Exactamente un año separa a Navarra de su próxima cita con las urnas. El 23 de mayo de 2027, los colegios electorales abrirán sus puertas para reconfigurar el Parlamento de Navarra y el mapa municipal, en una jornada en la que se decidirán los 50 escaños de la Cámara y las corporaciones de todos los ayuntamientos. Sin embargo, el tiempo político real para legislar y gobernar es mucho más breve de lo que dicta el calendario electoral.
El tradicional parón veraniego de julio y agosto, sumado a la disolución del Parlamento casi dos meses antes de los comicios, reducen el margen de maniobra del Ejecutivo, que tiene un horizonte de apenas ocho meses para culminar sus proyectos pendientes, cerrar el acuerdo programático y armar un balance sólido con el que defender su gestión ante el electorado.
Este engranaje funciona como un mecanismo automatizado, sin margen para la discrecionalidad. Por ley, las elecciones forales se celebran el cuarto domingo de mayo cada cuatro años –salvo un adelanto electoral que jamás ha ocurrido en la historia de la comunidad–. Tomando el testigo del 28 de mayo de 2023, la cuenta atrás nos conduce directamente a ese 23 de mayo de 2027.
El cronograma legal, rígidamente tasado, activará su primera pieza clave 55 días antes de la votación. El 29 de marzo, la presidenta firmará el decreto de convocatoria; su publicación en el Boletín Oficial de Navarra (BON) disolverá de inmediato el Parlamento, restringiendo desde ese momento las facultades de la Cámara. A partir de ahí, el calendario restará días hasta las 00:00 horas del viernes 7 de mayo, momento en que arrancarán quince días exactos de campaña electoral. Dos semanas de máxima intensidad que concluirán a la medianoche del viernes 21 de mayo, abriendo paso a la obligatoria jornada de reflexión como antesala al veredicto de las urnas. La maquinaria ya está en marcha, y el tiempo corre.
Numerosas leyes pendientes
Entre las iniciativas que siguen pendientes de ver la luz, el Gobierno de Navarra cuenta con tres proyectos que están listos para afrontar su aprobación definitiva. Se trata del nuevo Estatuto del personal al servicio de las administraciones públicas; de la Ley Foral del Sistema Universitario –presentada públicamente el pasado lunes en un acto que reunió a representantes de toda la comunidad universitaria de la Comunidad Foral– y la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo, un texto que parte de una concepción más actual e integral que la normativa vigente hasta ahora e incorpora mejoras concretas para las víctimas, tanto en el ámbito económico como en el asistencial, con el objetivo de reforzar su protección y reconocimiento.
Hay otras normas que todavía continúan en fase de elaboración y que conforman el verdadero núcleo de la agenda legislativa pendiente del Ejecutivo de María Chivite. Entre todas ellas destaca la futura ley de Salud, probablemente el proyecto de mayor envergadura de la legislatura. La norma está llamada a redefinir aspectos clave del sistema sanitario público navarro, desde su ordenación y gobernanza hasta los mecanismos destinados a garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
Junto a ella figura otra de las apuestas estratégicas: la ley de Industria, que pretende fortalecer la competitividad de la economía navarra, acelerar los procesos de modernización tecnológica y crear un marco más favorable para la llegada de nuevas inversiones a la Comunidad Foral.
Dentro de este bloque de iniciativas prioritarias también se encuentra la futura ley de Despoblación, con el fin de dotar a Navarra de una estrategia transversal frente al reto demográfico mediante medidas orientadas a garantizar el mantenimiento de servicios públicos, la actividad económica y las infraestructuras en las zonas rurales. A esta iniciativa se suma la modificación de la Renta Garantizada, una reforma especialmente relevante por su impacto social. No en vano, afecta al principal instrumento de protección económica con el que cuenta la Comunidad Foral para atender a las personas y familias en situación de vulnerabilidad.
Más allá de estos proyectos considerados prioritarios, el plan normativo del Ejecutivo mantiene abiertas numerosas carpetas. El Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias continúa trabajando en la ley de Viviendas Colaborativas y en una nueva ley de Juventud; y Cohesión Territorial tiene aún pendientes la actualización de la ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo y la reforma de la Administración Local de Navarra. La actividad legislativa también alcanza al Departamento de Industria, que impulsa una nueva ley de Comercio; Derechos Sociales prepara la futura ley de Dependencia; Desarrollo Rural y Medio Ambiente ultima la ley de Calidad Alimentaria; y Cultura, Deporte y Turismo tiene comprometida la elaboración de una nueva Ley Foral del Deporte.
