¿Qué labor desarrolla QSDGlobal?

–La Fundación comenzó en 2015, ahora se van a cumplir 10 años, con una doble vertiente. Por un lado, es una labor de acompañamiento a la familia de personas desaparecidas y, por otro, es una tarea de interlocución con los poderes públicos para defender las demandas y las necesidades de los familiares.

¿Cuáles son esas demandas?

–La demanda histórica tienen que ver con la especialización policial, que se conformen unidades especializadas. Es un objetivo prioritario que sigue siendo difícil, aunque ha ido teniendo respuesta dentro de los cuerpos policiales existentes en forma de más agentes de esos cuerpos dedicados a desapariciones, tanto en los cuerpos de ámbito estatal como en las tres policías autonómicas. Aunque ha habido progresos siempre queda esa sensación de que si hubieran realmente esas unidades, muchas de las búsquedas se podrían resolver con más prontitud o mayor éxito.

¿Es necesaria una legislación especial?

–Lo llevamos reivindicando desde nuestro nacimiento. Es necesaria una ley específica que reúna toda la atención necesaria para los familiares, que sufren el impacto de una desaparición en todas sus vertientes. Una ley que no hiera, que ampare realmente a los familiares de desparecidos de larga duración. Hace falta un estatuto de persona desaparecida, por el que hemos trabajado mucho y existe un borrador desde hace tiempo, pero la situación política es tan compleja que es complicado un consenso básico. En 2022 acudimos al Congreso y al Senado y las familias pudieron expresarse directamente, que también es nuestra tarea.

¿Qué programas se desarrollan para las familias?

–Desde el principio realizamos foros de carácter regional y, una vez al año, de manera estatal, por el 9 de marzo, el día de la persona desaparecida sin causa aparente. Hemos hecho concentraciones en Madrid y también entregamos unos premios de la Fundación para entidades sociales y acciones individuales. También hemos abierto una aplicación que se llama Family RED con la que la conexión entre la familia es permanente y que ofrece servicios como asistencia jurídica.

¿Qué cambios aprecia desde que empezó a tratar estos temas?

–Para empezar, hemos conseguido en estos últimos 10 años que haya protocolos actualizados e informes anuales desde 2017 y desde 2018 un Centro Nacional de Desaparecidos. Además, en 2022 el Gobierno aprobó el primer Plan Estratégico en Materia de Personas Desaparecidas. Son verdaderos hitos respecto de la situación precedente.

¿Qué dificultades implica la desaparición de una persona con alzheimer?.

–Son especialmente sensibles. Cuando en 2017 hicimos el primer movimiento en relación a este tema se hablaba de que fallecía una persona a la semana desparecida por alzheimer. Una gran diferencia es que en este tipo de desapariciones sabemos la causa y por tanto se pueden prevenir, para lo que hemos llegado a un acuerdo con la Confederación de Asociaciones de familiares con Alzheimer. La mayoría se producen en las primeras fases de la enfermedad y se pueden evitar con herramientas como geolocalizadores o la aplicación Alert Cops.

¡Cuál debe ser el siguiente paso?

–Tenemos que conseguir una mayor sensibilización en términos sociales y tanto en medios de comunicación como en redes sociales para que cuando haya una desaparición de la movilización sea inmediata. Como dice Pilar Muniesa, teniente coronel de la Guardia Civil, “no es que las primeras horas sean decisivas, sino que son las únicas horas”.