El presidente de la Cámara de Comptos recomienda al Gobierno que realice un control de eficacia sobre el cumplimiento de objetivos en la Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos (Gizain), así como un control que verifique su sostenibilidad financiera y si persisten los motivos por los que se creó.
Según ha indicado Ignacio Cabeza del Salvador en una comparecencia parlamentaria solicitada por Navarra Suma, la Fundación fue creada por el Gobierno foral en 2019 para un mayor control y transparencia en la gestión, así como una mayor equidad en la atención, y aunque la figura jurídica de la fundación no es la más apropiada para gestionar servicios sociales se optó por ella por razones de "limitación presupuestaria" que no permitían constituir un organismo autónomo.
Sin embargo ha destacado que no se incluyó un análisis jurídico de la subrogación del personal que hasta entonces trabajaba para las entidades privadas que prestaban el servicio ni una estimación del coste de la equiparación salarial y posterior aumento retributivo.
Y al respecto ha añadido que los gastos totales de Gizain son superiores a los derivados de la gestión por entidades privadas por la mejora retributiva del personal y por los gastos de estructura y administración de la propia Fundación, siendo los gastos de personal el 85% del total.
Ha subrayado también que los contratos de las empresas externas se hubieran tenido que actualizar de haber continuado prestando estos servicios sociales, un coste que no se conoce, y el convenio sectorial que aplicaban también hubiera conllevado un aumento en las retribuciones de haber existido una nueva licitación, por lo que no se puede concluir con exactitud cuál es la diferencia de costes entre las entidades privadas y la Fundación salvo en los de personal, que sería del 3,45%.
En cuanto a la prestación de los servicios encomendados, ha precisado que son competencia del departamento de Derechos Sociales pero además tampoco hay indicadores de gestión ni cuantitativos ni cualitativos para evaluar la gestión.
Sí que ha emitido una opinión favorable de legalidad en las cuentas auditadas desde 2019, con un gasto total que asciende a 9,3 millones y 1.507 usuarios atendidos por 75 trabajadores, a los que se suman 56 personas contratadas para el proyecto AUNA, encargado a Gizain por el Gobierno para favorecer "la activación y acceso al empleo de personas que necesitan apoyos complejos".
Para Marta Álvarez, de NA+, el proceso para la creación de Gizain y la asunción de servicios se hizo "mal" y con "falta de previsión", como "ya avisó la Intervención", y ahora "todos los servicios que presta son más caros" que cuando la gestión era externa y "salándose las limitaciones" económicas, lo que evidencia "el fracaso" del discurso a favor de la gestión directa "sin tener en cuenta otros factores", porque en este caso la gestión "no ha mejorado ni en términos económicos ni en calidad de los servicios", solo en condiciones laborales "creando diferencias".
Nuria Medina, del PSN, ha recordado que a juicio de su grupo el Gobierno actuó "con "prisa" y con "informaciones contradictorias", y ha defendido la gestión directa si mejora la calidad del servicios, la eficacia y eficiencia de los recursos y la calidad del empleo, el único aspecto valorado por Comptos, y al respecto ha comentado "dignificó a un sector maltratado", que "llegaba de un periodo de licitaciones a la baja" a "empresas multiservicio" en las que había "precariedad" laboral.
Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha explicado que "la cuestión fundamental" era mejorar los servicios que se prestaban, todo lo demás quedaba "supeditado", y "claramente mejora la calidad" según distintos informes, evaluaciones y encuestas de satisfacción, a lo que ha sumado la "opinión favorable" de Comptos en las cuentas auditadas, por lo que la Fundación fue "un acierto" aunque Geroa Bai apoya la reversión de los servicios a la Administración para su gestión directa una vez superadas las limitaciones económicas.
Patricia Perales, de EH Bildu, ha reprochado a NA+ una valoración "interesada" del informe de Comptos, una "irresponsabilidad" cuando no hay indicadores cualitativos de la gestión prestada por Gizain sino solo cuantitativos, y ha defendido la mejora de los salarios para mejorar también en calidad y equidad en unos servicios "muy importantes" porque son de atención directa a las personas, por lo que ha criticado que con ellos "la derecha se pone muy exquisita mientas tira millones en obras faraónicas".
Mikel Buil, de Podemos, ha valorado que Gizain aumenta la oferta de servicios integrados, algo a su juicio positivo como también el incremento de salarios, y subrayado que Comptos no ha valorado la calidad de los servicios que prest la Fundación, por lo que decir otra cosa es una "manipulación" para defender "una política de privatización".
Marisa de Simón, de I-E, ha cuestionado una estabilidad presupuestaria que limita la prestación de servicios públicos, por lo que se intentó avanzar con una Fundación, y defendido la mejora de las condiciones salariales en lugar de "abaratar los costes del servicio a costa del beneficio empresarial y la precariedad laboral".
