SOS Racismo Navarra, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, presentó el jueves su informe anual sobre racismo en la Comunidad Foral basado en los casos atendidos en las oficinas de la entidad, que el año pasado ascendieron a un total de 151. Flavia Navarrete, miembro de SOS Racismo Navarra, destacó el aumento de las víctimas masculinas de racismo (55%) con respecto al año pasado, un hecho que equilibra su número con de las mujeres, que en 2023 fueron el 44% pero el anterior “eran muchas más las atenidas”. Sin embargo, el porcentaje que más alarma despertó fue el del agente discriminador, donde el 68% de personas tuvieron como agresor a una entidad pública, es decir, fueron víctimas de racismo institucional.
En este sentido, Aleyda Gaspar, también miembro de SOS Racismo Navarra, añadió que este tipo de racismo “categoriza, divide y saca rédito económico y político” de dos maneras. Por un lado, aseguró que “mantiene a una parte de la clase trabajadora en la irregularidad” mientras que, por otro lado, “genera una narrativa acerca de quién es sujeto de derechos y quién no”. De esta forma, Gaspar subrayó que permite la creación de un “chivo expiatorio al que echar constantemente las culpas de los males del sistema”. Y se preguntó: “¿Qué pasa cuando estas personas que han sido invisibilizadas por el sistema ocupan el espacio público?”. Frente a esta incógnita, Gaspar contestó que es en este momento en el que “se pone de manifiesto la falsedad estructural del sistema, porque de alguna manera obliga a las instituciones a tener que posicionarse ante estas situaciones de desprotección que no quieren ver”. Asimismo, apuntó que resulta “especialmente grave” el caso de los menores, donde “queda aún más patente la hipocresía de un sistema que debe proteger pero que desea expulsar a los márgenes”. Además, desde la entidad remarcaron que estas desigualdades no podrían existir sin leyes como la de Extrajería, que calificaron como “la normativa que ampara el racismo institucional”.
Sin embargo, Navarrete explicó que estos casos son “la punta de un iceberg” que recoge a las personas que deciden denunciar, “pero sabemos que cuando hablamos de racismo, sobretodo del institucional, hay mucha infradenuncia por toda la revictimización, el miedo o la falta de confianza en las instituciones debido a la desprotección”.
“Las personas y familias en la calle son el paradigma del racismo institucional”
Entre los casos de racismo institucional que SOS Racismo denunció, la organización destacó dos en concreto. Por un lado, el perfil de las personas que viven en la calle y, por otro, esta misma situación que sufren las familias con menores a su cargo y que están solicitando asilo internacional. Para Aleyda Gaspar, “son situaciones inéditas y paradigmas de la discriminación estructural e institucional de carácter racial”. Y añadió que lo que estos dos contextos comparten es “la pérdida de derechos de protección social, donde quedan en la calle y, en el caso de las familias, vetadas al menos durante seis meses para recibir cualquier tipo de ayuda”.
Ante estas situaciones, Gaspar remarcó que a nivel institucional se vio una “absoluta indiferencia e inoperatividad de las entidades a las que les correspondería resolver esta situación”. Y añadió que el análisis de este hecho, “especialmente grave, permite entender cómo se interseccionan las discriminaciones y qué mecanismos articulan las instituciones para desresponsabilizarse y descoordinarse entre ellas de manera premeditada”. Asimismo, remarcó que “resulta interesante ver qué mecanismos se ponen en marcha para retrasar e impedir el acceso a estos derechos”.
Desde SOS Racismo Navarra también se subrayó que la “vulneración de derechos humanos” que sufren las personas en situación de calle “ha puesto en evidencia las profundas deficiencias institucionales, amparadas en normativas discriminatorias que permiten o justifican la discriminación de miles de personas migrantes y racializadas”.
Además, aseguraron que estos dos casos de vivir en la calle, que “son el paradigma pero hay muchas más vulneraciones”, permiten ver “cómo las instituciones no están preparadas para acoger este tipo de perfiles”.
EL PERFIL
- Género. De las personas atendidas, el 55% fueron hombres frente al 45% de mujeres, lo que supone un “cambio con respecto al año pasado, en el que eran muchas más mujeres atendidas”.
- Edad. Ha aumentado el número de población víctima de racismo de entre 19 y 40 años, hasta alcanzar el 62%. Entre los 41 y 60 años, el porcentaje se reduce al 37% y, para los mayores de 61, se limita al 1%.
- Agente discriminador. En el 68% de los casos el origen del racismo estaba en una entidad pública, donde destacan las dificultades o trabas en el acceso a protección social y las actuaciones policiales. El 17% llegaron por parte de entidades privadas y el 10% de particulares.
- Origen. Destaca la nacionalidad marroquí, seguida por la ecuatoriana y argelina.
