La directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), Edurne Eginoa, ha defendido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento foral que las obras de duplicación de los túneles de Belate deben continuar pese a los vicios detectados en su adjudicación, al entender que así lo exige el interés general. Lo ha hecho al tiempo que se ha ratificado en los informes emitidos por la OANA, que concluyeron que el procedimiento era “nulo de pleno derecho” por la ausencia de actuaciones esenciales en el seno de la mesa de contratación.

“La obra tiene que continuar y hacerse hasta el final, por supuesto. Porque es lo que va a obedecer al interés general”, ha afirmado con rotundidad. A su juicio, paralizar ahora una infraestructura estratégica de estas características “sería un desastre” desde la perspectiva del interés público, “sin perjuicio de que no se adjudicó conforme a la ley”.

El núcleo de las críticas de la OANA se sitúa en el funcionamiento de la mesa de contratación y, en particular, en el sistema de valoración técnica empleado. Según Eginoa, ese mecanismo “no garantizaba la imparcialidad”, ya que permitía que uno de los miembros técnicos pudiera emitir o incluso modificar su puntuación conociendo previamente la de los demás.

Aunque no se haya acreditado que el presidente de la mesa, Jesús Polo, votara en último lugar con conocimiento de las calificaciones del resto, la directora ha subrayado que “la mera posibilidad” de que así ocurriera basta para considerar que el sistema no era garantista. “Más que entrar en quién votó antes o después, el problema es el propio sistema”, ha recalcado, recordando que esa fórmula “rompe la imparcialidad administrativa” y las garantías del procedimiento.

Preguntada por la existencia de posibles comisiones ilegales o indicios de corrupción, la directora ha sido tajante. Ha reconocido la detección de varias irregularidades administrativas, pero ha afirmado que no se han hallado “mordidas” ni indicios claros de delito. En caso de apreciarse, ha recordado, la Oficina está obligada a remitir el expediente a la Fiscalía.

Falta de deliberación

Más allá del sistema de puntuación, la responsable de la OANA ha puesto el acento en la ausencia de deliberación real en el seno de la mesa. Las comparecencias celebradas hasta ahora, ha señalado, han evidenciado que no existieron reuniones presenciales entre sus miembros y que no consta una sesión formal en la que se debatieran las propuestas y se sometieran a votación levantando acta en esos términos.

“Ha fallado un elemento esencial de los órganos colegiados, como son las deliberaciones”, ha resumido. Aunque la normativa permite reuniones por medios telemáticos o incluso intercambios por correo electrónico, ha recordado que los propios integrantes reconocieron las dificultades de ese funcionamiento y que, en un expediente marcado por una relación interna tensa, la negativa del presidente a convocar encuentros presenciales resulta difícil de entender. Varios miembros, según ha destacado, admitieron que una reunión cara a cara podría haber permitido resolver discrepancias arrastradas durante la tramitación.

Para Eginoa, en una mesa de contratación no basta con votar de forma aislada: es imprescindible deliberar, contrastar criterios y conformar la voluntad del órgano de manera colegiada. La ausencia de ese debate previo constituye, a su juicio, una vulneración de normas esenciales del procedimiento administrativo.

Alcance de los informes

Durante su intervención, Eginoa ha detallado que la Oficina coordinó su actuación con la Cámara de Comptos, que ya había analizado el expediente de Belate en el informe de cuentas de 2023. En ese reparto de tareas, la OANA asumió el estudio del funcionamiento de la mesa de contratación y los posibles riesgos de corrupción, incluidos eventuales conflictos de intereses, precisando que el informe de la Oficina no colisiona con el de Comptos, sino que es distinto y complementario, al centrarse en extremos no examinados por la Cámara.

Eginoa ha explicado, asimismo, que los informes fueron solicitados por la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, y que abarcaron no solo Belate, sino también contratos públicos relativos al colegio de Arbizu, dos promociones de VPO en Erripagaña y las oficinas del Navarra Arena, adjudicados a empresas como Acciona, Servinabar o Alegure. Se ha ratificado en todos ellos y ha indicado que no se abrió trámite de alegaciones porque no se consideró procedente. Incluso ha dejado abierta la puerta a elaborar un nuevo informe a la vista de las “muchas cosas nuevas” que, según ha dicho, están aflorando en la comisión.