pamplona. En concreto, las empresas propietarias de las viviendas alquiladas, con la excusa de reparar supuestos daños causados por el inquilino, hacen que recaiga sobre ellos el coste de auténticas reformas del inmueble. En este sentido, las posibilidades de defensa del inquilino son reducidas, ya que la empresa propietaria dispone de un aval bancario, que ejecutará en caso de que el inquilino no pague.

Algunos promotores de viviendas protegidas para alquiler exigen a los solicitantes de vivienda la garantía de un aval bancario, para entregar una vivienda en arrendamiento. Este aval garantiza que en caso de incumplimiento del contrato por parte del inquilino, la empresa propietaria pueda cobrar las rentas impagadas, o los daños causados en la vivienda.

El aval bancario sirve por tanto como garantía para la empresa propietaria. Sin embargo, se han observado casos en los que la empresa propietaria de las viviendas hace un uso incorrecto de este garantía, cuando vence el contrato de arrendamiento.

En concreto, en los casos observados la empresa propietaria gira una liquidación al inquilino, por los daños que ella estima se han causado en la vivienda. Los inquilinos denuncian que con la excusa de algún pequeño desperfecto, hacen que recaiga sobre ellos el coste de auténticas reformas del inmueble.

Así, ha habido casos en el que por unas tablas rayadas, se ha levantado todo el parqué del salón con un coste de 1.100 euros para el inquilino. En otros, la promotora ha encargado pintar de nuevo toda la casa por 900 euros para los antiguos inquilinos por unas mínimas rayas.

Los problemas surgen cuando el inquilino se niega a pagar la cantidad exigida por la empresa propietaria. La empresa dispone de un aval bancario que puede ejecutar de forma unilateral, siendo suficiente con que requiera notarialmente a la entidad bancaria. En algunos casos se han solucionado los conflictos solicitando el inquilino que pida un presupuesto a una empresa externa para subsanar los defectos. En estos casos se logra que únicamente se le cobre este presupuesto.

Desde Irache consideran que se deberían poner desde la Administración los medios necesarios para que la existencia de un aval no se convierta en un instrumento que deje a los inquilinos desprotegidos.