osé Luis Aranda y Daniele Grasso dejaban caer el martes 6 de abril en El País que, al margen “de la batalla política entre PSOE y Unidas Podemos sobre cómo regular los alquileres, algunas cosas ya están claras”. ¿Cuáles eran dichas evidencias? “La nueva ley tendrá que abrir la vía para la declaración de las zonas de mercado de alquiler tensionado”, siendo así como se conocen “las áreas en las que los alquileres han crecido por encima de lo que se consideraría razonable”, defienden ambos en un reportaje que contaba en portada con un titular convincente (“Los alquileres, disparados en más de cien municipios”).

La semana se las traía… Tres días más tarde y según Europa Press, el Consejo de Europa, a través del Grupo de Expertos en Acción contra la Trata de Personas del Consejo de Europa (GRETA), ya alertaba “del uso en España de pisos turísticos para explotar sexualmente a mujeres”. Pero también Martín Cúneo se hacía eco ese 10 de abril, en Hordago-El Salto, de esta situación: “Hubo quien pensó que la pandemia acabaría con el negocio de los pisos turísticos y con Airbnb. No los inversores, que impulsaron la valoración de la compañía hasta los 93.000 millones de euros en su salida a bolsa el pasado diciembre”.

Lo escrito: ¡vaya semanita!

“La actitud agresiva de los lobbies de la plataforma se ve agravada por la sorprendente ignorancia de los funcionarios de la UE sobre cuánto está en juego en estas ciudades”, añade Cúneo. Terrible. Y el martes 13, Hordago incluye dos reportajes que muestran la dificultad del periodista para hacerse cargo de la situación. “Así contribuye la economía social y solidaria a cerrar la brecha salarial” es el titular del trabajo de Patricia Reguero Ríos en el que se recuerda algo tan significativo como la “ley de igualdad retributiva”, aquella “que entra en vigor este miércoles” y “llevará a las empresas la obligación de registrar sus salarios y velar por la igualdad de las retribuciones a sus plantillas, un aspecto en el que la economía social va por delante”.

Ese mismo día, sin embargo, Hordago presenta otro artículo, firmado por la redacción de El Salto: “Colectivos de empleadas domésticas denuncian el desamparo que sufren”. “Hoy, 13 de abril -recuerda este trabajo-, estaba previsto el juicio por el caso de siete mujeres migrantes que fueron sometidas a abuso sexual, agresión sexual, detención ilegal, trata y explotación ilegal, por parte de quienes fueron sus empleadores, una pareja residente en Vigo”. Toda una aventura, la información acerca del combate contra el origen de la injusticia y la desigualdad. Pese a todo, Alejandra de la Fuente nos da una pista el jueves 15 en Público.

“El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunció este lunes su nueva propuesta para retrasar la jubilación consistente en incentivar a aquellos que retrasen su edad de retiro y vincular las pensiones al IPC del año anterior, compensándose los años de inflación negativa a lo largo de los tres siguientes”, informa. Añade, a continuación, que “una parte de la población activa que ya de por sí está envejecida como es el funcionariado (hay que tener en cuenta que las Administraciones Públicas perderán en diez años más de 900.000 funcionarios por jubilación) podría verse aún más envejecida si se aplica esta medida y muchos funcionarios se acogen a ella”. “Por otro lado -explica-, la aplicación de esta norma conllevaría el retraso del relevo de una parte del funcionariado con las implicaciones que esto trae consigo, como la adaptación de las nuevas tecnologías y las nuevas formas y modalidades de trabajo”.

“Sin duda -concluye Alejandra de la Fuente-, una de las principales razones del deterioro que sufre el sistema de pensiones son los bajos salarios. Los salarios en España han bajado de forma considerable en las últimas décadas, salarios que son los encargados de sustentar el sistema de pensiones. De hecho, los trabajadores jóvenes cobran hoy salarios hasta el 50% inferiores a los que percibían a su edad en 1980”. ¿Son suficientes los datos publicados en referencia a la situación económica y social de la clase trabajadora?

Ingresos y gastos: justicia o desigualdad.