Los fondos y bancos deberán ofrecer alquiler social antes de desahuciar

De esta manera, la proposición de ley plantea que antes de cualquier inicio de ejecución hipotecaria, en el caso de hipotecas, o de procedimiento judicial de desahucio, en el de alquileres, las personas jurídicas propietarias, siempre que sean grandes tenedores, tengan la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social, de manera similar a lo que ya ocurre en otras comunidades como la balear. “Tendremos que ver el recorrido que tiene, porque estos temas de ejecuciones y de procedimientos judiciales pueden complicarse, pero sí es algo que daría cierto margen y colchón a las familias”, expone Eneko Larrarte, director de Vivienda del Gobierno de Navarra.

En el caso de los alquileres, en la Comarca de Pamplona está el ejemplo de lo que ocurrió con cientos de familias en la Rochapea, Buztintxuri, San Jorge, Etxabakoitz Norte y Artiberri tras la adquisición de las promociones de vivienda protegida en alquiler por el fondo Testa Residencial y la descalificación de dichas viviendas -algo que también desaparecería con la nueva normativa, que plantea también una calificación de vivienda protegida indefinida-.

Estos edificios, construidos hace 15 o 20 años con ayudas del Gobierno foral, estuvieron en manos de promotoras privadas para pasar después a nombre de bancos (Santander y BBVA, entre otros) y terminar siendo adquiridos por el fondo Testa.

El vencimiento del régimen de protección dejó al fondo manos libres para aplicar subidas en el precio del alquiler en la renovación de los contratos. Por otro lado, también suponía la pérdida del derecho de los inquilinos a percibir una subvención, lo que, unido a lo anterior, ponía a las familias en una situación de verdadero drama que, en la mayoría de los casos, hubiera llevado al desahucio.

Por todo ello, el Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra intervino, por un lado, llevando al Parlamento de Navarra una reforma legal que permitiera mantener las ayudas para los alquileres de hasta 650 euros al mes, de manera que estos inquilinos, a pesar de haber tenido un incremento en el precio del alquiler, han podido seguir percibiendo una subvención en función de sus ingresos. Por otro, llegando a un acuerdo con Testa para mantener las rentas a esos precios máximos y con incrementos limitados al IPC durante los próximos siete años. “Evidentemente son subidas, pero da cierta holgura a las familias”, valora Larrarte.

Coincide, aunque con matices, Ángel Larrea, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que negoció con el Gobierno para alcanzar dichos acuerdos: “Fue un notable alivio para una parte importante de la gente afectada, pero deja un sabor agridulce. Muchas familias se iban a la calle y se logró paliar, pero evidentemente supone una cierta subida económica. Además, ahora sí les están pasando la parte proporcional del IBI y los gastos de comunidad, que hasta ahora corrían a cargo del fondo. Calculamos que, de media, el precio ha subido entre 70 y 80 euros al mes, que para familias económicamente poco pudientes es un lastre, pero no el susto inicial, con el que todos hubieran ido al desahucio”.

“Tendremos que ver el recorrido que tiene, pero es algo que daría cierto colchón a las familias”

Director de Vivienda

“La solución con el caso de Testa fue un alivio importante, pero también deja un sabor agridulce”

Plataforma de Afectados por la Hipoteca