Advierten de la exclusión de miles de familias inmigrantes y autóctonas con la renta básica

Cáritas y los colectivos que integran la Plataforma por la Defensa del Derecho a la Renta Básica comparecieron ayer en el Parlamento a instancias de Izquierda-Ezkerra para defender la "eficacia" del actual sistema, corrigiendo los retrasos. Detrás de una modificación legislativa debería haber, según Iriarte, una evaluación y un estudio de impacto futuro, "y sin esa visión, no dar pasos". Recomendó a la Administración que "escuche un poco más a los que trabajamos con los afectados y los que estudian estos temas". En tiempos de crisis, indicó, se debe priorizar desde la Administración "el empleo" y "no dejar lo fundamental por cubrir". Hay que reducir y, al menos, no aumentar las tasas de exclusión, por lo que manifestó serias dudas sobre la nueva ley.

A Cáritas le preocupa de la nueva ley que no deje resquicio, señalaron Ángel Iriarte y Sara Gómez, a la "discrecionalidad" tanto en la residencia legal como continuada de los 24 meses, lo que excluye no sólo a inmigrantes sino a "muchos autóctonos", y sin alternativas. Destacó la situación en la que quedan familias inmigrantes, muchas de ellas monoparentales, con menores a cargo que nunca tuvieron papeles o los han perdido al quedarse sin trabajo, aquellas personas que se han "ausentado" a otras comunidades por trabajos temporales (como recoger peras en Lérida), o han viajado por enfermedad o fallecimiento de familiares. Qué ocurrirá, se preguntó, con mujeres sin papeles que son "víctimas de la explotación sexual". O con aquellas que lleven 24 meses recibiendo la ayuda porque "muchos pueden ser autóctonos y no tener trabajo". "¿Quién va a dar de comer a esas personas? ¿Quién les dará techo?". O qué ocurrirá, observó, con las personas que llevan "procesos de acompañamiento social y se van a quedar sin ingresos". "La mayoría de las personas que no tienen empleo están deseando tenerlo, y no tenerlo no tiene nada que ver con la responsabilidad personal...", precisó.

Indicó también que los retrasos, lejos de mejorar, se han agudizado. Así, los servicios sociales de base tardan alrededor de dos meses y medio en resolver expedientes que, luego, se demoran entre cinco y seis meses en Política Social. Una tramitación poco ágil y, además, sin que se siga un criterio homogéneo por parte los servicios sociales. Así, hay trabajadores que adelantan la renta ante un desahucio, mientras que otros no lo admiten porque "todo es urgente". Citó también que hay ayudas extraordinarias que se demoran hasta ocho meses. Y a su juicio, supone un "verdadero error en la acción social" dar de vez a una familia tres, cuatro o cinco mensualidades...".

retirada inmediata También desde los colectivos que integran la coordinadora por la renta básica, Axola, Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, SOS Racismo, La Hormiga Atómica y la plataforma de Papeles y Derechos Denontzat pidieron ayer la retirada inmediata de una ley que "ni siquiera" ha contado con un proceso de participación social, que supone un "retroceso en derechos sociales y de justicia social" y que, lejos de luchar contra la exclusión social es a lo que "van a verse abocadas miles de familias". Y ofrecieron su "acercamiento" al Gobierno para conocer casos con nombres y apellidos. Renta que no se dirige a todos los hogares, sino a los que están en situación de "exclusión" no a los que llegan del desempleo: ¿Se les va a facilitar un trabajo remunerado que cubra sus necesidades y las de su familia?, se preguntan Ana Fernández, Ainhoa Murugarren, Ubaldo González, Bea Villahizan y Marisol de la Nava. Muchas familias no han podido renovar sus papeles al perder el empleo o por los propios retrasos en la renta básica. Acusaron también al Gobierno de "criminalizar la pobreza" con "argumentos perversos" e "injustificados" de fraude y efecto llamada. El propio proyecto de ley cifra en un 18% los expedientes concedidos que se denegarían, unos 2.315. Ana Fernández, de Axola, explicó que en 26 años de experiencia como trabajadora social se había topado con semejante "retroceso y jamás imaginé que sería el PSN responsable". Uno de sus efectos será la "desprotección infantil". Ubaldo González, de la Red de la Pobreza, cree que "unas 3.000 personas se van a quedar fuera" va a suponer una "fractura social", y dejará en la "invisibilidad" a un sector que lleva años en Navarra y seguirá. Serán estas entidades las que recibirán una mayor demanda pero, a su vez, con menos medios. Medidas sin el marco de un "plan global contra la inclusión social" para resolver la situación de unas 20.000 personas.