Con el objetivo de “mejorar la calidad de vida de las personas con alteraciones de conducta por discapacidad intelectual”, este jueves se celebró en Pamplona la primera edición de las jornadas sobre la salud mental en las personas con discapacidad intelectual. Con estas palabras lo expresó el consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, quien puso el foco en el incremento de las atenciones de Salud Mental en personas con discapacidad intelectual. Entre enero y agosto de este año, explicó el consejero, un total de 751 personas con diagnóstico de discapacidad intelectual han sido atendidas en la red de Salud Mental en Navarra, “lo que supone un 28% más que en el mismo periodo del año anterior”.
En esta línea, el consejero de Salud añadió que en Navarra tres de cada diez personas con discapacidad intelectual cuentan con un diagnóstico psiquiátrico, y seis de cada diez toma algún tipo de fármaco derivado de él. “Se trata de un colectivo con necesidades especiales, que requiere un abordaje específico, global y transversal”, explicó Domínguez.
Además, no olvidó recordar que los problemas de salud mental afectan también a su bienestar físico y emocional, "con consecuencias en su integración social, su capacidad para participar activamente en los diferentes ámbitos y, en general, en su calidad de vida", concluyó.
Asimismo, hizo hincapié en la importancia del papel que desempeñan las familias, cuidadores y responsables de las personas con discapacidad, un entorno que “también puede requerir atención, ya que sufren un impacto emocional relevante”. Así, Domínguez aseguró que “todos los apoyos que reciban, tanto los pacientes como su entorno, son esenciales para alcanzar una buena calidad de vida”.
Avances y retos
Por su parte, la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, destacó los progresos que se han conquistado en la Comunidad Foral en esta materia, como la Ley de Discapacidad. Esta normativa, continuó la consejera, ofrece una concepción de las personas con discapacidad de que, “con independencia de las competencias y de las limitaciones que tienen, pueden progresar si se les ofrece los apoyos pertinentes a sus necesidades”.
Para Maeztu, “la asunción del valor de la persona por encima de todo ha dado pie al reconocimiento de ser sujetos de derechos, entre ellos expresar sus propios deseos y opiniones, ser actores en la gestión de su vida o ser ciudadanos percibidos por sí mismos y por el resto como socialmente relevantes, respetados y valorados”.
Sin embargo, Maeztu reconoció que “queda todavía un gran camino por recorrer”, como evitar su exclusión de centros y servicios o su ingreso en instituciones psiquiátricas “por no haber otra alternativa”. En esta línea, la consejera mostró la preocupación de todo su departamento debido a que esta opción “ve bastante comprometida su autonomía y calidad de vida”.
En materia educativa, el consejero Carlos Gimeno puso en valor la Orden Foral llevada a cabo por su departamento en el terreno de la inclusión, que es “la mejor aportación que puede hacer. Es un compromiso de la Administración para que se establezcan todas las medidas necesarias para que estas personas con necesidades especiales en el sistema educativo tengan una respuesta ajustada”.
Esta norma, además, establece a ojos de Gimeno “que hay que reflexionar sobre las barreras en los sistemas educativos para detectarlas y abordarlas”. El consejero también destacó que “es la primera norma que conozco que introduce una metodología, que es el apoyo conductual positivo, y establece un principio de intenciones muy claro de cómo se deben afrontar estos casos”.
Un reto, en palabras de Gimeno, “para la Administración y para los y las profesionales que, si lo afrontamos y cumplimos con lo que se ha establecido, creo que puede ser una gran oportunidad”.
