Las hijas de P.Z., el trabajador de Fagor Ederlan Tafalla que falleció en 2018 con 72 años a consecuencia de un cáncer de pulmón derivado de su exposición laboral al amianto, recuerdan que ya en el final de su enfermedad supieron que tenían que actuar de algún modo. “El proceso ha sido muy largo, seis años de lucha, que han concluido con la consecución de nuestro objetivo: el reconocimiento de la enfermedad profesional de nuestro padre. Era un hombre fuerte, trabajador incansable, que dedicó su vida a su familia y a su trabajo. Y aunque siempre supo que en la empresa el ambiente era de una elevada toxicidad, nunca fue verdaderamente consciente del riesgo que entrañaba su trabajo. Y mucho menos se planteó que la empresa lo pudiera dejar de incluir en un programa de prevención, caso de ser necesario. Es por esto que, de alguna forma, sentimos la necesidad de iniciar esta lucha. No ha sido fácil; pero gracias al apoyo de la asociación, nos hemos mantenido firmes, decididas y hemos llevado todo el proceso con resiliencia, convencidas de que hubiera sido el deseo de nuestro padre”, explican.
La lucha
“Para nuestro empeño en esta lucha, fue determinante el convencimiento de que nuestro padre hubiera querido hacer algo al respecto. Fue un sentimiento que nos generó prácticamente al unísono el hecho de verle luchar con frustración frente a la enfermedad. Fuimos testigos de cómo se hacía preguntas: ¿por qué a él nunca le habían hecho revisiones? ¿y si hubiera estado incluido? Ahí fuimos conscientes de que nuestro padre hubiera querido hacer algo y de que lo hubiera hecho, de haber tenido fuerzas para ello. Así, nuestro primer objetivo ha sido siempre esa reivindicación y esperamos que esta sentencia y reconocimiento sirva también para que otros compañeros y o trabajadores con exposición directa o indirecta al amianto sean incluidos dentro del listado de revisiones preventivas. Ahí es cuando de verdad consideraremos que se ha hecho justicia”, detallan.
La enfermedad, a su alrededor
Fue con el paso del tiempo cuando percibieron que a su propio padre “le hubiera gustado iniciar ese proceso, pero para cuando quiso hacerlo, ya no tenía fuerzas. Y quizás confió demasiado en el presunto buen hacer que iba a tener la empresa, que le dejó fuera del listado de los trabajadores. Antes de enfermar, él nos solía comentar que estaba teniendo mucha suerte, que a su alrededor había compañeros que enfermaban. Hasta que le tocó a él”. Desde que se le diagnosticó el adenocarcinoma de pulmón, duró un año con vida, pero con grandes dolores y la enfermedad avanzada con una importante metástasis por varios órganos. “Su enfermedad se desencadenó con un largo proceso de tos que no cesaba, varias veces acudió al médico de cabecera, quien tras varios tratamientos decidió realizarle una placa de tórax, que resultó ser un adenocarcinoma de pulmón en estadio IV. Por eso hay que incidir en la prevención. En caso de que se le hubiera detectado antes, su calidad de vida hubiera sido otra”, aseguran.
La familia, acompañada en esta entrevista de Juan Antonio Castilla, portavoz de la asociación Adavan, a quienes agradecen el asesoramiento legal, jurídico y la cercanía al caso. Castilla recuerda que el uso generalizado de amianto ha supuesto un crimen. “Era un material muy versátil, valía para todo, frío, calor, ruido, era muy barato y por eso ha dejado muchos beneficios a las grandes corporaciones”. Las hijas de P.Z. recuerdan que desde la empresa no ha habido ninguna muestra de cercanía tras su muerte. “Predican mucho lo de que los trabajadores están en el centro para ellos, pero lo demuestran poco”, agrega Castilla, quien defiende que la distinción de Adavan es que tratan a los afectados por amianto “como víctimas y no como clientes”.
