.000 viviendas dejarán de estar protegidas en los próximos años debido a la “fecha de caducidad que las derechas impusieron”, lo que reduciría el parque público al 0,9 %.

Aznal ha señalado que miles de viviendas que “podrían equilibrar el mercado” han pasado, tras su descalificación, “al mercado especulativo” y ha puesto el foco en las 168 familias de Sarriguren. Ha recordado precedentes como el de Testa Residencial, vinculada al fondo Blackstone, cuyas viviendas, promovidas en 1997 como VPO con derecho a compra, cambiaron de manos en cinco ocasiones, perdieron el derecho de adquisición preferente y dejaron de ser protegidas en 2020, con incrementos de alquiler que, según denunció la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, llegaron hasta el 50 % por encima de lo pactado.

En el caso actual, ha criticado que el mayor tenedor de vivienda en Navarra, Adania, vendiera las promociones a Catella Group y ha advertido de que, una vez caducada la protección, el fondo podrá “disponer de ellas y especular”, truncando los proyectos de vida de las familias. Aunque ha valorado la declaración de zona tensionada como una “tregua temporal” que impide subidas sin límites, ha reclamado al Gobierno que concrete el estado de las negociaciones, las expectativas de su departamento y las garantías para asegurar la estabilidad residencial y el cumplimiento de los acuerdos.

La vicepresidenta ha defendido que desde la llegada de gobiernos progresistas las viviendas de alquiler que reciben ayudas públicas no pierden la protección y ha insistido en la necesidad de que la calificación de la vivienda protegida sea indefinida, frente a quienes cuestionan tanto esa medida como la eficacia de las zonas tensionadas. “Lo que podrían hacer ahora para evitar que queden al albur del fondo de inversión, también lo votan en contra”, ha reprochado a los grupos de la derecha.