LA tragedia del Madrid Arena, en la que hace un año cinco chicas jóvenes perdieron la vida en una macrofiesta que marcó un antes y un después en la seguridad del ocio nocturno. Un año después, con la investigación para intentar aclarar las causas del incidente a punto de llegar a su fin, no habrá macrofiestas en la noche de Halloween en Madrid. Doce meses, cinco muertes, cero responsables. Con este lema los familiares de las cinco víctimas resumen un año de instrucción de un caso en el que todavía no se ha metido entre rejas a ningún responsable y que se pudo haber evitado.
La tragedia del Madrid Arena no ha cambiado la noche madrileña pero sí marcó un antes y un después en su seguridad: la presencia policial y las inspecciones se han intensificado en los locales y también en los grandes eventos. Así, la Policía Municipal debe estar presente en los espectáculos públicos con más de 5.000 asistentes y los servicios de emergencia han de acudir a los eventos que celebren en instalaciones públicas. Además, recientemente se ha creado una unidad específica para la vigilancia de grandes eventos, integrada por una veintena de agentes municipales con conocimientos en Derecho y riesgos laborales.
Julián Leal, portavoz del Colectivo Profesional de Policía Municipal dijo que los locales "ahora se miran con lupa". "El Madrid Arena ha marcado un antes y un después, ya que antes se hacían inspecciones, pero no de forma tan inquisitiva", reconoció Leal. Los organizadores de grandes eventos y los dueños de las salas "dejan ahora a un lado el criterio económico y atienden más la seguridad", sostuvo.
Por su parte, la Plataforma Empresarial Ocio y Turismo de Madrid también considera que el Madrid Arena marcó un antes y un después en la noche madrileña, pero porque "provocó una tristeza y desazón tanto a nivel social como institucional".
El portavoz de la Plataforma, Vicente Pizcueta, dijo que tras el suceso hubo "mayor celo e inspecciones" en los locales, lo que atribuyó a "una preocupación e inquietud de las instituciones" que es "totalmente injustificada". "La preocupación política no se corresponde con la realidad de las 40.000 empresas de ocio que hay en Madrid", que "tienen la conciencia tranquila" porque cumplen la ley, según Pizcueta.
Además, en su opinión, "el aforo no mide la seguridad" y en los "muy pocos" locales que han sido clausurados durante el último año por superar el número de personas permitido -como la conocida sala Stella- "no existía un problema de seguridad real". El portavoz incidió en que el suceso "fue un caso excepcional que ocurrió en un macroevento, y a nivel institucional hay que tomar medidas para mejorar la imagen turística de Madrid".
prohibición La tragedia del Madrid Arena hizo que el Ayuntamiento prohibiera desde el primer momento la celebración de eventos similares y que restringiera la cesión de sus espacios solo a espectáculos en los que todos los espectadores estuvieran sentados.
También obligó a extremar la seguridad en algunos de los grandes espacios municipales que concentran periódicamente a miles de personas, entre ellos el Palacio Municipal de Congresos y el Pabellón de Cristal, gestionados también por la empresa Madrid Espacios y Congresos (Madridec), y que permanecieron cerrados varios meses hasta que se acometieron reformas. El Madrid Arena pabellón estuvo cerrado 175 días, la mayor parte por el precinto judicial, hasta que una feria de material de construcción organizada por una empresa lo reabrió el 24 de abril.
La tragedia tuvo también su cupo de víctimas políticas y provocó tres remodelaciones en tan solo cien días en el Gobierno de Ana Botella, que afectaron a tres de sus siete concejales, todos hombres fuertes de la alcaldesa. Botella perdió sucesivamente a su delegado de Economía y Empleo, Pedro Calvo; a su vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, y a su responsable de Medio Ambiente -que era de Seguridad en la fatídica fecha-, Antonio de Guindos.
responsabilidades Respecto al resto de responsabilidades, el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, prevé concluir en diciembre de este año la investigación del caso. En la causa están imputadas veinticuatro personas pertenecientes a Diviertt -los promotores de la fiesta-, Kontrol 34, Seguriber, Madrid Espacios y Congresos -la empresa municipal gestora del Madrid Arena-, el equipo encargado de la asistencia médica en el evento y la cúpula de Seguridad, Policía Municipal y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. En los últimos doce meses, un total de 42 testigos han comparecido para aportar su versión de lo ocurrido, como el supervisor de guardia del Samur, Antonio San Juan, o los amigos de las chicas fallecidas. Además, un total de 43 lesionados la noche de los hechos se han personado y se han sometido a estudios médico-forenses.
La Fiscalía siempre ha trabajado con la calificación de los hechos como una imprudencia grave o temeraria, con resultado de muerte y de lesiones. El Grupo de Homicidios de la Policía Judicial de Madrid debe entregar además su informe sobre el nuevo recuento de las ocho urnas con entradas decomisadas en el recinto, que ya en noviembre fueron contabilizadas con el resultado 16.791 pases, un 58,4% más del aforo permitido para el evento. El último en ser imputado es el empleado que presuntamente abrió el portón de emergencia por el que numerosos jóvenes accedieron a la pista central del pabellón, que declarará el 1 de noviembre.
