La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha impuesto dos años de prisión y siete de inhabilitación por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito de falsedad en documento público para la antigua secretaria municipal del Ayuntamiento de valle de Goñi, una vecina de Pamplona de 54 años y natural de Tolosa (Gipuzkoa), tras haber malversado una cantidad de 109.583,92 euros de las arcas municipales durante ocho años. En la pena se le han aplicado las atenuantes de reparación del daño, por haber indemnizado al Ayuntamiento con la cantidad distraída, y la de colaboración en el esclarecimiento de los hechos.
La exfuncionaria se enfrentaba a una pena de entre un año y medio de cárcel que pedía su defensa y de cuatro años de prisión que le reclamaba la acusación particular que ejerce el ente local. Sin embargo, el juez ha entendido que corresponde imponer la pena que solicitaba la Fiscalía, de dos años de cárcel y de inhabilitación absoluta para ejercer un puesto de responsabilidad pública durante un periodo de siete años.
Para el juez es destacable, de un lado, que, como se ha declarado probado, la acusada abonó la totalidad de la cantidad de la que se apropió tras ser descubiertos los hechos, tratándose de una cantidad de un importe elevado, haciendo entrega de los 109.583,92 euros que reclamaba el Ayuntamiento perjudicado.
Admitió los hechos delictivos
De otro lado, la acusada vino a admitir los hechos imputados dos días después de haberse formulado la denuncia del Ayuntamiento ante la Fiscalía, habiendo confesado la realidad de todos los hechos que se le atribuían. "Esa admisión total de los hechos delictivos, inmediata a la denuncia, fue relevante y supuso una colaboración eficaz con las autoridades para su completo esclarecimiento y la determinación de su responsabilidad en los mismos, facilitando así, de modo muy trascendente, ese esclarecimiento de los hechos y la propia tramitación y resolución del procedimiento", dice el juez.
Además, añade que "analizadas aisladamente esas dos conductas, es destacable que, por lo que se refiere a la íntegra reparación del daño, siendo de una importante cuantía, es claro que ha conllevado, necesariamente, un importante esfuerzo reparador". Y, de otro lado, en cuanto a la colaboración para el esclarecimiento de los hechos, "cabe indicar que su admisión por la acusada fue completa e inmediata al inicio del procedimiento, permitiendo su total e inmediato esclarecimiento, facilitando la investigación y el desarrollo del proceso".
En el escrito común de reconocimiento de los hechos se recuerda que la mujer estuvo ejerciendo desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 23 de febrero de 2022 labores de secretaria interina del Ayuntamiento en cuestión. De esta forma, según la Fiscalía, “amparándose en esa condición funcionarial y con ánimo de enriquecerse ilícitamente, la acusada se apropió ilícitamente de un total de 101.338,48 euros, desde el año 2014 hasta el 15 de enero de 2022, por distintas vías”. En concreto, realizó “retiradas de efectivo de la cuenta bancaria del Ayuntamiento que no respondían al pago de deudas o cantidades debidas por el mismo”. En otras ocasiones, efectuó “retiradas de efectivo de la cuenta bancaria municipal, para realizar pagos en metálico que se soportaban en un certificado realizado por la acusada que acreditaba pagos por trabajos, servicios realizados para el Ayuntamiento o aportaciones de este a entidades, asociaciones o para la financiación de actos, no existiendo dichos trabajos, servicio y aportaciones, resultando que los certificados no se ajustaban a la realidad que mostraban”.
Retiradas, tarjetas y operaciones
También en otras ocasiones realizaba “gastos en establecimientos comerciales para la adquisición de bienes y servicios ajenos al Ayuntamiento, con cargo a la tarjeta de crédito personal de la denunciada, que, posteriormente, se compensaban con retiradas de efectivo desde la cuenta bancaria de titularidad municipal o con transferencias desde esta cuenta a la cuenta bancaria personal de la denunciada” e igualmente se dedicaba a crear “gastos injustificados, so pretexto de otros gastos legítimos del Ayuntamiento, bien duplicando tales gastos, bien por razón de servicios inexistentes”.
Otra de las prácticas irregulares que se ha detectado fue la “generación de gastos justificados con facturas a nombre del Ayuntamiento, por bienes o servicios no entregados o no prestados al Consistorio”, así como la “adquisición de bienes imputados injustificadamente por la denunciada como gasto propio de un establecimiento arrendado por el Ayuntamiento y apropiados por la denunciada”. Las cantidades así obtenidas ilícitamente por la denunciada fueron las siguientes: 773,52 euros en el año 2014; 6.287,79 euros en 2015; 6.417,80 euros en 2016; 12.977,43 euros en 2017; 15.351,04 euros en 2018; 16.502,82 euros en 2019; 20.587,67 euros en 2020 y 22.440,41 euros en 2021 y 2022.
Asimismo, según la Fiscalía, la acusada confeccionó documentos oficiales mendaces, en virtud de los cuales se generaron operaciones con IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) deducible, que se incluyeron indebidamente en las declaraciones del IVA del Ayuntamiento, por un importe total de 2.578,75 euros. La cantidad reclamada por el Ayuntamiento del valle de Goñi suma a 109.583,92 euros, ingresados en la cuenta del propio Ayuntamiento por parte de la procesada el día 29 de abril de 2022.
