El Departamento de Estado de Estados Unidos recoge varios episodios de abusos policiales en España en su último informe de derechos humanos, y cita los incidentes ocurridos durante las protestas por la detención del rapero Pablo Hasel o una agresión de policías a civiles en Andalucía. En su documento sobre España relativo a 2021, el departamento que dirige Antony Blinken considera que hay informaciones "creíbles" que apuntan a que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron "algunos abusos".

Habla así de "múltiples" denuncias de partidos políticos y ONGs sobre el uso abusivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad durante varias manifestaciones, y se centra en los incidentes que hubo el año pasado durante las protestas por la detención y la condena de prisión del rapero Pablo Hasel por enaltecimiento de terrorismo e injurias a la corona. El informe estadounidense no entra en juicios de valor y se limita a relatar los hechos, pero recuerda que en aquellas protestas una mujer perdió un ojo por el impacto de una pelota de foam, las que utilizan los policías antidisturbios.

Relata también que un tribunal cerrónve la istigación contra tres agentes de los Mossos -la policía autonómica catalana- por este suceso al no poder determinar quién disparó el proyectil. También recuerda el informe los sucesos ocurridos en la localidad andaluza de Linares en febrero del año pasado, donde dos policías fueron detenidos por agredir en la terraza de un bar a un hombre y a su hija de catorce años, un suceso por el que hubo fuertes protestas.

El Departamento de Estado destaca el hecho de que un juez retirara la crueldad como agravante en la acusación de agresión a los agentes y decidiera también que fue el padre el responsable de instigar el altercado. Tras estos ejemplos, el informe recuerda que varias organizaciones de derechos humanos han denunciado que las autoridades no han investigado de forma apropiada numerosas denuncias de abusos de fuerza policiales.

Por otro lado el Departamento de Estado hace una breve referencia a los dirigentes políticos catalanes que fueron condenados por el proceso independentista -procés- al recordar que las organizaciones independentistas los llamaron siempre "presos políticos" pero "ni el Gobierno ni ninguna organización internacional de derechos humanos apoyó esa reclamación". Recuerda asimismo que los presos del "procés" fueron indultados parcialmente por el Ejecutivo y puestos en libertad, aunque siguen inhabilitados para ejercer un cargo público.