El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, ha detallado este miércoles en el Parlamento de Navarra su relación con Antxon Alonso y ha negado cualquier conexión con la adjudicación de VPO en Erripagaña, en el marco de la comisión de investigación.
Durante su comparecencia, Aierdi ha explicado que su primer contacto con el administrador de Servinabar se produjo en 2018, cuando era gerente de Nasuvinsa, a raíz de una consulta sobre terrenos entre Lumbier y Sangüesa. El consejero ha subrayado que “no conocía a Antxon Alonso” hasta ese momento y que desconocía la empresa a la que representaba.
Según ha relatado, Alonso mostró interés en adquirir o alquilar esos suelos para un proyecto logístico vinculado a Mina Muga, aunque la operación no prosperó. Desde Nasuvinsa se remitió una propuesta económica que no obtuvo respuesta, por lo que no llegó a materializarse.
Viabilidad del proyecto
Ya como consejero, Aierdi ha reconocido que mantuvo reuniones con Alonso y múltiples encuentros con Ignacio Salazar, responsable del proyecto, con el objetivo de evaluar su viabilidad real y su impacto en la zona de Sangüesa.
El departamento consideraba la iniciativa potencialmente relevante, pero necesitaba confirmar si existía un compromiso firme de inversión. En este contexto, el consejero ha planteado dudas sobre si se trataba de un desarrollo industrial o de un “pelotazo” financiero.
Según ha explicado, mientras la dirección del proyecto trasladaba que las inversiones serían inmediatas, la información obtenida en sus reuniones con Alonso apuntaba en sentido contrario. “No hay intención de llevar adelante el proyecto y buscan vender a un tercero”, ha afirmado.
Rechazo a Forestalia
Aierdi ha sido tajante al desvincular estos contactos del proceso de adjudicación de viviendas protegidas en Erripagaña. Ha asegurado que no mantuvo reuniones con Acciona ni Servinabar en relación con ese expediente y ha rechazado cualquier insinuación de trato de favor.
El consejero ha insistido en que su actuación respondió a la necesidad de disponer de información fiable para determinar si el Gobierno debía intervenir en materia de infraestructuras.
En la recta final de su intervención, Aierdi ha mencionado una reunión con representantes de Forestalia, entre ellos Antxon Alonso y el presidente del grupo, Fernando Samper, en la que el Ejecutivo foral trasladó su oposición al proyecto.
Ha recordado que los informes ambientales previos ya fueron desfavorables y que el Gobierno de Navarra mantuvo ese criterio, llegando incluso a presentar un acuerdo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante la falta de respuesta del Ministerio.
