La entidad Incluye, Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social, con el apoyo del Servicio de Convivencia y derechos humanos del Gobierno de Navarra, ha presentado los resultados del Informe sobre el Derecho de Acceso a la Justicia en Personas con Discapacidad Intelectual, un estudio que analiza las barreras existentes, buenas prácticas que se están desarrollando y propone medidas concretas para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho en igualdad de condiciones.
Entre sus principales resultados, el estudio confirma que, pese a contar con un marco normativo sólido, el acceso real a la Justicia sigue siendo desigual. Entre las principales barreras detectadas destacan:
• Uso de lenguaje jurídico complejo y escasamente accesible.
• Apoyos comunicativos no generalizados, como la lectura fácil o la figura del
facilitador procesal.
• Dificultades para garantizar una participación activa de las personas con
discapacidad intelectual.
• Ritmos y procedimientos poco flexibles.
• Formación desigual de los distintos profesionales.
Las personas con discapacidad intelectual valoran especialmente los apoyos como la lectura fácil, el facilitador procesal y el acompañamiento de personas de confianza, que mejoran significativamente su comprensión, seguridad y participación.
Los grupos de interés participantes han sido: personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, Familias, Operadores jurídicos, Abogacía, Cuerpos de seguridad y Entidades del ámbito de la discapacidad.
Este enfoque ha permitido recoger una visión amplia y realista del funcionamiento del sistema judicial desde todas las perspectivas implicadas.
El informe propone tres grandes líneas de mejora:
1. Normativa y estructura: Desarrollo reglamentario de la figura del facilitador procesal en Navarra; establecimiento de protocolos comunes de coordinación; creación de mecanismos de evaluación de los ajustes aplicados y consolidación y financiación estable de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI).
2. Formación especializada: Formación específica y práctica para operadores jurídicos y cuerpos de seguridad en discapacidad intelectual, detección y accesibilidad cognitiva.
3. Accesibilidad y apoyos: uso sistemático de apoyos y ajustes de procedimiento; materiales accesibles en todas las fases judiciales, validados por personas con discapacidad intelectual; adaptación de espacios, tiempos y lenguaje e intervención del facilitador procesal como norma general.
