Juan Antonio Castilla, representante de Adavan, la asociación de víctimas de amianto que ha colaborado en la demanda judicial, recuerda que en este proceso se dan varias situaciones flagrantes y así enumera los seis años de recorrido judicial de la empresa, el empecinamiento de esta en recurrir sentencias que le condenaban o su ánimo de no llegar a acuerdos indemnizatorios hasta la víspera del juicio, y como factor clave el hecho de que a este trabajador “nunca se le hicieron reconocimientos médicos porque no estaba incluido en el listado de afectados por amianto. Ahí solo figuran un tercio de los empleados fabriles, pero deberían estar todos”.
RETOS
Lanza como deseo a la vista de la sentencia que “sería una alegría que la empresa cambiara de actitud y metiera en los listados de afectados a todos los trabajadores fabriles para que tengan vigilancia de la salud”. Desde Adavan trabajan con Salud Pública para que en centros de salud se pueda tener alertas preventivas y se difunda información.
Reconoce que tienen muchos pasos que dar. La Seguridad Social está negando la incapacidad a trabajadores que tienen reconocida la enfermedad profesional o tarda meses en pronunciarse. “Algunas veces pudiera parecer que hay intereses compartidos entre la Seguridad Social y empresas para alargar los procedimientos”.
Para Castilla, hay que afrontar una realidad y es que el amianto sigue existiendo. “En Navarra está en 6 millones de m2 de cubiertas, 500 kilómetros en canalizaciones in-cluidas en agua de boca. Navarra tiene un plan de desamiantado desde 2019 a la espera de su aplicación, cuya responsabilidad es del Gobierno con su presidenta a la cabeza. No hay excusas”.
