Intervención subraya la legalidad de un contrato de compra de mascarillas en Salud pese a las dudas con la tramitación

Inicialmente, dicho contrato recibió un informe de reparo suspensivo por parte de la intervención delegada del departamento de Salud que más de un año después (algo poco habitual) fue respaldado por la Intervención General. Y apenas un mes más tarde de la emisión de ese informe, la misma Intervención General elabora un nuevo documento en el que considera que no existen elementos suspensivos sobre la operación y que, si bien existen algunos reparos, la compra (que efectivamente se produjo y sirvió para que llegaran y se utilizaran mascarillas en Osasunbidea antes de la segunda ola de 2020) se desarrolló de acuerdo a la ley que regula los procedimientos de compra urgentes.

Algo en lo que se ha reafirmado el director general en el Parlamento de Navarra, donde ha explicado que si bien la operación tiene deficiencias, esta es perfectamente legal, se realizó con un objetivo que fue satisfecho y no hay lugar para “acusaciones sin pruebas” como las de Navarra Suma.

Son estos vaivenes en el expediente los que han motivado la petición de comparecencia por parte de la derecha, que ha aprovechado el episodio para volver a cargar contra el oscurantismo del Gobierno y ha deslizado acusaciones de negligencia o corrupción que Arrizabalaga ha rechazado de plano.

La derecha ha puesto el foco sobre dos cuestiones: por qué la Intervención General tardó un año y medio en emitir el primer informe y por qué se produjo un “cambio de criterio”: de respaldar el informe de la intervención delegada de Salud de noviembre de 2020 a considerar, un mes después, que esos reparos iniciales no tienen la entidad suficiente como para suspender la operación.

A ambas cosas contestó Arrizabalaga, pero merece la pena situar antes el contexto general en el que se produjo la compra.

Mascarillas para la segunda ola

Era verano de 2020 y Salud acudió al mercado a por mascarillas, en un momento en el que ya se advertía de que se avecinaba una segunda ola de covid.

Osasunbidea suscribió entonces un nuevo contrato de urgencia (firmó más de 9.500 en toda la pandemia) con una empresa, Efficold, radicada en Córdoba, para obtener 560.000 mascarillas de tipo FPP2 por un precio de 1,3 millones. En un primer momento, el contrato se suscribe para adquirir mascarillas de fabricación estatal, pero la empresa no consigue cumplir con la homologación y se ofrece a suministrar otras de fabricación china por el mismo precio, algo que Salud acepta. Las mascarillas se compran, se pagan, llegan y se utilizan justo cuando empieza la segunda ola.

Es en noviembre de 2020 cuando la intervención delegada de Salud elabora un informe en el que formula dos reparos de suspensión sobre ese contrato, que ya se había ejecutado al tratarse de un proceso de urgencia y que, como marca la ley para estos casos, recibe el informe de fiscalización con posterioridad a que se produzcan los hechos.

En ese informe, se habla de un precio de mercado superior (2,3 euros por mascarilla) y una gran diferencia entre el pedido inicialmente hecho (las mascarillas de fabricación española) y el finalmente remitido (mascarillas chinas), algo que tiene entidad suficiente como para considerarse reparo de suspensión.

Año y medio después, cuando incluso el director general de Intervención ya es otro (Arrizabalaga llega al cargo el 1 de enero de 2022), la Intervención General emite un informe con fecha de 9 de mayo en el que respalda las objeciones de la intervención delegada.

Pero mes y medio más tarde, la misma Intervención General emite un nuevo informe en el que considera que no hay lugar a reparos suspensivos y que, si bien hay deficiencias, todo se hace conforme al procedimiento legal.

¿Qué razones da Arrizabalaga? Con respecto a la demora del tiempo, que el expediente ya estaba resuelto y por tanto había una "reducida o nula urgencia, un bajísimo nivel de prioridad en los trabajos a cometer”, en palabras de Arrizabalaga, de evaluar una operación que para bien o para mal ya se había llevado a cabo.

“La aprobación de ese informe no lesionaba ninguna actuación posterior ni de terceros, porque lo que estaba acreditado era que en la urgencia de la pandemia se habían comprado unas mascarillas, se habían pagado y habían llegado al almacén”, ha resumido el interventor.

Aparte, la Intervención General tuvo que dedicarse en 2021 a atender asuntos que sí acusaban la premura de plazos. “Está mal que un informe de intervención tarde un año y medio, eso está fuera de toda duda. Pero había otros asuntos prioritarios y con más urgencia”, ha excusado.

Y con respecto al cambio de criterio, Arrizabalaga ha negado la mayor. No hubo un cambio de criterio, según el interventor: se formuló un nuevo informe cuando se dispuso de más información. Se ha explicado.

En el informe de 9 de mayo, lo que dice la Intervención General es que en la operación no queda suficientemente claro por qué se produce ese cambio sustancial del contrato en lo relativo al cambio de tipo de las mascarillas (de las españolas a las chinas), y que esa es razón suficiente como para apoyar un reparo suspensivo.

La reunión del 6 de junio

Lo que pasa es que un mes más tarde, a principios de junio, la consejera de Hacienda, Elma Saiz, convoca una reunión entre Hacienda y Salud con presencia del interventor para recopilar toda la información y aclarar las discrepancias que formulaban ambos informes. No es algo “extraordinario” porque entre las atribuciones de la intervención está asesorar y aconsejar, razón por la que dijo que no entiende que haya “pavor o magia” en torno a la reunión en sí.

