Vigilantes de seguridad comienzan a trabajar ya en la cárcel de Pamplona

pamplona. Dos vigilantes de seguridad privada por cada turno de ocho horas, a un total de seis guardias privados al día para completar las 24 horas. Son las nuevas incorporaciones del centro penitenciario de Pamplona, que han llegado por el momento a reforzar y a privatizar en parte el servicio de seguridad de la cárcel pero que, en última instancia, según los planes de Interior y las previsiones que manejan los sindicatos relacionados con este ámbito, podrían sustituir de aquí a nueve meses a los agentes de la Guardia Civil que trabajan en los centros penitenciarios.

Los vigilantes privados se incorporaron el lunes al trabajo en 21 prisiones del Estado, entre ellas a la de Pamplona. En el centro navarro, un vigilante se ubicará en la estancia desde donde se realiza el seguimiento de los monitores de videovigilancia mientras que otro de ellos se encargará del control de accesos del recinto; el primero lo hará siempre acompañado de un guardia civil y el segundo, auxiliando en su caso a un funcionario de prisiones.

El pliego de condiciones para la adjudicación del servicio de vigilancia preveía entre las funciones de los guardias privados el control perimetral de las cárceles, así como de las entradas y salidas del centro. En cualquier caso, estos vigilantes no portarán armas, no podrán quedarse solos en sus funciones y solo ejercerán labores propias de acompañamiento, sin intervención inmediata ni sustitución de las labores de los funcionarios públicos. De hecho quedarán subordinados a las directrices de los funcionarios policiales.

Será así al menos durante nueve meses, que será lo que se prolongue el periodo de pruebas de esta experiencia piloto para comprobar si el modelo se mantiene y se extiende a todas las prisiones del Estado. En ningún caso está previsto que se destinen a la seguridad de los reclusos, función precisamente en la que se viene reclamando en Pamplona un mayor número de funcionarios debido a la escasez de personal para vigilar las ocupaciones de los internos.

Esta iniciativa del Ministerio de Interior pretende dar empleo a empresas vinculadas a la seguridad privada y que habían perdido servicios debido a la desaparición de ETA y a la menor presencia de escoltas para protección de los cargos públicos de Navarra y la CAV.