Cuatro funcionarios de la Administración de Justicia de Navarra, miembros de la comisión de huelga, se han encerrado esta mañana en la sala 500, en la quinta planta del Palacio de Justicia de Pamplona para forzar al Ministerio a que se siente a negociar con ellos de cara al conflicto laboral que mantienen abiertos. Ramón Alcocer, delegado del sindicato Staj, Juanjo Senosiáin, de Afapna, así como Juan Carlos López Izquierdo y Adrián Vicente han procedido a encerrarse esta mañana para seguir con una huelga que "no es económico, sino una muestra de dignidad del colectivo al que pertenecemos, que estamos sufriendo un gran desgaste pero cuyo nivel de indignación es enorme". Los cuatro se han provisto de comida rápida, ropa, neceser de aseo y esterillas para poder pasar las horas en dicha sala. "Si no nos dejan otra posibilidad, estaremos aquí hasta que aguantemos o hasta que nos echen", recordaba Alcocer. Esta misma tarde de miércoles les ha visitado el director general de Justicia, Rafael Sáinz de Rozas, y el consejero de Justicia, Eduardo Santos, que han mostrado su predisposición a "no interferir en su labor reivindicativa, siempre y cuando no sea un obstáculo en el trabajo jurisdiccional", ha comentado Alcocer.
Los funcionarios entienden que el Ministerio de Justicia está actuando con una "táctica de desgaste", pero "sentimos que tenemos la razón y vamos a llegar hasta el final. Tienen que retribuirnos por las funciones que hacemos, tal y como sale recogido en el documento que sí acordó el Ministerio para solucionar la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia. Está claro que la situación de la Justicia no se va a arreglar si nosotros no estamos contentos, porque representamos el 93% de esta Administración". De hecho, en Navarra, son 650 los funcionarios que trabajan en este ámbito.
Su intención es continuar de forma indefinida hasta que el Ministerio de Justicia convoque al Comité de Huelga para negociar. Es una medida de presión que se añade a las ya existentes en este conflicto que continúa desde el 17 de abril, más de dos meses, con una huelga de carácter indefinido. Asimismo, al encierro en Pamplona le han sucedido varios más, protagonizados por grupos de funcionarios en otras sedes judiciales como Madrid, Murcia y Barcelona.
Denuncia por una actuación contraria a la huelga
Además, ante la secretaría de Gobierno del TSJN y la inspección de trabajo, los sindicatos convocantes de la huelga han vuelto a denunciar una actuación contraria a la huelga. "Al encontrarse de huelga el funcionario gestor del registro, se han registrado asuntos por parte de la Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Contencioso del TSJN en el sistema de registro de gestión procesal Avantius entre el 5 y el 19 de junio. En total se han registrado 28 asuntos nuevos, pero incidimos en que esta función está atribuida en la Sala a un gestor, que la desempeña, además, en el ejercicio de lo dispuesto en el artículo 476 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuye el registro y reparto de escritos al cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. En modo alguno corresponde al Letrado de la Administración de Justicia, cuyas funciones -extensísimas, según han remarcado en los últimos meses- no incluyen dicho reparto y registro. Por ello, solicitamos que se dicten instrucciones que determinar que la funciones de registro de asuntos por la LAJ de la Sala de lo Contencioso no son de su competencia", exponen en un escrito.
Según informó Comisiones Obreras, el personal de Justicia que celebraba asambleas en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid y en las ciudades de la Justicia de Barcelona y Murcia ha decidido permanecer allí "de forma continuada e indefinida como una nueva medida de presión en el conflicto que se alarga ya más de dos meses por la irresponsabilidad del Ministerio de Justicia y del Gobierno".
Los sindicatos CCOO, CSIF, STAJ y UGT habían convocado asambleas por toda España para informar sobre las nuevas medidas de presión acordadas por el comité de huelga, como manifestaciones en Madrid, con trabajadores de toda España, programadas para el 27 de junio y 13 julio; manifestaciones en las capitales de provincia el 29 de junio, o los contactos con los partidos políticos para que se pronuncien y asuman las reivindicaciones si llegan al gobierno.
Proponían asimismo la ejecución estricta de las funciones que la ley atribuye a cada cuerpo funcionarial, exigiendo la presencia de jueces y letrados de la administración de Justicia (LAJ) en las actuaciones que determina la ley.
Los sindicatos recuerdan en un comunicado que, tras 65 días de movilizaciones, solo se han producido tres reuniones, "en una actitud incomprensible, irresponsable e ilegal del Ministerio de Justicia, amparada por el de Hacienda y el Presidente del Gobierno que están demostrando que no les importa ni la prestación de este Servicio Público ni las condiciones laborales del personal que lo atiende".
Estos funcionarios ya estuvieron encerrados tres días, del 6 al 9 de junio, en el Ministerio de Justicia para forzar una negociación. Ese encierro se debió, según explicaron, a la falta de voluntad por parte del Ministerio, ya que el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, abandonó la mesa de negociación.
El pasado 13 de junio la mayoría de los funcionarios en huelga apoyó en asambleas en todo el país continuar el paro indefinido que mantienen desde abril, a pesar de haberse convocado elecciones generales, para exigir mejoras salariales y laborales, como consiguieron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los jueces y los fiscales.