En ese encuentro se cuenta con más información técnica y jurídica aportada por el órgano gestor del contrato (que es Salud) y, con esa nueva información, la Intervención General elabora un nuevo informe en el que señala que, si bien hay deficiencias (“Como concertar cuatro meses de necesidades a un único proveedor que ya te había fallado, que es legal pero muy bien no está”, ha precisado), no hay sobreencarecimiento económico en el precio de las mascarillas (Patrimonio consultó hasta 10 ofertas y esta era la más competitiva) y fue el órgano gestor (que es el que en última instancia toma la decisión de todo) el que accedió al cambio de tipo de mascarillas.

De esta forma se explica el levantamiento de la suspensión por parte de la Intervención General, que desarrolló sus trabajos con independencia, ha defendido Arrizabalaga. Este ha sido uno de los puntos que se ha preocupado por aclarar bien, ya que ha indicado que en el tiempo que él lleva como director general de Intervención “no ha habido ninguna interferencia ajena que haya provocado el retraso” ni se ha recibido “ninguna indicación sobre este expediente ni en cuanto al criterio que emplear”.

Por esta razón ha pedido a la parlamentaria Marta Álvarez (Navarra Suma) que cese en la acusación sin pruebas de hechos graves, que deje de hinchar el “globo” en torno a un expediente legal y que no le acuse de mentir. “Acusaciones sin pruebas, las justas, porque las cosas se pueden hacer bien o mal, pero esta decisión se toma con todo el conocimiento de causa”.

Navarra Suma, Geroa Bai y EH Bildu expresan dudas

Navarra Suma, Geroa Bai y EH Bildu han expresado este viernes sus dudas respecto a las explicaciones que ha ofrecido Arrizabalga. Por su parte, PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra han subrayado que se procedió legalmente en este expediente y han destacado el contexto de dificultad que existía para adquirir mascarillas en plena pandemia, un argumento este último que también ha compartido Geroa Bai.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha criticado "la falta de conocimiento que tiene Navarra Suma sobre este contrato" y ha destacado "las rotundas conclusiones" que ha ofrecido el director general de Intervención. "El informe de Intervención general concluye que el expediente es correcto", ha subrayado, para señalar que "no ha habido ningún quebranto de dinero para la Hacienda pública".

Además, ha señalado que "hay que contextualizar" en qué momento se realizó este contrato, "porque tiene mucho que ver con los procedimientos de emergencia, ya que la fiscalización se hace a posteriori del acto". "En plena pandemia, el Gobierno de Navarra articula medidas de carácter extraordinario y urgente en un corto espacio de tiempo y un escenario de extrema dificultad, primando la protección del personal sanitario y los pacientes. El gran pecado es el retraso en concluir este expediente, un año y medio", ha dicho. Así, Unzu ha criticado "la enorme capacidad que tiene Navarra Suma para trasladar una mentira a través de titulares rotundamente falsos".

El portavoz de Geroa Bai, Mikel Asiáin, ha planteado algunas "dudas" respecto a las explicaciones dada por la Intervención general y se ha preguntado por ejemplo si no hay "una clara contradicción" entre que Arrizabalaga plantee que no era urgente resolver las discrepancias en el expediente y el informe inicial de la Intervención delegada que hablaba de que se producía un "quebranto económico" para la Hacienda pública.

No obstante, Asiáin ha reconocido que se debe tener en cuenta el contexto de "emergencia, dificultad, urgencia, caos mundial, piratería y pillaje en el mercado de las EPI" que se vivía en ese momento. "No podemos abstraernos de esa situación que se estaba viviendo a nivel mundial a la hora de plantear unas medidas concretas y unos reparos suspensivos. Es necesario poner las decisiones en ese contexto", ha afirmado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que, atendiendo a las conclusiones ofrecidas por Arrizabalaga, "esto es legal, pero muy bien tampoco está". "Este expediente es un tanto extraño en su devenir. Estamos ante un contrato de emergencia y los contratos de emergencia se reconstruyen al final del procedimiento, pero no he terminado de entender por qué se tardó tanto en dar la explicación. Tenían que resolver y no resolvieron. Decir que había otros expedientes más prioritarios... No creo que hubiera otro contrato que tuviera esta tardanza en resolverse. Hay algo que suena mal. ¿Por qué tarda tanto la Intervención General en ir resolviendo este camino? No nos sirve la explicación de que este expediente estaba prácticamente pagado y no tenía ninguna urgencia", ha afirmado.

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha asegurado que las explicaciones de Arrizabalaga "han sido muy pedagógicas y a nosotros nos aclaran los procedimientos tan garantistas que tiene nuestra Administración para garantizar el buen uso del dinero público". Buil ha señalado que "la operación no sale bien, hay que decirlo claro" pero ha afirmado que se ha "despejado la duda de cualquier intento de llamarle a esto corrupción o malversación". "Creo que es evidente el circuito que han llevado estos informes. Para nosotros queda claro que donde no hay mata no hay pata y estamos haciendo tres comparecencias seguidas -la de Arrizabalaga y las previstas de las consejeras de Salud y de Economía y Hacienda- de una cuestión que ya debatimos en junio sin pena ni gloria y que al calor de la campaña electoral Navarra Suma intenta sacar su rédito", ha indicado.

Finalmente, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que ella se queda "con la legalidad que se reconoce a posteriori, una legalidad que reconoce la Intervención General, en un contexto de emergencia sanitaria en el que había falta de mascarillas, miedo e incertidumbre ante lo que pudiera suceder después y ante la dificultad para conseguir mascarillas que cumplieran con los requisitos sanitarios". "Era una situación muy complicada y yo me quedo con eso, reconociendo que el tiempo que el expediente estuvo en el cajón no tiene ninguna explicación. Sobre el precio no tengo nada que decir, siendo evidente que dos meses después esa compra habría sido más barata", ha señalado.