La Asociación de Psicólogos Especialistas en Psicología Clínica de Osasunbidea (APECO) denuncia que el Servicio Navarro de Salud ha realizado contrataciones de psicólogos sin la especialidad para trabajar en atención primaria. Sus funciones serían realizar evaluación, cribado, diagnóstico y tratamiento de personas con problemas de salud mental, para lo que, según APECO, no cuentan con la formación adecuada, por lo que califican las contrataciones como “una irregularidad e irresponsabilidad”, además de “ilegal”.

En concreto, avisan que según la ley general de Salud Pública, para trabajar en el sistema público de salud se requiere disponer del título de especialista en Psicología Clínica. Para obtener este título, se realiza un examen y aquellos que lo aprueban ingresan a un programa de formación de 4 años bajo la supervisión de tutores, “igual que los médicos con el MIR”. Por lo tanto, el Psicólogo Interno Residente (PIR), como se denomina en este caso, “es la única vía de acceso a la especialidad”.

Sin embargo, desde la asociación aseguran que los profesionales contratados cuentan con el título de Psicólogo General Sanitario, un máster universitario de posgrado, cuya formación práctica se regula en el ámbito universitario, y consta de 30 créditos ECTS (600 horas presenciales y 150 horas de elaboración de memoria de práctica) que se hacen durante el segundo curso académico en 6 meses, aproximadamente. “La diferencia nos parece obvia”, destacan.

Falta de profesionales

Desde Osasunbidea se apunta a la falta de profesionales especialistas en Psicología Clínica como argumento para realizar estas contrataciones para atención primaria, argumento que, para APECO, “no justifica la contratación de profesionales sin la cualificación ni formación acreditadas, que aseguren la calidad, seguridad y equidad de las intervenciones clínicas en la sanidad pública”.

“Consideramos que optar por medidas cortoplacistas, sin planificación previa ni criterio técnico y sin atenerse a ley, supone un riesgo para la población y deteriora la calidad asistencial de nuestro Sistema Público de Salud”, denuncian, por lo que solicitan “que las administraciones velen por la calidad de las intervenciones que reciben los pacientes y que se exija, al igual que en el resto de especialidades sanitarias, la formación especializada avalada legalmente”.