pamplona - Los sindicatos que rechazaron firmar las nuevas normas de gestión de listas de contratación temporal en Salud coincidieron ayer en destacar que las aprobadas empeoran las anteriores de 2009, lo que les hace prever un aluvión de reclamaciones, y exigieron la convocatoria de oposiciones para cubrir las necesidades en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
LAB fue contundente en su oposición a la orden foral reguladora de la contratación, que, según advierte, será ahora más opaca. “Mientras aumenta la posibilidad de la contratación arbitraria y mantiene medidas punitivas por rechazar contratos, merma los derechos del personal en listas y sus garantías jurídicas de respeto a su orden de prelación dando plena potestad a la dirección para contratar de manera arbitraria”. A juicio del sindicato, todo ello es una salida de la dirección de Recursos Humanos de Osasunbidea “para intentar evitar los cientos y cientos de reclamaciones interpuestas por el personal contratado ante las continuas irregularidades en la contratación”. Solo LAB ha asesorado casi 200 reclamaciones. “Teniendo en cuenta las que han asesorado otros la cifra total puede ser de escándalo”, destacó el sindicato
LAB defendió que la normativa debería sustentarse en un mayor control por parte del personal contratado sobre las listas, una mayor garantía en el llamamiento y la no injerencia en este de las jefaturas de unidad o servicio, “buscando imponer transparencia y honradez en la gestión de la contratación temporal, algo impensable para los gestores de UPN”, denunció.
ELA, por su parte, subrayó que la actual normativa empeora el acuerdo de 2009 “y al igual que este no garantiza el respeto a los principios de la igualdad, mérito y capacidad. Es una coartada para no convocar OPE aun faltando personal”, aseveró el sindicato para el que la orden foral “convierte casi en definitivas y en muy fragmentadas las listas abiertas y permanentes que iban a ser excepcionales, además, no concreta la realización de pruebas selectivas entre oposiciones”, destacó. Para ELA, es una norma que permite contratar “discrecionalmente”. “Es muy significativo que tenga mucho menos apoyo sindical que la anterior, solo el del SMN, lo que prueba que el Gobierno retrocede en prácticas democráticas”, criticó.
El sindicato de enfermería SATSE sostuvo que Salud ha endurecido las condiciones de no disponibilidad de los aspirantes a las contrataciones y de penalización, “puesto que el perder el orden de prelación es definitivo hasta que no haya otra convocatoria de nuevo concurso-oposición que genere una nueva lista”. Según SATSE, este endurecimiento es especialmente gravoso en contratos de jornadas reducidas como son las de un tercio, de forma que una renuncia de este tipo de contrato hace que el aspirante a contratación pase al último lugar sin posibilidad de recuperar pasado un tiempo el orden de prelación. SATSE hizo una propuesta para dar una solución a estos contratos que no fue aceptada. La organización también rechazó el aumento de las listas especiales con respecto al acuerdo de 2009, puesto que, según dijo, “no todas tienen las mismas posibilidades de acceso a las contrataciones con los requisitos establecidos para entrar en ellas, y además, no se contemplan para Atención Primaria, cuando ésta es una especialidad de enfermería ya reconocida por el Ministerio”.
Por otra parte, para SATSE, la elección de ámbitos de trabajo soluciona en parte la alta rotación del personal por los centros, unidades o servicios, algo que, explicó el sindicato, “beneficia en primer lugar al paciente, e intenta compaginar las demandas del personal de plantilla con el personal a contratar, actualmente sometido a la exigencia de conciliar su cualificación profesional con la alta rotación demandada por la empresa”. Desde el sindicato, se reconoció como mejora las listas especiales abiertas y permanentes, pero no que solo se puede pedir cambios una vez al año. “Pedimos a la Administración que habilitara la posibilidad de cambiar de lista en cualquier momento para que el profesional no quedara encerrado en una lista durante un año, sin embargo, tampoco se aceptó”.
imposición UGT destacó la falta de diálogo por parte de Salud. “La normativa se va a implantar de forma impositiva y sin tener en cuenta ni una sola de las propuestas de la representación sindical. Y el resultado es que nos encontramos con una normativa todavía más farragosa e impracticable. Tras un año de negociación, la Administración se ha cerrado en banda y el sistema es más restrictivo que el anterior. Por todo ello, este documento tiene un rechazo sindical generalizado”.
UGT propuso cuatro puntos para firmar el acuerdo: limitar las listas especiales y los ámbitos, considerar el contrato gravoso, por ejemplo, el contrato a tiempo parcial y a una excesiva distancia -supone mayor coste económico trabajar que no trabajar-, de forma que su rechazo no tuviera penalización y garantizar que los llamamientos se hicieran a lo largo de una jornada o de dos y no de manera inmediata. “Una cosa es estar disponible para trabajar y otra estar disponible para recibir llamadas a cualquier hora del día”, explicaron desde el sindicato, que criticó que ninguna fuera aceptada por Salud.
