pamplona. La Fundación Aspace Navarra Residencial (FANR) se plantea emprender acciones legales para esclarecer las condiciones en las que se adjudicó la gestión del Centro Infanta Elena en el concurso público celebrado este año.

La directora general de Aspace Navarra, Fernanda Esparza, el patrono de FANR, Jesús Hernández y la representante del comité de dirección de Aspace Belén Mateo, se refirieron ayer al proceso de adjudicación como "poco transparente" y "plagado de sorpresas e incidencias". Los responsables de la entidad apuntaron a la "escasa diferencia" en la puntuación (79 puntos frente a 78,30) que separó el proyecto presentado por Aspace del de Mapfre Quavitae, a quien se le adjudicó finalmente la gestión del centro. En este sentido, se preguntaron por qué ante un margen tan reducido se pronunciaron a favor de una entidad lucrativa frente a una que no lo es y que además atestigua "más experiencia en centros asistenciales" (gestionaron el Infanta Elena durante 13 años) y que "gestiona numerosos centros".

En el aspecto económico, frente a unos presupuestos muy similares que presentarán ambas entidades, Aspace argumenta que Mapfre dispondrá de 300.000 euros menos para la gestión del centro ya que este importe deberá destinarlo a pagar el IVA, por tratarse de una entidad con ánimo de lucro. Por otro lado, respecto a las cuestiones técnicas, igualmente valoradas en el concurso, Jesús Hernández destacó que la única experiencia que tiene Mapfre en gestionar centros para personas con discapacidad en Navarra es la del Centro Valle del Roncal, que se encuentra "inmerso en un litigio".

Fernanda Esparza indicó que pidieron ver el expediente completo de adjudicación pero que "únicamente ha tenido acceso a él el PSN, que lo solicitó al Parlamento". El Grupo Socialista pidió la comparecencia de la consejera de Asuntos Sociales, María Isabel García Malo, en comisión parlamentaria para explicar el proceso de adjudicación. García Malo justificó la decisión el pasado jueves, pero los responsables de Aspace consideran "insuficientes" las explicaciones aportadas.

Según indicó Belén Mateo, acatan la resolución pero tratarán de "explicar a la opinión pública qué aspectos nos parecen mejorables en relación con los contratos públicos". Así, "ante la decepcionante comparecencia de la consejera", estudian "la posibilidad de imponer una demanda ante el contencioso-administrativo" para aclarar lo sucedido.