El Gobierno de Navarra habrá pagado más de 3 millones de euros en ayudas para víctimas de violencia ultra y policial para cuando acabe el año 2026.
La ley foral que permite a los ciudadanos denunciar malos tratos policiales –o por parte de grupos de extrema derecha– ante una comisión de expertos ha reconocido ya a 114 personas como víctimas. No todas han recibido una gratificación económica, pero las que sí han tenido indemnización han recibido 3.015.489 € desde abril de 2024, cuando el Gobierno reconoció a las 12 primeras víctimas, entre ellas Mikel Zabalza y Mikel Arregi, ambos víctimas de la Guardia Civil.
Según los últimos datos proporcionados en el Parlamento foral por Martín Zabalza, director general de Paz y Convivencia, Navarra ha destinado un total de 1.815.489 € a indemnizaciones en los dos últimos ejercicios.
Según los datos de ejecución presupuestaria, fueron 1.243.384 € en 2024 y 529.906 € en 2025, una cifra algo menor que la proporcionada por el director general en la Cámara, aunque la partida correspondiente al año 2025 todavía tenía mucho dinero consignado sin ejecutar. A la cifra aportada por el director general –y que sirve como referencia para este artículo– hay que sumar 1,2 millones, que es lo que está previsto gastar en este concepto en los Presupuestos Generales de Navarra para 2026.
Víctimas equiparadas a ETA
El pasado 27 de febrero, el Gobierno habló de 106 víctimas reconocidas a fecha de 31 de diciembre. A esa cifra hay que sumar 8 más que fueron reconocidas el pasado mes de febrero. De todas ellas, 7 son con resultado de muerte, 71 por torturas y el resto sufrieron o daños físicos o psicológicos por distintas actuaciones policiales o de la extrema derecha.
La ley foral prevé, para las víctimas, distintas indemnizaciones. El departamento de Memoria siempre quiso que las víctimas de violencia ultra estuvieran equiparadas en derechos a las de ETA y dispuso indemnizaciones de hasta 250.000 € en caso de muerte y de hasta medio millón de euros por gran invalidez. Por incapacidad permanente absoluta: 180.000 euros; por incapacidad permanente total, 100.000 euros; por incapacidad permanente parcial, 75.000 euros.
La ley, que permitió crear la comisión de expertos que decide quién tiene la categoría de víctima y quién no, ya funciona a pleno rendimiento después de un inicio titubeante. El Tribunal Constitucional tumbó la norma aprobada en 2015 sobre este asunto, así que el Parlamento foral la rehizo en 2019. Entonces, PP, C’s y Vox la recurrieron gracias a sus votos en el Congreso. Estuvo dos años suspendida y sin entrar en funcionamiento, hasta que en 2021 una sentencia del Constitucional avaló por completo la norma. No fue hasta el año 2023 que entró en funcionamiento la comisión, que resolvió sus primeros casos favorablemente en abril de 2024.
