El exgerente de Nasuvinsa defiende que las VPO en Erripagaña se ajustaron a la ley pese a la falta de actas

Bayona ha sido cuestionado por el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), que detectó posibles irregularidades en dos promociones de 62 y 46 viviendas protegidas adjudicadas a la mencionada unión de empresas. Entre las deficiencias señaladas figuran la inexistencia de actas, la falta de documentación formal sobre decisiones adoptadas por las mesas y, en algunos casos, la ausencia de propuesta de adjudicación documentada.

El exgerente ha reconocido que la práctica habitual en la empresa pública era documentar estas reuniones, aunque en este caso no se han podido recuperar los registros. “La práctica habitual era redactar actas. En este caso, quien se encargaba de ello era el secretario de la mesa. Me disgustó que no hubieran aparecido, me habría gustado que estuviesen”, ha señalado, añadiendo que no recuerda si dichas actas llegaron a remitírsele en su momento.

Funcionamiento de las mesas

Durante su intervención, Bayona ha explicado el funcionamiento de las mesas de contratación en aquel periodo. Ha indicado que, en la adjudicación de la promoción de 62 viviendas —en la que participó como vocal—, no recuerda que existiera un presidente, una circunstancia también apuntada por la Oficina Anticorrupción. Según ha detallado, eran cuatro vocales y la coordinación recaía en el secretario, que centralizaba y distribuía la documentación.

En este sentido, ha afirmado que entre 2018 y 2021 no era habitual que las mesas de contratación de las empresas públicas contaran con presidente, una práctica que, según ha señalado, respondía a los criterios aplicados por la Corporación Pública Empresarial de Navarra en ese periodo. “Es cierto que en el año 2021 el legislador entiende que debe haber un presidente en la mesa”, ha precisado.

Además, ha apuntado que, en el caso concreto analizado, “no entraron en ese debate” porque el pliego ya estaba redactado conforme a ese modelo organizativo. También ha subrayado que la estructura de la empresa ha evolucionado con el tiempo y que actualmente los sistemas digitales impiden avanzar en los procedimientos sin completar todos los requisitos documentales, lo que evitaría situaciones como la detectada.

Pese a estas carencias, ha reconocido que la falta de actas constituye una irregularidad. “Si no hay actas, no hay actas, es una irregularidad, es un hecho objetivo”, ha señalado, aunque ha matizado que no comparte todas las conclusiones del informe de la OANA, al considerar que algunos aspectos tienen respaldo jurídico. “Entiendo el posicionamiento de la Oficina, pero hay aspectos en los que no estoy de acuerdo y que tienen justificación legal”, ha añadido.

Defensa de la legalidad del proceso

Bayona ha insistido en que el conjunto del procedimiento administrativo se desarrolló conforme a la normativa y ha reiterado que no ha observado “indicios de corrupción ni de manipulación” en su etapa en la empresa pública, ni tampoco injerencias políticas en los procesos de adjudicación. “No ha habido corrupción porque toda la trazabilidad y el trámite que se ha seguido en las dos licitaciones se ha ajustado a lo establecido por la ley”, ha subrayado, detallando que los expedientes incluyeron publicación en el portal de transparencia, plazos para presentar ofertas, informes técnicos y criterios de valoración conforme a los pliegos.

A su juicio, la ausencia de actas no invalida el proceso, ya que la secuencia administrativa puede reconstruirse a partir del resto de documentación. No obstante, ha admitido que esos documentos “deberían estar” y que su falta supone una deficiencia.

En relación con otras observaciones de la Oficina Anticorrupción, ha reconocido que no se ha podido acreditar documentalmente que la adjudicataria de la promoción de 46 viviendas cumpliera la obligación de contratar a personas con discapacidad, por lo que no es posible confirmar si se ejecutó esa condición.

Asimismo, sobre la exclusión de una empresa que presentó la mejor oferta técnica por superar el precio máximo de licitación, ha explicado que la mesa interpretó que se trató de un error y no de una práctica colusoria, al considerar que la compañía habría confundido el precio de licitación con el valor estimado del contrato y que no se detectó un “patrón inusual”.

En este apartado, también ha abordado el sobrecoste detectado en una de las promociones vinculado a la instalación de mamparas de ducha, que ha atribuido a un “cambio de criterio de empresa”. Según ha explicado, inicialmente Nasuvinsa no incluía este elemento en los proyectos y, al decidir incorporarlo posteriormente, fue necesario añadirlo a la obra ya en marcha, lo que incrementó el coste.

Relación posterior con Servinabar

Bayona también ha abordado su relación con Antxon Alonso, administrador de Servinabar, tras dejar la gerencia de Nasuvinsa. Ha asegurado que no mantuvo ningún vínculo previo con él antes de las adjudicaciones y que lo conoció precisamente cuando la empresa resultó adjudicataria.

Ha explicado que, una vez fuera del cargo, analizó algunas parcelas con potencial urbanístico vinculadas a intereses del empresario, un trabajo que surgió tras un encuentro “casual” entre ambos y que, según ha señalado, no generó contraprestación económica y “quedó en nada”. “Cuando lo hago lo hago en interés propio para poder captar proyectos. No cobré honorarios”, ha indicado.

Según ha detallado, este tipo de análisis forma parte de su actividad profesional habitual y responde a la dinámica del sector para identificar futuras oportunidades, tanto en Navarra como fuera de la Comunidad. También ha subrayado que no ha mantenido ninguna relación contractual ni laboral con la empresa y que, en caso de haberse producido, habría respetado los plazos legales de incompatibilidad.