- Los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han rechazado por unanimidad los aspectos clave de la ley del "solo sí es sí", la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación, si bien Igualdad ha anunciado que seguirá adelante con el anteproyecto. El órgano de gobierno de los jueces aprobó ayer su informe sobre el anteproyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual, un dictamen crítico -pero no vinculante- que llega tras cuatro meses de deliberaciones y que se opone al núcleo de la norma. A pesar de este revés, la ministra de Igualdad, Irene Montero, reiteró que la norma seguirá adelante: "Solo sí es sí. Será ley", escribió en Twitter.
A punto de su renovación, el pleno del CGPJ respaldó la propuesta sobre la ley de libertad sexual elaborada por los magistrados Roser Bach, Pilar Sepúlveda y José Manuel Fernández (encuadradas las dos primeras en el considerado sector progresista y el tercero, en el conservador).
El dictamen estima que la obligación de que el consentimiento sea expreso, concluyente e inequívoco por parte de la víctima de delitos sexuales puede comportar una "inversión de la carga de la prueba".
El anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio de Montero indica que "se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto".
El problema, "no es conceptual, sino de prueba": "Se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia".
Además, a su juicio, no se evitará con esa definición la denominada "victimización secundaria", ya que los interrogatorios girarán sobre el modo en que la víctima suele prestar su consentimiento sexual, para determinar que en el caso en cuestión lo hubo.
El segundo aspecto clave de la ley, la eliminación de la distinción entre abuso y violación -que está en el origen de la norma tras las protestas por las primeras sentencias de La Manada- tampoco ha sido vista con buenos ojos por los jueces.
En el anteproyecto se opta también por eliminar el delito de abuso sexual y crear una categoría única de agresión sexual para evitar que fuera considerada abuso una violación en la que no se lograra probar la existencia de violencia o intimidación.
Pero el CGPJ cree que eliminar el delito de abuso sexual puede perjudicar a la víctima y derivar en desprotección, al no castigar con mayor pena a quienes cometan actos más graves. Para evitarlo, proponen crear una modalidad agravada de agresión, con violencia o amenazas, en la que se imponga la pena en su mitad superior.
A pesar de este dictamen desfavorable, Igualdad no modifica sus planes y espera tener lista la norma en un mes y medio, unos plazos que frustran el deseo de Montero de que el proyecto fuera aprobado cerca del 8 de marzo, Día de la Mujer.
"Si el informe del CGPJ va en sentido regresivo, como pasó con los de la ley contra la violencia de género y el matrimonio igualitario, la obligación del Gobierno y de los proponentes de la ley -los ministerios de Igualdad y Justicia- es seguir adelante", destacó la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.
Rosell recordó que la legislación internacional -el Convenio de Estambul y la CEDAW- exige que la tipificación de los delitos sexuales se haga en función de la existencia de un consentimiento expreso y no de los medios de comisión del delito -con violencia o intimidación-.
Se trata, dijo Rosell, de pasar de una concepción patriarcal del derecho penal sobre la libertad sexual, "que significa que un hombre tiene derecho a usar el cuerpo de la mujer hasta que esta dice que no", a un sistema basado en el consentimiento libre, consensuado y mutuo.
La delegada, que pidió prudencia puesto que el Ministerio aún no ha recibido el informe del CGPJ, criticó que este órgano se haya pronunciado sobre la ley del solo sí es sí de una forma similar a como lo hizo en 2004 sobre la ley contra la violencia de género y también que se haya demorado tres meses en emitir el informe.
Especialización jurisdiccional. La unanimidad de los vocales solo se rompió en lo relativo a la especialización en materia de violencia sexual de los órganos judiciales: solo Pilar Sepúlveda votó a favor.
Ley de violencia de género. En 2004 el CGPJ valoró la ley contra la violencia de género, una decisión que dividió al órgano y que salió adelante con 10 vocales a favor y 9 en contra, frente a la unanimidad alcanzada hoy.
