El exgerente de Nasuvinsa Alberto Bayona ha afirmado este martes que “el trámite que se ha seguido en las dos licitaciones se ha ajustado a lo establecido por la ley”, en referencia a las dos adjudicaciones de vivienda protegida en Erripagaña a la UTE Acciona-Servinabar. Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, ha defendido la legalidad de los procesos pese a admitir que no se han localizado las actas de las mesas de contratación, una ausencia que ha atribuido a un “problema de custodia” y al paso del tiempo.
Bayona ha sido cuestionado por el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), que detectó posibles irregularidades en dos promociones de 62 y 46 viviendas protegidas adjudicadas a la mencionada unión de empresas. Entre las deficiencias señaladas figuran la inexistencia de actas y la falta de documentación formal sobre las decisiones adoptadas por las mesas de contratación.
El exgerente ha reconocido que la práctica habitual en la empresa pública era documentar estas reuniones, aunque en este caso no se han podido recuperar los registros. “La práctica habitual era redactar actas. En este caso, quien se encargaba de ello era el secretario de la mesa. Me disgustó que no hubieran aparecido, me habría gustado que estuviesen”, ha señalado.
Funcionamiento de las mesas
Durante su intervención, Bayona ha explicado el funcionamiento de las mesas de contratación en aquel periodo. Ha indicado que, en la adjudicación de la promoción de 62 viviendas —en la que participó como vocal—, no recuerda que existiera un presidente, una circunstancia también apuntada por la Oficina Anticorrupción. Según ha detallado, la coordinación recaía en el secretario, que centralizaba la documentación.
En este sentido, ha afirmado que entre 2018 y 2021 no era habitual que las mesas de contratación de las empresas públicas contaran con presidente, una práctica que posteriormente se modificó. “Es cierto que en el año 2021 el legislador entiende que debe haber un presidente en la mesa”, ha precisado.
Pese a estas carencias, ha reconocido que la falta de actas constituye una irregularidad. “Si no hay actas, no hay actas, es una irregularidad, es un hecho objetivo”, ha señalado, aunque ha matizado que no comparte todas las conclusiones del informe de la OANA, al considerar que algunos aspectos tienen respaldo jurídico.
Defensa de la legalidad del proceso
Bayona ha insistido en que el conjunto del procedimiento administrativo se desarrolló conforme a la normativa. “No ha habido corrupción porque toda la trazabilidad y el trámite que se ha seguido en las dos licitaciones se ha ajustado a lo establecido por la ley”, ha subrayado, detallando que los expedientes incluyeron publicación en el portal de transparencia, plazos para presentar ofertas, informes técnicos y criterios de valoración conforme a los pliegos.
A su juicio, la ausencia de actas no invalida el proceso, ya que la secuencia administrativa puede reconstruirse a partir del resto de documentación. No obstante, ha admitido que esos documentos “deberían estar” y que su falta supone una deficiencia.
En relación con otras observaciones de la Oficina Anticorrupción, ha reconocido que no se ha podido acreditar documentalmente que la adjudicataria de la promoción de 46 viviendas cumpliera la obligación de contratar a tres personas con discapacidad, por lo que no es posible confirmar si se ejecutó esa condición.
Asimismo, sobre la exclusión de una empresa que presentó la mejor oferta técnica por superar el precio máximo de licitación, ha explicado que la mesa interpretó que se trató de un error y no de una práctica colusoria, al considerar que la compañía habría confundido el precio de licitación con el valor estimado del contrato.
Relación posterior con Servinabar
En el tramo final de su comparecencia, Bayona ha abordado su relación con Antxon Alonso, administrador de Servinabar, tras dejar la gerencia de Nasuvinsa. Ha explicado que analizó algunas parcelas con potencial urbanístico, aunque ha asegurado que ese trabajo no generó contraprestación económica y “quedó en nada”.
Según ha detallado, este tipo de análisis forma parte de su actividad profesional habitual y responde a la dinámica del sector para identificar futuras oportunidades. También ha subrayado que no ha mantenido ninguna relación contractual ni laboral con la empresa y que, en caso de haberse producido, habría respetado los plazos legales de incompatibilidad.