Abortar en las primeras 14 semanas no requerirá desde hoy justificación

Madrid. Las mujeres mayores de 16 años podrán a partir de hoy abortar hasta la semana 14 de gestación sin necesidad de dar explicaciones, al amparo de la nueva ley del aborto que entra en vigor. Sin embargo, interrumpir el embarazo voluntariamente deja de ser así un delito despenalizado en algunos supuestos para convertirse en un derecho, precisamente cuando se cumplen 25 años de la aprobación de la primera normativa, en 1985, que ha permitido que un total de 1.300.000 mujeres hayan abortado en España.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo se estrena sometida a juicio, ya que el Partido Popular y el Gobierno de Navarra han pedido ante el Tribunal Constitucional (TC) la suspensión cautelar de 8 de sus artículos por entender que el "aborto libre" es contrario al derecho a la vida, garantizado por el artículo 15 de la Carta Magna. Por su parte, asociaciones de médicos y discapacitados presentarán hoy un recurso de amparo ante el Alto Tribunal porque la nueva legislación establece una diferencia "jurídicamente insostenible" sobre lo que es un feto sano y otro enfermo o inferior, a cuya vida se puede poner fin en el seno materno.

El TC, en su sentencia de 1985, señaló que la vida del que va a nacer es un bien jurídico que el Estado tiene la obligación de proteger, por lo que despenalizó este delito, recogido en el Código Penal, sólo en los supuestos en que los derechos del niño entraban en grave conflicto con los de la madre.

Desde hoy, las afectadas podrán abortar hasta la semana 22 en caso de riesgo para su salud física o psíquica -supuesto este último al que se acogieron en España en 2008 el 96% de ellas-, y también por enfermedad grave o malformaciones del feto. Si se descubren anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave del bebé no hay límite de tiempo para actuar, contando con la opinión de un Comité Clínico.

la polémica El punto más polémico de la ley ha sido el situar la mayoría de edad para abortar en los 16 años, y el hecho de que las menores no tengan que informar a sus padres si alegan que pueden ser coaccionadas o sufrir violencia familiar. Conocida esta situación, será el médico de alguna clínica privada -sólo el 3% de los abortos en España se practican en la Sanidad pública- quien tendrá que tomar la decisión de actuar, apoyado si lo desea por un psicólogo.

La renovada ley refleja expresamente el derecho a ejercer la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios implicados en la interrupción voluntaria del embarazo y se estipula que las mujeres reciban información sobre las ayudas públicas y derechos de su estado. También se incorpora la formación en salud sexual en el sistema educativo, y que los sanitarios estudien en las universidades la interrupción voluntaria del embarazo.