Después de los tres meses otorgados por el Gobierno para preparar la transición, la Ley Rider entra en vigor para regularizar la situación de cerca de 300 repartidores en Navarra de empresas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats, las cuales deberán contratar como asalariados a unos trabajadores que, hasta ahora, realizaban su labor bajo un régimen de "falso autónomo".
La norma, una modificación del Estatuto de los Trabajadores, reconoce entre otras cosas la "presunción de laboralidad" de quienes trabajan de forma retribuida realizando labores de reparto a través de estas compañías, que gestionan los pedidos mediante una plataforma digital. Éste es uno de los principales aspectos del decreto, que va en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que se resaltaba que estos repartidores "tienen una relación laboral con la empresa", por lo que consideraba ilegal que estuviesen dados de alta como autónomos.
Otro de las regulaciones, que afecta también a otro tipo de trabajos -como los conductores de VTC-, es que todas las empresas deben informar a trabajadores y sindicatos de los parámetros, reglas e instrucciones que utilizan sus algoritmos o sistemas de inteligencia artificial. Éstos recogen datos y elaboran perfiles del trabajador de cara a decidir elementos como las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo. Así, la representación legal deberá ser informada de las reglas que encierran estos sistemas de las plataformas que, por ejemplo, asigna trayectos o pedidos o fijan las tarifas, variables que claramente determinan las condiciones laborales del trabajador.
Opacidad en las empresas
A pesar de encontrarse en un escenario para el que deberían estar preparadas después de todo un trimestre, las empresas de reparto no aclaran demasiados detalles sobre cuál serán sus acciones ante este nuevo escenario. Así, contactadas por este periódico, la mayoría se remiten a notas de prensa difusas y poco concretas.
En concreto, desde Glovo, la empresa que cuenta con más riders en Navarra -unos 200- aseguran que han trabajado "a contrarreloj durante los últimos meses para adaptarnos a la regulación", quejándose de que el periodo de transición para hacerlo ha sido "muy corto". Según anuncian, su plan es "iniciar la contratación directa de cerca de 2.000 repartidores" -el 20% de su flota actual en el Estado- "antes de que acabe 2021, con horarios y retribuciones fijas y rutas concretas para aquellos servicios que, por su naturaleza, son viables tecnológica y operativamente". Tras esta "primera fase de transición", seguirán "completando y ampliando" un proceso para el que lanzarán "un nuevo modelo inédito en España, que sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", del cual no ofrecen más detalles.
En cuanto a Deliveroo, la segunda empresa por orden de importancia y que tiene unos 40 trabajadores en la Comunidad Foral, ya comunicó que abandonaría el Estado alegando que éste "representa menor del 2% del del valor bruto de las transacciones de la compañía en todo el mundo, por lo que "alcanzar y mantener una posición de mercado de primer nivel requeriría un nivel de inversión muy elevado con un rendimiento potencial muy incierto a largo plazo que podría afectar a la viabilidad económica del mercado para la empresa".
Antes de su marcha, la compañía realizará una consulta entre sus empleados (3.781 entre personal de oficina y repartidores) durante septiembre de cara a fijar las compensaciones. Su idea es dar de alta a la Seguridad Social a los repartidores para después abrir un proceso de despido colectivo, pero todavía se desconocen partes importantes como la fecha de alta, aspectos que se antojan claves de cara a calcular las indemnizaciones.
Por parte de Uber Eats, la filial de reparto del servicio de VTC que cuenta con unos 30 repartidores en Navarra, aseguran que están "trabajando para adaptar" su negocio "a la nueva normativa", por lo que están "comprometidos con ser un socio a largo plazo" del Gobierno. "Confiamos en que garantice que todos los operadores del sector cumplan con las nuevas regulaciones y compitan en igualdad de condiciones", afirma un portavoz.
Just Eat trabaja en un convenio
La única empresa de gran tamaño que trabaja con repartidores asalariados es Just Eat, que se encuentra negociando con CCOO y UGT en un convenio colectivo "pionero en el ámbito de los repartidores de comida a domicilio". "Será el siguiente paso natural a la Ley Rider", aseguran, señalando que será "un reflejo" del modelo instaurado en más de 160 ciudades de Europa donde opera la compañía.
