Proponen multas de hasta 150.000 euros en caso de vandalizar los 'recordatorios' de ETA

Las asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA quieren hacer muchos cambios en la nueva norma que prepara el Gobierno de Navarra para renovar la anterior ley de víctimas, que fue aprobada en 2010.

Anvite, la AVT, Covite y la Fundación Tomás Caballero han firmado, de forma conjunta o por separado, un buen número de alegaciones contra el proyecto.

En muchos casos, se trata de enmiendas para incorporar a la norma reclamaciones de tipo económico o asistencial. En otros casos, los cambios propuestos responden a lecturas políticas y buscan cambiar la redacción de la ley, en la que sospechan que puede haber un intento de diluir la responsabilidad de ETA entre otro tipo de violencias que ha sufrido Navarra, hasta el punto de proponer la eliminación de alusiones a los GAL o el Batallón Vasco Español (BVE).

El departamento de Memoria estudia estas aportaciones hasta el 20 de abril y elaborará un informe en el que notificará cuáles se han incorporado y cuáles no de cara a la aprobación definitiva de la ley, que ya está en su recta final.

No suele ser habitual. En esta ocasión, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Anvite, una asociación cercana a UPN y que nació precisamente cuando la AVT decidió colaborar con el Gobierno de Barkos en 2017, han firmado unas alegaciones conjuntas.

Del "conflicto" al "terrorismo"

En ellas proponen varios cambios en el preámbulo de la ley, ahí donde queda condensado el espíritu de la norma. Proponen eliminar frases que hablan de la existencia del “terrorismo por motivaciones políticas” o sustituir cuando en el texto se habla de “situaciones de conflicto” por “acciones terroristas”.

También quieren que la ley remarque que ETA fue “el principal responsable de vulneraciones de derechos humanos en la historia reciente de nuestro país” en un párrafo del que solicitan eliminar las alusiones a los GAL o el BVE. Tampoco quieren que en el preámbulo de la ley se haga alusión a las leyes de Memoria Democrática o al daño causado por violencia de motivación política y quieren eliminar de la redacción los recordatorios de que Navarra también ha reparado a víctimas del franquismo y de funcionarios públicos y grupos de extrema derecha.

De alguna manera, todos estos cambios tiene su razón de ser en algo que explica de forma clara la Fundación Tomás Caballero en sus alegaciones, donde indica que se adhiere a las ya formuladas por Anvite. “Subrayamos la necesidad de evitar equiparaciones indebidas entre terrorismo y otros fenómenos históricos o políticos”.

Multas y veto

La propuesta conjunta de Anvite y AVT también incluye la incorporación de un capítulo para “proteger la dignidad” de las víctimas mediante un código sancionador. Las asociaciones quieren que el Gobierno multe con hasta 150.000 € a quien destruya una placa de homenaje a asesinados, entre otras sanciones menos graves y también con multa.

Por último, hacen una propuesta para el futuro Consejo Navarro de Participación de las Víctimas del Terrorismo, un organismo con el que el Gobierno quiere sentar a las asociaciones más representativas. AVT y Anvite proponen sustituir las vocalías a designar por el Parlamento foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) por funcionarios del Gobierno de Navarra designados por los departamentos. Según el anteproyecto de la ley, el Parlamento tiene derecho a designar dos vocales y la FNMC, una. La única justificación a este veto la excusan por una supuesta “mejora técnica” de la redacción.